Cada marzo se repite en Chile la misma escena: largas filas de autos frente a las plantas de revisión técnica, calles convertidas en estacionamientos improvisados y miles de personas perdiendo horas para cumplir con un trámite obligatorio antes de renovar su permiso de circulación. En los últimos años ha aparecido un fenómeno aún más grave: la normalización de la “movida”. Por alrededor de 40 mil pesos, basta para que un vehículo que no cumple con las normas salga aprobado, burlando todo el sistema. Cuando un procedimiento pensado para mejorar la seguridad y reducir la contaminación genera filas, pérdida de productividad e incluso mecanismos informales para eludir el control, queda claro que el problema no está en los conductores, sino en el propio sistema.
Una política pública solo se justifica cuando sus beneficios superan a sus costos. Si aplicáramos ese criterio al sistema de revisiones técnicas, la pregunta sería inevitable: ¿es realmente un buen proyecto para el país?
Desde el punto de vista privado, el negocio es extraordinariamente rentable para las plantas revisoras. El parque automotriz crece cada año y la demanda está asegurada por ley: el Estado obliga a los conductores a comprar el servicio. Los ingresos son diarios y prácticamente inmunes a los ciclos económicos. En la práctica, es un mercado cautivo, con demanda asegurada y riesgo mínimo.
Pero lo que es rentable para los concesionarios no necesariamente lo es para la sociedad. El sistema genera costos que recaen sobre todos y rara vez se consideran.
El primero es evidente: calles transformadas en estacionamientos de espera. Las filas ocupan pistas completas de circulación, generan congestión, aumentan los tiempos de desplazamiento y elevan el riesgo de accidentes. Infraestructura vial financiada con recursos públicos termina funcionando como sala de espera de un negocio privado.
A ello se suma el tiempo perdido por miles de personas que deben abandonar sus actividades laborales para cumplir con la obligación anual. Son horas de productividad que simplemente desaparecen de la economía.
También está el impacto ambiental: motores encendidos durante largos periodos para avanzar unos pocos metros, aceleraciones y frenadas constantes y concentraciones de vehículos en un mismo punto. Paradójicamente, un procedimiento destinado a controlar emisiones termina generando focos evidentes de contaminación.
Si se evaluara con seriedad el impacto del sistema, todos esos costos deberían incorporarse al cálculo de su rentabilidad social. Los múltiples efectos negativos —tiempo perdido, congestión, contaminación, riesgo de accidentes y elusión del control— muestran que el sistema podría mejorarse significativamente para entregar una verdadera rentabilidad social.
La “movida” no es la causa, sino el síntoma más visible de un problema mayor: un sistema que obliga a todos a hacer fila pero facilita que se pague para eludir el control, generando costos para todos mientras sus beneficios quedan en duda. Si se evaluara como proyecto, difícilmente cumpliría sus propios objetivos de seguridad, eficiencia o beneficio social.
Por Nassir Sapag, Director Magíster en Formulación y Evaluación de Proyectos, Universidad Autónoma de Chile
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