El gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, aseguró que no ha sido notificado oficialmente de la orden de arresto emitida en su contra por el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso, en el marco de una causa por prestaciones previsionales vinculada a un requerimiento de información sobre contratos con la inmobiliaria Costa de Montemar.
La autoridad afirmó que la existencia de la medida se conoció a través de los medios de comunicación y no mediante canales formales. “Esta es una información no oficial, trasciende en los medios de prensa, donde se señala que tengo una orden de arresto de tres días a propósito que no contestamos un requerimiento del juez Julio Fuentes (…) referido a un conflicto entre privados en el que nosotros no tenemos ni arte ni parte”, señaló.
Mundaca recalcó que hasta ahora no ha recibido notificación formal. “Primero, no fuimos notificados ni por RUT ni físicamente de esta orden de arresto; hasta el día de hoy no hemos sido notificados”, afirmó. Asimismo, agregó que fue informado de manera extraoficial que la orden habría sido anulada.
El gobernador también cuestionó la proporcionalidad de la medida y su difusión pública. “Parece completamente irracional, desproporcionado que a una autoridad electa democráticamente un juez dicte una orden de arresto de tres días porque no contestamos un requerimiento de su tribunal”, sostuvo, agregando que el objetivo habría sido “dañar mi honra y mi gestión al frente del Gobierno Regional”.
En esa línea, anunció acciones para esclarecer la divulgación de la resolución. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para saber quién filtró la información, porque aquí hay una filtración evidente de una resolución judicial que habla de un arresto a mi persona”, indicó.
Según explicó la autoridad regional, el requerimiento judicial buscaba determinar si el Gobierno Regional mantiene contratos o acreencias con diversas empresas inmobiliarias involucradas en un litigio laboral entre privados. “La notificación pedía que entregáramos información con respecto a los datos que tiene el Gobierno Regional con respecto a estas inmobiliarias y si el Gobierno Regional tenía algún tipo de acreencias con estas empresas”, precisó.
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