El Ciudadano
El Gobierno de Rodrigo Paz le cerró la puerta a veedores de derechos humanos, luego de que una misión internacional integrada por legisladores, dirigentes sindicales y activistas argentinos, que tenía como objetivo constatar las denuncias sobre violaciones a las garantías fundamentales y represión en Bolivia, fuera detenida y posteriormente deportara por autoridades migratorias en el aeropuerto de El Alto.
La delegación que incluía al diputado nacional Juan Marino (Unión por la Patria) y a la legisladora porteña Vanina Biasi (Frente de Izquierda), viajó bajo invitación oficial para participar en la Asamblea Plurinacional y e ingresó legalmente al país por Santa Cruz con todos los trámites en regla. La delegación.
Marino denunció que el procedimiento constituyó una «irregularidad» que incluyó tratos indebidos hacia la comitiva internacional. Relató que fueron confinados a la sala de inadmitidos sin que mediara comunicación formal de parte de los funcionarios bolivianos.
A través de sus redes sociales señaló que los agentes migratorios le sustrajeron su pasaporte diplomático oficial y que un inspector reconoció abiertamente que se había cometido una equivocación burocrática originada en los propios controles de Santa Cruz.
El parlamentario confirmó que el conflicto cobró inmediato carácter diplomático, con la intervención directa de la Embajada de Argentina.
Aun cuando se intentaron gestiones y canales de diálogo entre ambas naciones, el parlamentario señaló que la Cancillería boliviana dispuso de forma terminante la prohibición de ingreso de toda la representación al país suramericano, ratificando la retención y la consiguiente expulsión del territorio.
Según consignó TeleSUR, la exdiputada argentina Mercedes Trimarchi calificó la acción como una muestra directa de la actitud violenta y represiva del gobierno de Rodrigo Paz, responsabilizando al mandatario de derecha por la expulsión de los miembros de la comitiva. La activista subrayó que la delegación ya había completado todos los requisitos migratorios exigidos para ingresar a Bolivia.
Igualmente, hizo hincapié en que el fin primordial de la comitiva era, ante todo, exponer los graves atropellos contra los derechos humanos que se registran en Bolivia y reafirmó la solidaridad del grupo con las movilizaciones multisectoriales que se mantienen activas en las calles desde hace más de 40 días como parte de la rebelión popular que exige la renuncia de Paz.
El contexto de la expulsión se enmarca en un escenario de creciente tensión social, donde la Central Obrera Boliviana evalúa la posibilidad de aceptar la mediación de la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo para abrir una mesa de negociación directa con el Gobierno. Esta decisión surge tras la imposibilidad de realizar una Asamblea Nacional de dirigentes durante el fin de semana, y se produce en un momento donde las protestas y bloqueos de carreteras se mantienen ininterrumpidamente.
El medio citado reportó que el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja argentina, Germán Martínez, exigió a las autoridades consulares garantizar la libertad e integridad física del parlamentario, mientras que la denominada Misión Internacional de veedores de derechos humanos calificó la acción boliviana como un «proceder dictatorial». La organización advirtió que esta medida avasalla los derechos fundamentales de los pueblos a ser observados y fiscalizados, especialmente en un contexto donde las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos requieren de una supervisión internacional imparcial.
La entrada Rodrigo Paz cierra la puerta a veedores de DD.HH.: expulsa a misión que llegó a constatar denuncias de represión se publicó primero en El Ciudadano.
completa toda los campos para contáctarnos