El Ciudadano
En medio de la rebelión popular que se vive en Bolivia, Rodrigo Paz, pierde piso hasta en su sector político, ya que el diputado Carlos Alarcón, alineado con derecha y hasta ahora cercano al oficialismo, planteó la realización de un referéndum revocatorio extraordinario que incluya al mandatario, al vicepresidente y a la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La propuesta, compartida en redes sociales por el parlamentario, sacude los cimientos del Ejecutivo, justo cuando durante más de un mes se han mantenido en pie masivas movilizaciones multisectoriales y bloqueos de carreteras en nueve departamentos como medidas de presión para exigir la renuncia de Paz
La iniciativa de Alarcón plantea que si la mayoría vota por mantener a las autoridades, estas completarían su mandato hasta 2030; en caso contrario, se convocaría a nuevos comicios generales.
El “callejón sin salida” de la crisis en Bolivia
La rebelión popular estalló, luego de que en apenas 6 meses de gestión, las medidas impulsadas por Paz, que incluyen recortes, privatizaciones y un paquetazo de 10 leyes que favorecen a empresas transnacionales han encarecido las tarifas de los servicios básicos, afectando las condiciones de vida de la población.
El legislador calificó el actual escenario como un “callejón sin salida” y advirtió que la violencia no puede institucionalizarse como método de cambio de gobierno.
A la par, calificó de “estancado” el diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados que mantienen como principal exigencia la renuncia Rodrigo Paz, consignó Prensa Latina.
“La Asamblea no puede quedarse de brazos cruzados mientras la ciudadanía sufre el desabastecimiento y la paralización”, escribió en su cuenta de la red social X, en un mensaje que lanzó bencina al fuego en el debate abierto sobre una salida constitucional a la crisis.
Ley quita el freno al uso de militares en protestas
Recordó que Rodrigo Paz firmó la promulgación de la Ley 1732, una norma que barre con los requisitos que hasta ahora contenían la intervención castrense en conflictos sociales
La norma, publicada en la Gaceta Oficial, fue aprobada por más de dos tercios del Senado y el 66% de la Cámara de Diputados, incluido el propio Alarcón, le da cancha libre al mandatario de derecha para legitimar la represión a las masivas movilizaciones
La nueva ley deroga la anterior, 1341 de Estados de Excepción, que se encontraba vigente desde octubre de 2020, y que contenía dos frenos fundamentales. El primero: las Fuerzas Armadas solo podían salir a las calles cuando la capacidad de la Policía fuera claramente superada. El segundo: ni militares ni policías quedaban eximidos de responsabilidad penal por sus actos en situaciones de emergencia.
La normativa, nacida de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que documentó 37 muertes en las masacres de Senkata, Sacaba, Huayllani y el Pedregal tras el golpe de Estado de 2019 contra el expresidente Evo Morales. había sido un freno legal a los excesos de la fuerza pública. Ahora, con su abrogación, Paz se desprende de esa contención jurídica.
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