
El Gobierno de Ruanda ha tildado de "injustas" las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra altos cargos de su Ejército y las propias Fuerzas Armadas por su apoyo al grupo rebelde congoleño Movimiento 23 de Marzo (M23) y ha recalcado que la medida "distorsiona los hechos" sobre el conflicto en el este de República Democrática del Congo (RDC).
Así, ha manifestado que las sanciones "afectan injustamente a la única parte en el proceso de paz" y ha agregado que "los ataques consistentes e indiscriminados con drones y las ofensivas terrestres suponen violaciones claras de los acuerdos de alto el fuego por parte de RDC, costando numerosas vidas".
"Proteger nuestro país es una medalla de honor que las Fuerzas de Defensa de Ruanda (RDF) --nombre oficial del Ejército ruandés-- portan con mucho orgullo", ha dicho, al tiempo que ha reiterado que las tropas congoleñas están respaldadas por "mercenarios extranjeros" y "milicias étnicas extremistas respaldadas por el Estado", así como por las "genocidas" Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR).
En este sentido, ha recordado que "RDC se comprometió, en los Acuerdos de Washington, a poner fin de forma irreversible y verificable al apoyo estatal a las FDLR --fundadas por extremistas hutus huidos tras encabezar el genocidio de Ruanda en 1994-- y las milicias asociadas, pero no ha tomado ninguna medida al respecto".
"Ruanda está plenamente comprometida con la retirada de sus fuerzas, siempre y cuando RDC cumpla con sus obligaciones", ha destacado, antes de incidir en que Kigali aplaude las labores de supervisión del comité de vigilancia del alto el fuego y ha puntualizado que sigue "comprometido" con la aplicación de "todos los aspectos" pactados con Kinshasa en los Acuerdos de Washington.
Por contra, el Gobierno congoleño ha aplaudido la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a estas personas y ha destacado que "estas medidas suponen una señal clara en favor del respeto de la soberanía y la integridad territorial de RDC, la justicia y la puesta en marcha efectiva de los compromisos suscritos en el marco de los Acuerdos de Washington".
"Confirman la necesidad de que haya coherencia entre los compromisos diplomáticos y las realidades operativas sobre el terreno", ha dicho el Ministerio de Comunicación y Medios de RDC en un comunicado en redes sociales, donde ha ensalzado la "implicación constante, la determinación y el liderazgo" de Washington en los esfuerzos destinados a "restaurar la paz".
Por ello, ha animado a Estados Unidos a "continuar, con la constancia y sentido de responsabilidad que caracteriza su interacción, los esfuerzos acometidos en favor del respeto de los compromisos adoptados de cara a una paz duradera y definitiva en la región", antes de expresar su disposición a "actuar para un restablecimiento total de la paz, la seguridad y la autoridad del Estado en todo el territorio nacional".
LAS SANCIONES DE WASHINGTON
El Departamento del Tesoro estadounidense afirmó el lunes que las sanciones afectan a las RDF y a cuatro altos cargos militares por su "apoyo activo" al M23. "Las RDF apoyan, entrenan y combaten activamente junto al M23, un grupo armado sancionado por Estados Unidos y la ONU, responsable de abusos contra los Derechos Humanos y una crisis de desplazamiento masivo en RDC", dijo.
En este sentido, el departamento encabezado por Scott Bessent subrayó que "las RDF ha apoyado al M23 en la toma de territorio en el este de RDC, incluyendo las capitales provinciales de Goma y Bukavu, así como enclaves mineros estratégicos en la zona". "Las ofensivas del M23 no habrían sido posibles sin el apoyo activo y la complicidad de las RDF y altos mandos clave", destacó.
De esta forma, especificó que los sancionados son el jefe del Estado Mayor de las RSF, Vincent Nyakarundi; el comandante de la 5º División de Infantería, Ruki Karusisi; el jefe del Estado de la Defensa, Mubarakh Muganga; y el comandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas ruandesas, Stanislas Gashugi.
Las sanciones fueron adoptadas días después de que el M23 acusara al Ejército congoleño de lanzar una ofensiva a gran escala en el este de RDC y denunciara que suponía una violación del acuerdo de alto el fuego, después de que el grupo rebelde anunciara el 18 de enero la retirada de todas sus fuerzas de Uvira, ciudad que tomó el año pasado, en el marco de sus ataques desde finales de 2024.
El grupo rebelde --integrado principalmente por tutsis congoleños y respaldado por Kigali-- se hizo en 2025 con el control de gran parte de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, incluidas sus respectivas capitales, Goma y Bukavu, en medio de una ofensiva que elevó las tensiones entre Kinshasa y Kigali y dio pie posteriormente a un proceso de negociaciones para evitar la expansión del conflicto en la región.
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