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La directora de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Amelia Pérez, lanzó una fuerte denuncia sobre la existencia de presuntas redes irregulares dentro y alrededor de la entidad, dedicadas a ocultar bienes y ofrecerlos por fuera de los canales oficiales. Las declaraciones fueron entregadas desde Barranquilla, durante la rendición de cuentas de Activos por Colombia.

Según la funcionaria, al llegar a la entidad encontró un inventario de bienes que no era conocido públicamente y que, al parecer, estaba siendo usado por grupos interesados en comercializar predios al margen de la SAE. Pérez afirmó que esas operaciones buscaban apropiarse de recursos que deberían llegar al Estado y a las víctimas.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, la directora aseguró que había bienes escondidos y redes que actuaban como una especie de estructura paralela para vender o desaparecer activos administrados por la entidad.

“Es evidente que había un inventario escondido, un inventario que nadie conocía, solo aquellas mafias que pretendían comprarlo, venderlo, desaparecer los bienes, como se estaba haciendo por todo el país”, declaró Pérez.

“Había, y hay todavía, SAE paralelas”

La funcionaria fue más allá y aseguró que todavía existen estructuras que se presentan como si fueran intermediarias autorizadas de la entidad. Según dijo, esas redes estarían ofreciendo bienes de la SAE sin seguir los procedimientos institucionales.

“Había, y hay todavía, SAE paralelas que estaban ofreciendo los bienes de la SAE”, afirmó. También explicó que el objetivo de la administración es publicar todos los bienes disponibles para cerrar espacios a posibles maniobras ilegales.

Pérez señaló que la transparencia en la publicación de los activos busca evitar que terceros usen información privilegiada para presionar, chantajear o engañar a ciudadanos interesados en estos bienes. “La idea es que queden todos publicados y que se evite la forma como algunos buscan extorsionar, chantajear y demás a las personas”, agregó.

La directora indicó que la SAE administra cerca de 38.000 bienes, sin incluir algunos activos vinculados a la plataforma y otros que, según afirmó, no estaban debidamente inventariados. Por esa razón, aseguró que todas las pruebas fueron entregadas a la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá avanzar en las investigaciones correspondientes.

Pérez evitó revelar detalles adicionales sobre los documentos y evidencias, argumentando que ya están en poder del ente investigador. Sin embargo, sostuvo que la situación detectada muestra la necesidad de fortalecer los controles internos y cerrar cualquier posibilidad de comercialización irregular.

Ataque a sistemas y ventas por fuera

La directora de la SAE también se refirió al ataque a los sistemas de la entidad y aseguró que, durante ese episodio, las supuestas estructuras paralelas continuaron intentando vender inmuebles por fuera.

“Cuando nos hicieron ese ataque a los sistemas de la SAE, denunciamos de inmediato y esperamos a que llegaran para recuperar todas las piezas procesales correspondientes”, explicó.

Pérez dijo que la información no estaba en manos de Activos por Colombia, lo que, según ella, evitó un daño mayor. “Gracias a Dios la información no la tenía Activos por Colombia, porque imagínense ustedes cómo habría sido el daño”, señaló.

La funcionaria agregó que, mientras se presentaba el problema tecnológico, tuvieron conocimiento de que esas redes seguían comercializando bienes. “Nos dimos a la tarea de establecer qué bienes pretendían vender para denunciar y exigir que la Fiscalía interviniera para frenar esta situación”, manifestó.

Sobre Activos por Colombia, la inmobiliaria de la SAE, Pérez defendió su creación y sostuvo que era necesaria para tener mayor control sobre los bienes en extinción de dominio. Según dijo, no se trata solo de comercializar activos, sino de garantizar que los recursos ingresen al fisco y que algunos bienes puedan beneficiar a las víctimas del conflicto.

La directora también afirmó que el Fondo de Reparación comenzará a trabajar con Activos por Colombia, una articulación que consideró importante y necesaria. Para Pérez, la depuración del inventario, la publicación de bienes y la intervención de la Fiscalía serán claves para frenar las presuntas redes que, según denunció, buscaban lucrarse con activos administrados por el Estado.