El programa presidencial de José Antonio Kast impugnó con dureza el Sistema de Admisión Escolar (SAE), acusándolo de neutralizar el mérito y sustituir el esfuerzo familiar por criterios ideológicos. Bajo esta premisa, la presentación de un proyecto de ley que consagra su extinción no es sorpresa.
Existe consenso en que las falencias del SAE transitaban entre lo simbólico y lo técnico. En la primera dimensión, el sistema quedó indexado a la metáfora del exministro Nicolás Eyzaguirre sobre “quitar los patines” —en simple, nivelar hacia abajo—, mientras que la opinión pública consolidó la percepción de que la asignación operaba mediante una “tómbola”, reduciendo las trayectorias educativas a una contingencia de fortuna.
La arista técnica del conflicto tuvo su hito en el debate presupuestario 2025. Ante la medida de los diputados de suspender el sistema por un año, se forzó un acuerdo entre el Ejecutivo y el Senado. Este mandató la creación de una Mesa Técnica para evaluar el SAE —instancia en la que participó la ministra Arzola por LyD— y no implementar la admisión aleatoria en 2026.
Hay convergencia entre la Mesa Técnica y el proyecto sobre las deficiencias del SAE: ambos constatan su fracaso ante la segregación socioeconómica y denuncian que la mera fortuna transforma la dedicación de las familias en una lotería. Sin embargo, suelen omitirse las siete virtudes identificadas por los expertos, como la estandarización de criterios que eliminó las barreras de acceso para niños con necesidades educativas especiales y fijó un procedimiento objetivo y transparente. No todo fue retroceso.
El divorcio sustantivo entre ambos textos ocurre al nivel de las soluciones. Mientras la Mesa abogó por realizar microcirugías, el proyecto de ley propone un giro refundacional. A modo de ejemplo, la Mesa sugiere concentrar la selección por mérito en un número acotado de “Liceos de Alta Exigencia”, basándose en el ranking de notas y descartando pruebas escritas. En contraste, el proyecto busca universalizar la facultad de seleccionar a cualquier colegio sobredemandado e introduce de forma velada la rendición de exámenes, omitiendo las advertencias sobre salud mental y la mercantilización de la preparación.
La propuesta suma otras dos brechas. Primero, en cuotas de vulnerabilidad, donde la Mesa exigió un mínimo del 40% de alumnos prioritarios en liceos selectivos; pero el proyecto reduce dicho piso al 20%. Segundo, en sobrecupos, donde la Mesa recomendó vacantes excepcionales para casos críticos, pero la iniciativa legal otorga una cuota discrecional de hasta el 5% a libre arbitrio de la dirección del establecimiento.
El debate del SAE ilustra una paradoja regulatoria: la evidencia experta se instrumentaliza para validar un diagnóstico, pero se descarta al diseñar la solución. No se trata de caer en el “cesarismo tecnocrático” de aplaudir todo lo que dicen los expertos, pero, si se pretende “desideologizar” la política educativa, al menos se debería tener coherencia y atender a la evidencia empírica.
Por Cristóbal Osorio, Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile
🔥 Ver noticia completa en LaTercera.com 🔥
