El Ciudadano
El gobierno de José Antonio Kast firmó este lunes las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, una de sus principales banderas en materia laboral, aunque el anuncio llegó acompañado de una polémica fórmula de financiamiento que implica un recorte a los aportes que los empleadores para el desempleo.
Según el mandatario de ultraderecha esta iniciativa busca extender el beneficio a todas las trabajadoras del país, mediante un sistema de implementación gradual. Sin embargo, el mecanismo elegido para costear la ampliación —una cotización adicional de 0,35% de cargo del empleador que será compensada con una rebaja equivalente en los aportes que hoy van al Seguro de Cesantía— ha generado interrogantes sobre el verdadero impacto de la medida en la red de protección social.
En términos concretos, se aplicarán dos recortes por un lado, el porcentaje que va a las cuentas individuales del Seguro de Cesantía bajará del 2,4% al 2,2% (una reducción de 0,2 puntos); por otro, el aporte al Fondo Solidario disminuirá del 0,8% al 0,65%, lo que implica una caída de 0,15 puntos porcentuales, consignó Diario Financiero.
Para los independientes, este pago se realizaría del mismo modo que el resto de las cotizaciones a la Seguridad Social.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió la decisión asegurando que «no va a haber un encarecimiento de costos laborales, no hay impuesto al trabajo», y respaldó la medida con proyecciones de la Superintendencia de Pensiones que indican que esta redistribución de recursos «no compromete la sostenibilidad de largo plazo del sistema de cesantía».
Además de la cotización, las indicaciones contemplan un aporte fiscal de 11.631 UTM, equivalente a cerca de $10 mil millones, durante los dos primeros años siguientes a la publicación de la ley, junto con una garantía estatal explícita que establece que, si los recursos del fondo resultan insuficientes, la diferencia será cubierta por el Fisco.
Según el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres),el Fondo de Sala Cuna recaudaría cerca de $268 mil millones durante su primer año de operación gracias a la nueva cotización del 0,35% compensada con el recorte de los aportes al desempleo, mientras que los gastos asociados al financiamiento de salas cuna privadas alcanzarían cerca de $28 mil millones en el mismo período.
Implementación gradual
El calendario de aplicación de esta medida se ha diseñado para ejecutarse de manera escalonada a lo largo de cuatro años.
En el arranque, el primer año, el beneficio cobijará a los hijos de asalariadas amparadas por el Código del Trabajo, abarcando también a aquellas que prestan servicios en pymes con menos de 20 empleadas —un grupo que, hasta ahora, permanece al margen de este derecho.
Al segundo año, se ampliará la cobertura a los hijos de trabajadoras autónomas y de empleadas domésticas. El tercer año extenderá la protección a los hijos de padres con vínculo laboral, en aquellos casos donde la madre, aunque no tenga un empleo, está activamente en búsqueda de trabajo o cursando estudios. Finalmente, durante el cuarto año, se completará la implementación al integrar a los hijos de padres trabajadores cuyas madres que no desarrollan ninguna actividad laboral, académica ni de búsqueda de empleo, así como a los padres que se desempeñan en el ámbito del sector público.
Modelo felixible para las empresas
De acuerdo con la iniciativa, habrá flexibilización para las empresas, ya que si no existe una sala cuna disponible en la zona, el empleador no tendrá la poblugación de construir o proveer una.
Asimismo, no estarán obligados a realizar un copago extra para que los trabajadores accedan al beneficio.
El gobierno estima que durante el primer año accederán al beneficio poco más de 15 mil niños y niñas, cifra que aumentaría gradualmente hasta superar los 67 mil beneficiarios al cuarto año de implementación.
El proyecto también contempla la creación de una Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad para evaluar permanentemente la viabilidad del sistema, además de mecanismos de fiscalización y control a cargo de la Superintendencia de Pensiones. Para efectos de las proyecciones, la Dipres asumió un aporte promedio mensual de 5,2 UTM por niño o niña beneficiario (unos $371.831), aunque el monto definitivo será determinado posteriormente por la comisión técnica.
Según La Moneda, el costo fiscal total de la iniciativa alcanzará $11.044 millones durante el primer año de implementación, y posteriormente se ubicará en torno a $6.176 millones anuales, reportó Diario Financiero.
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