Tras años de trámite legislativo, el proyecto de Sala Cuna Universal retoma su discusión, entrando en una etapa decisiva. Se trata de una iniciativa largamente esperada y que forma parte de un conjunto de medidas que buscan enfrentar uno de los principales desafíos del mercado laboral chileno, que es aumentar la participación femenina.
Sin embargo, detrás de las modificaciones al Código del Trabajo y de la creación de un Fondo de Sala Cuna existe una dimensión que pocas veces ha estado en el centro del debate público: la sala cuna también tiene un aspecto educacional. Y esa discusión resulta especialmente necesaria considerando el momento que atraviesa hoy la educación parvularia en Chile.
Las cifras muestran un escenario preocupante. Desde 2019, la matrícula en este nivel ha disminuido cerca de un 17% y la cobertura en sala cuna continúa siendo baja: tres de cada cuatro niños en edad de asistir no lo hacen. Entre las familias que no utilizan estos establecimientos, una de las principales razones es que consideran que la educación parvularia no es necesaria a esa edad. El desafío, por tanto, no consiste únicamente en aumentar la oferta, sino también en recuperar su la valoración social.
La evidencia ha demostrado consistentemente que la educación parvularia tiene efectos positivos sobre el desarrollo cognitivo, socioemocional y del lenguaje, especialmente durante los primeros años de vida y en contextos socioeconómicos más vulnerables. Asimismo, favorece mejores trayectorias educativas y constituye una de las herramientas más eficaces para disminuir brechas de aprendizaje desde la primera infancia. Por ello, ampliar el acceso a sala cuna no solo facilita la incorporación de más mujeres al mercado laboral, sino que también entrega mayores oportunidades de desarrollo a miles de niños en una etapa decisiva de sus vidas.
Desde esa perspectiva, el proyecto incorpora avances relevantes.
Uno de ellos es la creación de un Registro Público de Salas Cunas, que permitirá contar con información sistematizada sobre la oferta disponible, la ubicación de los establecimientos y sus vacantes. Disponer de esto facilitará la decisión de las familias y permitirá diseñar políticas públicas mejor focalizadas.
Otro avance importante es que los establecimientos con autorización de funcionamiento puedan incorporarse al registro y acceder al financiamiento del Fondo. Esta decisión evita excluir una parte importante de la oferta certificada existente: en la Región Metropolitana representan cerca del 40% de las salas cuna y, en regiones como Magallanes y Antofagasta, aproximadamente uno de cada tres establecimientos funciona bajo esta modalidad.
También resulta positiva la reintroducción del copago. Este mecanismo resguarda la libertad de las familias para elegir entre distintos proyectos educativos y evita restringir el acceso únicamente a establecimientos cuyo arancel coincida exactamente con el aporte financiado por el Fondo. Por ello, la asignación debe reflejar adecuadamente los costos reales de proveer educación parvularia de calidad. En este sentido, el fortalecimiento de la Comisión Técnica y la incorporación de estándares de calidad para determinar el aporte constituyen avances importantes. Con todo, aún parecen necesarios algunos ajustes. Además de considerar diferencias territoriales, el sistema debiera sumar un factor de vulnerabilidad que permita focalizar los recursos y reconocer tanto los desafíos asociados a la atención de niños en contextos más vulnerables como la distinta capacidad que tienen las familias para complementar mediante copago.
Esta discusión abre una oportunidad para revisar los aportes que actualmente reciben los establecimientos que ya cuentan con financiamiento estatal. No resulta razonable que existan diferencias significativas entre el monto técnico que determine la Comisión y los recursos que hoy reciben las salas cunas financiadas por el Estado, como sucedería con jardines VTF.
El proyecto de Sala Cuna Universal representa, sin duda, un avance importante. Permite abrir la puerta para que Chile ponga realmente a la educación parvularia como su prioridad. De todas formas, si queremos que la primera infancia ocupe el lugar que merece dentro de las políticas públicas, la discusión no puede detenerse solamente en el tramo de sala cuna, sino que debe abarcar todo el ciclo educativo, incorporando a los niveles medios. Si esta reforma logra instalar esa conversación, habrá contribuido a mucho más que modificar un beneficio laboral.
Por Francisca Espinoza, Directora de Estudios Acción Educar
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