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Madrid, 20 feb (EFE).- Los salarios bajos y las dificultades para acceder a la vivienda son dos factores específicos de España que determinan la desigualdad económica y acrecientan el riesgo de exclusión social, más allá de factores estructurales comunes a nivel global como el origen social y la concentración de la riqueza.

Expertos del mundo académico han debatido este viernes en la jornada "Desigualdad. Es hora de actuar" promovida por el Gobierno, en un conversatorio moderado por la ministra de Inclusión, Elma Saiz.

El investigador de la Fundación Foessa, Raúl Flores, ha señalado que hay un 14 % de hogares (2,7 millones de hogares) que a principios de mes se quedan con unos ingresos bajo el umbral de la pobreza severa una vez pagado el alquiler y los suministros básicos.

Asimismo, ha subrayado que los riesgos de exclusión social se multiplican por 2,5 veces para la población inmigrante, para la que juega un papel crucial el no verse en situación de irregularidad, "un rasgo legal, no personal" que determinada cuestiones básicas como el acceso al empleo formal, a la atención sanitaria o al reconocimiento social.

A estos aspectos, la profesora de Sociología de la Universidad Complutense Olga Salido ha sumado el género, ya que la vulnerabilidad se triplica para las mujeres, un aspecto en el que se ha avanzado mucho en el plano legal, pero con una estructura arraigada de desigualdades en ámbitos como el educativo o el laboral.

Para el catedrático de Economía Aplicada de la UNED Luis Ayala, el aumento del gasto social es clave para atajar los factores estructurales que causan la desigualdad y ha abogado por medidas como reforzar la negociación colectiva para que haya mejores salarios o implementar ayudas directas a algunos colectivos, como complementos salariales para los más jóvenes.

Para la profesora Olga Salido las políticas públicas más eficaces son aquellas que apoyan a las familias vulnerables y hacen un seguimiento de los niños desde la primera infancia para neutralizar la desigualdad en el origen.

En este sentido el investigador Raúl Flores ha defendido la puesta en marcha de una prestación universal a la crianza, que con un gasto de 19.000 millones permitiría llegar a 8 millones de niños con un impacto muy superior al que en la actualidad tiene el ingreso mínimo vital (IMV). EFE