Salmonera canadiense amenaza con irse de Chile tras “cambio de criterio” que mantiene paralizadas sus siembras en Aysén

La salmonera candiense Cooke Aquaculture está perdiendo la paciencia y evalúa retirar sus operaciones de Chile. Así lo manifestó David Cademartori, abogado de la firma, en el marco de una audiencia realizada este martes ante el Tercer Tribunal Ambiental, por la reclamación de la empresa presentada en contra de la decisión de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que significó un nuevo revés en su afán por reactivar la producción de los centros de cultivos ubicados en Aysén.

El caso se remonta a la decisión de la entidad fiscalizadora de detener parcialmente el funcionamiento del Centro de Engorda Huillines 3 (CES Huillines 3), ubicado en el estero Cupquelán, en pleno Parque Nacional Laguna San Rafael, Región de Aysén. La medida fue solicitada a través de una llamada telefónica realizada este martes 1 de abril por la abogada de la SMA, Katharina Buschman, quien se contactó con el ministro del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, Carlos Valdovinos, para solicitarle que se dictara una autorización judicial de paralización de siembra. La acción se sustentó en artículo 48 de la ley que crea la SMA, y que permite obtener autorizaciones de parte de los tribunales ambientales “por la vía más expedita posible, incluida la telefónica, de alguno de sus ministros”.

Así, la medida fue acogida por el ente jurisdiccional, aprobando la medida provisional por un plazo de 30 días, afectando especialmente “la inminente siembra de ejemplares de salmón del atlántico”, se lee en la resolución del tribunal, pese a que el traslado al CES Huillines 3 de las ovas contaba con la autorización por parte del Servicio Nacional de Pesca.

En su justificación, la SMA advertía que la siembra de salmones “puede generar una liberación de desechos de la actividad productiva, compuesto por alimento no consumido y heces, provocando efectos ambientales nocivos en el fondo marino”, buscando así “evitar daño inminente al medio ambiente”.

El enfrentamiento entre la SMA y Cooke viene desde abril de 2021, cuando la entidad formuló cargos e inició un procedimiento sancionatorio, el que se mantiene aún en curso. En dicho frente, el fiscalizador estimó que la firma incurrió en nueve infracciones -cuatro leves y cinco graves- y desde entonces mantiene paralizadas las operaciones de la firma en tres locaciones: Huillines 2, Huillines 3 y Punta Garrao.

“Aquí está en juego el Estado de Derecho”

Sin embargo, en la audiencia de reclamación por la más reciente de las paralizaciones, el abogado de la firma fue tajante a la hora de rechazar la medida: “Quiero ser provocativo con lo que les toca resolver hoy: aquí está en juego el Estado de Derecho, que le ha fallado a Cooke, ilustrísimo tribunal”, comenzó diciendo Cademartori, resaltando que la firma es “un inversionista extranjero que confió en la estabilidad y robustez de las instituciones nacionales, el apego de organismos administrativos como la Superintendencia a la Ley, y al Estado de Derecho”.

En su argumentación, el abogado planteó que la SMA “creó un supuesto, dice que Cooke se encuentra al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que debió haber ingresado a este sistema por efectos de lo que, en su opinión, es un cambio de criterio de relevancia en lo que ha desarrollado toda su actividad económica”, pero que la firma mantiene desde 1997 la misma actividad.

“¿Cómo voy a explicar esto a inversionista extranjero, a sus abogados y a sus mandantes, de que en el Estado de Chile lamentablemente se está dando una interpretación contraria a la Ley, que no tiene ningún sustento en el ordenamiento jurídico?”, se lamentó.

En su exposición, Cademartori reconoció que la firma se negó a realizar una medida probatoria de modelación y dispersión de contaminación, solicitada por la SMA, aduciendo que “se nos exigía incurrir a nosotros, una empresa que nos tienen paralizados hace más de cuatro años, que estamos perdiendo día a día inversión, en un costo para dejar tranquila a la SMA de que aquí no había daño ambiental”.

Agregó graficando el daño económico que se produce por la paralización de las siembras. “Cada vez que vamos a entrar a sembrar un centro, se invierten al menos US$5 millones. Hay que pagar la jaula, pagar personal, hay que comprar los peces, todo eso tiene un costo”, indicó.

En sus palabras de cierre, Cademartori indicó: “Lo único que le pedimos Tribunal es clemencia, auxilio, porque la actividad económica se está desarrollando a pérdida, está en riesgo más de la mitad de los puestos de trabajo de Cooke, y se está arriesgando ilustrísimo tribunal, a que un inversionista serio, de origen canadiense, se retire del país porque no se respetan las normas legales que regulan su actividad económica”.

Por su parte, a través de un comunicado de prensa, el gerente general de Cooke Chile, Andrés Parodi, indicó que “lo ocurrido esta semana es una prueba de que, al menos en materia acuícola, en Chile no existe certeza jurídica. Trabajamos por meses para obtener los permisos y con un simple llamado telefónico la SMA es capaz de paralizar dos centros de cultivo, lo que tiene un efecto devastador en la sustentabilidad y el empleo en estas unidades productivas”.

El ejecutivo precisó que “hace algunas semanas, mediante un oficio firmado personalmente por el Subsecretario de Pesca, Julio Salas, el Estado de Chile nos confirmó que Cooke tenía razón en cuanto a las cantidades que podía sembrar, desvirtuando la posición de la SMA. A pesar de ello, en un acto verdaderamente abusivo, esta última entidad insiste en pasar por encima y desconocer las facultades de los organismos acuícolas especializados”.

Finalmente, Parodi agregó que “tenemos la voluntad firme y decidida de seguir trabajando en Chile, porque confiamos en que finalmente se hará justicia y se respetará la ley y el aporte al país del sector acuícola, que es la actividad económica principal en vastas regiones del sur de Chile”.