El Ciudadano
Por Luis Antonio Arriagada Vallejos
Este sábado 11 de julio se conmemora un hito fundamental en nuestra historia económica, política y social: se cumplen 55 años desde que el Presidente Salvador Allende Gossens, contando con el respaldo unánime del Congreso Nacional, promulgara la nacionalización de la gran minería del cobre. Vaya en estas líneas un reconocimiento imperecedero a un líder consecuente, de profunda vocación popular, quien con justa razón bautizó esta gesta histórica como la «Segunda Independencia de Chile«. Al nacionalizar el metal rojo, Allende consagró un principio ético y soberano indiscutible: las riquezas básicas de la nación pertenecen a su pueblo y deben estar estrictamente al servicio de su bienestar, salud, educación y desarrollo.
El camino recorrido desde aquel histórico 1971 hasta nuestros días demuestra el valor estratégico e institucional de esa decisión. Codelco no solo se convirtió en el principal productor de cobre del planeta, sino que ha sido el sostén financiero del Estado, permitiendo la construcción de escuelas, hospitales, viviendas sociales e infraestructura pública a lo largo y ancho de nuestra geografía. En una senda parecida de justicia distributiva, el gobierno del Presidente Gabriel Boric logró promulgar la Ley de Royalty Minero, una herramienta descentralizadora gracias a la cual hoy ingresan recursos frescos directamente a las arcas de la totalidad de las municipalidades del país y a los gobiernos regionales, permitiendo mitigar en parte las brechas territoriales.
Sin embargo, este año estamos en un escenario de involución política promovida por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, cuyo relato económico de corte ultra-liberal se empeña en minar la legitimidad, el prestigio y la autonomía de nuestras empresas estatales. Las agresivas críticas emanadas desde el Ministerio de Minería, que no ha dudado en tildar a la cuprífera estatal de estar «fuera de control» tras lógicos ajustes técnicos de producción, sumadas al descabezamiento de su directiva histórica y a la abierta imposición de visiones privatizadoras, no son hechos aislados. Responde a una estrategia para debilitar el rol regulador y productivo del Estado, pavimentando el camino para devaluar el control público de nuestros recursos soberanos.
Por ello, la defensa de Codelco hoy no es un mero ejercicio de memoria histórica; es un imperativo de soberanía económica cuando el planeta avanza hacia una «nueva minería», intensiva en minerales críticos como el litio y las denominadas tierras raras. En este nuevo mapa geopolítico, el desafío ya no está confinado solo a las desérticas y lejanas latitudes del Norte Grande, sino que toca directamente las puertas de nuestra zona centro-sur y, de manera muy particular, de la Región de Ñuble.
La reciente aprobación ambiental de proyectos de tierras raras en la vecina Región del Biobío y el avance silencioso de prospecciones mineras en el secano de nuestra región deben encender las alarmas de toda la comunidad. No podemos permitir que, bajo la loable promesa de la descarbonización del planeta, las corporaciones repliquen el viejo modelo extractivista colonial que tanta postergación le ha causado a Chile: aquel donde las transnacionales extraen el recurso bruto, destruyen los ecosistemas locales, precarizan los territorios y exportan el valor acumulado, dejando en las regiones solo pasivos ambientales y empleos temporales de baja calificación.
El sofisticado discurso corporativo de la «minería verde» y los «minerales para el futuro» oculta una soberanía de fachada.
Cobquecura, con su tremendo valor patrimonial, su rica biodiversidad marina y su vocación histórica ligada a la agricultura familiar campesina y al turismo sustentable, no puede convertirse en la nueva zona de sacrificio de un extractivismo ciego, respaldado por el dogma de la libre iniciativa a ultranza del actual ejecutivo nacional.
Al revisar las bases de datos oficiales de Sernageomin, la realidad de este desembarco minero en Ñuble es categórica: ya existen 66 concesiones mineras vigentes de tierras raras (arcillas de adsorción iónica) que golpean directamente al corazón de nuestro secano, acumulando 10.800 hectáreas en Cobquecura, 6.700 en Coelemu y 2.100 en Quillón. A esto se suma una agresiva ofensiva de exploraciones durante el primer semestre de este 2026, la cual avanza peligrosamente tras el cerro Coiquén, abarcando comunas como Ninhue y Quirihue, y expandiéndose hacia zonas de altísima sensibilidad ambiental y paisajística colindantes a Buchupureo.
El sofisticado discurso corporativo de la «minería verde» y los «minerales para el futuro» oculta una soberanía de fachada. Detrás de sociedades nacionales como NeoRe SpA, opera un entramado financiero internacional que traspasa derechos de opción de compra a la canadiense Chilean Cobalt Corp., y donde el gigante multinacional suizo Glencore ya toma posiciones estratégicas. Es la misma historia de siempre: las transnacionales se apropian de la riqueza, las decisiones estratégicas se toman en directorios extranjeros y a los territorios locales nos imponen los pasivos ambientales, la fragmentación de los ecosistemas, la amenaza inminente sobre las cuencas hidrográficas y napas subterráneas, a cambio de migajas económicas.
En el caso específico de Cobquecura, el registro de patentes mineras arroja el pago de apenas 18 millones de pesos por patentes de exploración de pertenencias. Esto representa la definición exacta de «pan para hoy y hambre para mañana». Es un ingreso municipal marginal que no compensa el riesgo de alteración la identidad turística y agroecológica de la Provincia del Itata.
A 55 años de la histórica nacionalización del cobre, la lección que nos heredó el Presidente Salvador Allende sigue estando plenamente vigente y con más fuerza que nunca: los recursos estratégicos de Chile, sean el cobre, el litio o las arcillas con tierras raras de nuestro subsuelo, deben pertenecer genuinamente a la nación y ser gestionados bajo un férreo control soberano. Su explotación debe agregar valor en el territorio, reinvertir sus ganancias en las regiones y, por sobre todas las cosas, subordinarse rigurosamente al cuidado ambiental y la autodeterminación de las comunidades que los albergan. Es el momento de defender con convicción a Codelco, de proteger el patrimonio natural de Ñuble y de asegurar que la riqueza de nuestra tierra sea para nuestra gente y no para engordar el capital transnacional que se marcha al extranjero. El secano de Ñuble no se toca; la dignidad de nuestro territorio se defiende.
Por Luis Antonio Arriagada Vallejos
Médico Veterinario| Magíster en Gestión Ambiental| Diplomado en Desarrollo Económico Local.
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