El Ciudadano
Por Constanza Lizana
En 2019, en el contexto del estallido social, muchas familias sanantoninas en búsqueda de oportunidades de casa comenzaron comenzaron a limpiar un terreno y a levantar las primeras viviendas en el sector de Bellavista. Así se fue forjando la toma más grande de Chile, la toma de San Antonio.
Durante la pandemia, esa ocupación se expandió y se consolidó. Hoy, más de diez mil personas habitan ese lugar, el que cuenta con calles amplias, plazas y espacios comunitarios.
No se trata de un hecho aislado, la región de Valparaíso concentra la mayor cantidad de campamentos de Chile, siendo el reflejo más nítido de un país donde el acceso a la vivienda dejó de ser una posibilidad real, ya no sólo para los denominados “más vulnerables”, sino para amplios sectores de la población.
Exclusión habitacional estructural
Según el catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, casi el 65,5 % de los hogares de la toma se encuentra en situación de alta vulnerabilidad social, y el 95 % de sus habitantes no posee una segunda vivienda. Estos datos desarman el relato de abuso o aprovechamiento: aquí no hay especulación individual, hay exclusión estructural.
La mayoría de las familias está en edad laboral activa, pero quedó fuera del sistema formal de acceso a la vivienda: sin capacidad de ahorro, sin acceso a crédito hipotecario y, muchas veces, sin posibilidades reales de acceder a subsidios. No es falta de esfuerzo; es un sistema que supone que todos pueden endeudarse, aunque millones no puedan hacerlo.
Vivienda y suelo: cuando el derecho se vuelve privilegio
Durante la última década, el valor de la vivienda en Chile ha aumentado muy por sobre los salarios. El Índice de Acceso a la Vivienda (PIR) muestra que hoy una familia promedio necesita 11,4 años de ingresos para comprar una vivienda; hace diez años requería 7,6.
La Encuesta CASEN 2022 confirma esta presión: un 13,7 % de los hogares destina más del 30 % de su ingreso a gastos de vivienda, señal inequívoca de sobrecarga habitacional.
El problema se agrava con el alza sostenida del valor del suelo urbano, cada vez más concentrado y tratado como activo financiero. El boletín Voces del CEP N°24 (enero 2026) indica que entre 2010 y 2025 el precio de la vivienda creció cerca de un 110 %, mientras que las remuneraciones solo lo hicieron en torno al 34 %. El resultado no es sorpresa: las ciudades son cada vez más caras, excluyentes y segregadas.
Cuando el suelo y la vivienda se transforman en bienes de inversión antes que bienes esenciales para la vida, el acceso deja de ser un derecho y pasa a ser un privilegio.
Suelo disponible, pero retenido
El terreno donde hoy se emplaza la toma pertenece a una inmobiliaria que lo mantuvo sin uso y sin proyectos por más de 30 años, pese a tener destino habitacional y estar dentro del radio urbano. Es más, tributó durante años como suelo agrícola. Se trata de 14 hectáreas de terreno, bien ubicadas y conectadas, capaces de responder a una parte significativa del déficit de la comuna.
Esto NO es una excepción. En San Antonio —como en muchas ciudades del país— el suelo urbano está altamente concentrado en manos de pocos, retenido por años sin cumplir su función social, a la espera de mayor rentabilidad futura. Esa especulación encarece la ciudad y expulsa a las familias.
El Estado, por acción u omisión, permitió que el suelo se transformara en capital inmóvil, olvidando que el suelo urbano tiene función social.
El desalojo: una respuesta que agrava el problema
Plantear el desalojo como solución no solo es ineficaz: es una forma de ocultar el fracaso de la política habitacional y de suelo, endosando ese peso hoy a miles de familias. El desalojo no reduce el déficit, no restituye derechos ni resuelve el conflicto, ni resuelve condiciones de vida en la ciudad; solo desplaza la precariedad, rompe comunidades y multiplica los costos sociales.
Más grave aún es que hoy se invoquen argumentos como delincuencia o narcotráfico, cuando el Estado estuvo ausente cuando la toma se instaló, cuando creció y cuando se consolidó. Esa ausencia —de control, planificación, de suelo disponible, de oferta habitacional— es responsable directa de muchas de las problemáticas que hoy se utilizan como justificación para intervenir con fuerza.
Responder con violencia institucional frente a una necesidad estructural creada por el propio sistema no solo profundiza la injusticia: normaliza la exclusión como política pública. No se puede abandonar un territorio durante años y luego reaparecer únicamente con órdenes judiciales y fuerza policial.
La obligación del Estado no es desalojar sin alternativa, sino reubicar, planificar y reasignar, utilizando suelo disponible —expropiado y no expropiado— y herramientas legales existentes para ofrecer soluciones habitacionales reales y seguras.
Historia repetida
Las tomas no son nuevas. Tras la crisis de 1982, numerosos barrios del país surgieron de ocupaciones similares. De esa experiencia nació la Ley 18.138, que permite regularizar terrenos destinados a vivienda social.
Reactualizar y aplicar ese marco legal, junto con revisar restricciones posteriores como la Ley 20.234 y su modificación de 2022, permitiría avanzar hacia soluciones institucionales y no represivas: sin embargo el parlamento no incorporó a las ocupaciones del año 2019 en dicha modificación, eso es algo que se debe remediar.
Una advertencia para el país
San Antonio no es una excepción. Es una advertencia. Mientras sigamos tratando el suelo como mercancía y la vivienda como premio, seguiremos produciendo exclusión y conflicto.
Las tomas no son el problema; son el síntoma. O construimos una política de suelo justa y activa, o seguiremos construyendo desigualdad.
Constanza Lizana.-
El Ciudadano
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