Madrid, 6 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles a la Comisión Europea que las sanciones estadounidenses contra la Relatora Especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, y los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional no tengan efecto en la UE.
El jefe del Ejecutivo ha dirigido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen, en la que solicita la activación inmediata del Estatuto de Bloqueo, una herramienta que permite dejar sin efecto normas de terceros países que afecten a los intereses de la UE, con el fin de proteger la independencia de la Corte Penal Internacional (CPI) y de Naciones Unidas, y sus acciones para acabar con el "genocidio" en Gaza.
Francesca Albanese se encuentra este miércoles en España y tiene previstas dos reuniones en Madrid, por la mañana con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz y los ministros de Sumar y por la tarde con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.
En su carta, Sánchez advierte de que dichas sanciones "suponen un precedente muy preocupante que compromete el funcionamiento independiente de instituciones esenciales para la justicia internacional".
Sánchez lo ha avanzado en un mensaje que ha publicado en la red social X a propósito de la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de sancionar a la Corte Penal Internacional por sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel, lo que ha llevado a este tribunal a pedir el amparo de la UE.
"España no mira hacia otro lado. Sancionar a quienes defienden la justicia internacional es poner en riesgo todo el sistema de derechos humanos. La UE no puede permanecer de brazos cruzados ante esta persecución", sostiene el jefe del Ejecutivo.
En un comunicado, el Gobierno recuerda que, desde febrero de 2025, Estados Unidos ha sancionado en sucesivas rondas a once jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional, y que, en julio de 2025, empezó a aplicar estas medidas contra Francesca Albanese, Relatora Especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados.
Las medidas de presión autorizadas por el presidente Trump incluyen la cancelación de cuentas y servicios bancarios, restricciones para viajar, y "todo tipo de obstáculos" para impedir que hagan su trabajo: investigar y perseguir la violación de derechos humanos, según señala el Ejecutivo en un comunicado.
Recuerda que, tradicionalmente, el Reglamento (CE) nº 2271/1996, conocido como Estatuto de Bloqueo, ha servido para proteger a operadores económicos europeos contra la aplicación extraterritorial de leyes de terceros países que afecten a los intereses de la UE (actualmente se aplica sobre determinadas normas de EE.UU.).
Por ello, el Gobierno plantea que es el momento de que este mecanismo "supere la lógica comercial con la que fue creado" y sirva como escudo frente a medidas que pongan en riesgo el sistema.
Para llevarlo a cabo, la Unión Europea tendría que incluir la norma extranjera lesiva en el anexo del Reglamento. En este caso, España solicita incorporar varias órdenes ejecutivas estadounidenses, dictadas al amparo de la International Emergency Economic Powers Act y la National Emergencies Act, en las que se sustentan las sanciones.
En su carta, Sánchez recuerda que la Corte Penal Internacional tiene un papel esencial en la lucha contra la impunidad y en la rendición de cuentas frente a los crímenes más atroces (genocidio, crímenes de guerra, agresión y lesa humanidad), y que los Relatores Especiales de Naciones Unidas desempeñan una función clave para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos.
El Gobierno sostiene que las sanciones no solo afectan a sus titulares, sino que "erosionan toda la arquitectura normativa que sustenta las relaciones internacionales" y añade que España ya está trabajando para recabar el apoyo de otros estados miembros para articular una coalición que respalde la solicitud ante la Comisión.
Además, promoverá la inclusión de este asunto en el orden del día del Consejo Europeo del 18 y el 19 de junio, para que sus Conclusiones recojan un mandato político explícito a la Comisión. EFE
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