El acceso a permisos por riesgo para profesionales sanitarias embarazadas muestra diferencias notables de un servicio de salud a otro, y dentro de un mismo territorio, las condiciones pueden variar considerablemente según la unidad específica —como UCIs o Urgencias— o incluso el propio centro sanitario, aunque estén bajo la gestión de una misma administración. Este escenario fue señalado por el Sindicato de Enfermería, SATSE, que, según reportó en sus alegaciones públicas, plantea la necesidad de reforzar la protección legal para enfermeras y fisioterapeutas gestantes o en periodo de lactancia a través de la revisión de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
De acuerdo con lo consignado por el medio, SATSE entregó recientemente un pliego de alegaciones en el marco del proceso de consulta pública del Anteproyecto de Ley que pretende modificar la Ley 31/1995, subrayando la urgencia de evitar que las profesionales sanitarias embarazadas o lactantes sigan expuestas diariamente a entornos laborales de riesgo. El sindicato insta a que tanto las administraciones públicas como las empresas sanitarias del sector privado asuman la protección de la salud de madres y descendientes como una prioridad, argumentando que deben garantizar dicha protección en cualquier circunstancia.
SATSE detalló en su escrito los múltiples peligros a los que enfermeras y fisioterapeutas están sometidas en su labor diaria. Entre ellos, identificó riesgos medioambientales vinculados a la presencia de radiaciones ionizantes y no ionizantes, vibraciones, temperaturas extremas —que pueden incluir tanto frío como calor— y niveles elevados de ruido. A estos factores se suman los peligros ergonómicos, derivados de actividades como la manipulación manual de cargas, el trabajo prolongado en una silla, las flexiones recurrentes del tronco y otras posturas forzadas.
El sindicato remarcó que también existen riesgos relacionados con el manejo de sustancias y medicamentos peligrosos, añadiendo los riesgos biológicos causados por exposición a agentes infecciosos como rubeola, sarampión, varicela zóster o toxoplasmas. SATSE destacó la presencia de riesgos psicosociales, como pueden ser los episodios de estrés laboral, el trabajo en aislamiento o las situaciones de agresión que afectan al personal sanitario.
Según lo informado por SATSE, la concesión de permisos por riesgos laborales para embarazadas no responde a un criterio unificado en toda la estructura sanitaria. El sindicato advirtió que estas autorizaciones dependen tanto del puesto de trabajo como de la unidad en la que se desempeña la profesional, produciéndose marcadas diferencias en la forma en la que los servicios de salud aplican los protocolos existentes. SATSE puntualizó que ciertos servicios sanitarios encuentran dificultades para establecer y regular puestos específicos destinados a ser ocupados por trabajadoras embarazadas durante los meses de gestación.
El medio detalló que existen comunidades autónomas donde no se han desarrollado protocolos de adaptación laboral para mujeres embarazadas, ni tan siquiera si es posible gestionar alguna adaptación. Allí donde sí existen acuerdos de adaptación, SATSE recalcó que estos no tienen una aplicación homogénea, ya que su ejecución depende en gran medida del criterio de la gerencia de cada centro sanitario.
La organización sindical sostiene que la reforma de la legislación en materia de riesgos laborales debe incorporar medidas específicas que garanticen de manera fehaciente la seguridad de las trabajadoras en estado de embarazo o lactancia, sin dejar espacio a interpretaciones que permitan desviaciones en su protección. SATSE exige que se utilice el marco legal para homogeneizar y reforzar la catalogación de los puestos de trabajo, así como la articulación de procedimientos claros para el otorgamiento de permisos o la adaptación del puesto cuando se detecten riesgos.
Tal como remarca SATSE, la presencia cotidiana de riesgos medioambientales, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales posiciona a enfermeras y fisioterapeutas como un colectivo particularmente vulnerable durante la gestación y la lactancia, lo que —según sus alegaciones— exige una respuesta coordinada y urgentemente reforzada desde los poderes públicos y los distintos agentes sectoriales.
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