Madrid, 9 abr (EFE).- El juez Santiago Pedraz ha ampliado un mes más el secreto de la causa en la que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al propietario de Servinabar Antxon Alonso, considerado socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, por presuntas mordidas en la adjudicación de contratos públicos.
El magistrado de la Audiencia Nacional ha acordado prorrogar el secreto de estas diligencias hasta el 9 de mayo a la espera de recibir los informes de la UCO relativos al análisis de la documentación intervenida en los múltiples registros y requerimientos practicados en las empresas que habrían otorgado o recibido esos contratos o que habrían servido de pantalla, han informado a EFE fuentes jurídicas.
Díez intentó ya sin éxito en enero que Pedraz alzara el secreto cuando dictó la primera prórroga al considerar que el auto por el que se adoptó no estaba suficientemente motivado y no permitía comprobar si esta medida es necesaria y proporcional.
Su defensa argumentó que la investigación se remonta a hechos de 2021 a 2023 por lo que no entendía la necesidad de adoptar las "gravosas" medidas tomadas para evitar la desaparición de información, sobre todo teniendo en cuenta que la exmilitante dio a la Unidad Central Operativa (UCO) acceso a sus documentos, correos, dispositivos, claves y contraseñas y "jamás ha dejado de comparecer cuando ha sido llamada".
La exmilitante socialista está siendo también investigado un juzgado de Madrid por presuntas maniobras para perjudicar a fiscales o al responsable de la UCO Antonio Balas con el objeto de entorpecer investigaciones judiciales.
Díez, Fernández y Alonso fueron detenidos en diciembre por malversación, tráfico de influencias y organización criminal, y posteriormente quedaron en libertad con medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.
Según la investigación, conformaron un grupo autodenominado Hirurok ('nosotros tres', en euskera) que se habría dedicado a orientar "diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros", para lo que se aprovechaban de su posición y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública para obtener "el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones".
En las cinco operativas analizadas, hasta el momento se han podido detectar mordidas para los tres que sumarían al menos 750.614 euros, unos fondos que se canalizaban supuestamente a través de la mercantil Mediaciones Martínez "mediante contratación y facturación mendaz".
A la par que hizo las detenciones, la UCO requirió información a organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, en busca de documentación sobre contratos y subvenciones bajo la lupa de los investigadores.
También se personaron, entre otras, en empresas pertenecientes a la SEPI como Cofivacasa, Enusa -donde trabajó Leire Díez-, Sepides y Mercasa y acudieron también a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid.
Registraron además un bar de Sevilla gestionado por la sociedad La Bola Innovación, creada en 2014 por la pareja del expresidente de la SEPI, quien fue administradora hasta junio de 2023, cuando tomó el relevo el propio Vicente Fernández. La UCO se incautó de la contabilidad y dispositivos del local para determinar si pudo usarse para blanquear dinero presuntamente ilícito de la trama investigada.EFE
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