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El gobernador Claudio Orrego está partiendo su año 2026 con buenas noticias en lo que tiene que ver con su situación penal. Al contundente triunfo que tuvo en la Corte de Santiago al conseguir una decisión unánime de 24 ministros a su favor para rechazar su solicitud de desafuero en el caso ProCultura, ahora sumó otro antecedente más.

Esto debido a que la Fiscalía Oriente comunicó su decisión de no perserverar ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en la última causa que le quedaba pendiente y que tenía que ver con la contratación de coachings en la Gobernación Metropolitana.

La determinación fue tomada por el fiscal Cristóbal Salazar y la fiscal regional Oriente Lorena Parra luego de ejecutar una serie de diligencias para indagar la eventual existencia de hechos constitutivos de delitos.

Fuentes del caso comentan que el Ministerio Público desplegó una serie de pericias y ninguna arrojó resultados para continuar la indagatoria. De esta forma ejecuto diligencias destinadas a revisar los equipos,el correo electrónico y el celular de Orrego. Lo mismo hizo con la empresa Vera y Asociados. Esto también se replicó con todo el equipo cercano al gobernador. Junto con eso envió oficios al Servicio de Impuestos Internos, al Servel y Mercado Público.

Luego de analizar todos esos antecedentes, el equipo que lidera Parra tomó la decisión de cerrar la indagatoria. Así fue como lo comunicó esta semana al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dando a conocer su decisión de no perseverar.

La determinación de los persecutores fue valorada por Orrego. “La decisión que acaba de tomar el Ministerio público confirma que la acusación que el Partido Republicano hizo para destituirme ante el Tricel se funda en argumentos falsos. Estamos satisfechos con esta decisión y queremos destacar el trabajo de la Fiscalía Oriente, quien ante nuestra disposición de colaboración, actuó con diligencia y objetividad”, dijo el gobernador.

Los defensores de Orrego también valoraron el actuar de la Fiscalía. Los abogados José Pedro Silve y Miguel Schürmann comentaron que están “muy conformes con la decisión de la Fiscalía Regional Oriente, quienes después de una exhaustiva revisión de todos los equipos electrónicos, celulares y correos tanto del gobernador como de todo su equipo cercano, no encontraron antecedentes que dieran cuenta de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos”.

Los defensores añadieron que “desde un primer momento afirmamos que el gobernador era inocente y ofrecimos toda la colaboración para el esclarecimiento de los hechos, y como podrán advertir, cumplimos. Me gustaría destacar la investigación que condujo la Fiscalía Regional Oriente quienes realizaron una revisión en detalle de toda la evidencia y una vez analizados los antecedentes se decidió que no había mérito para seguir adelante con la investigación y así lo hizo presente al tribunal”.

El Ministerio Público había abierto la investigación para indagar presuntos delitos en los clases de coaching contratadas por Orrego en la Gobernación Metropolitana luego de que la Contraloría remitiera antecedentes al Ministerio Público con los antecedentes encontrados luego de una auditoría realizada en sede administrativa.

Esto debido a que la Contraloría, en su auditoría administrativa, concluyó que la repartición regional, a ojos del ente fiscalizador, había utilizado recursos públicos para el financiamiento de diferentes sesiones de coaching con fines electorales, durante la campaña de Orrego. Este servicio, que incluía 52 sesiones, fue contratado a la empresa Vera y Asociados.

Dichas asesorías habrían tenido un costo total de $31 millones y correspondía a clases que tendrían, supuestamente, diferentes fines “ontológicos”. Sin embargo, dichos coaching, según la Contraloría, tenían “temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y la campaña electoral del gobernador regional”.

Lo cierto es que independiente de la auditoría del ente fiscalizador, a ojos de la Fiscalía, en los antecedentes revelados por la auditoría no hay nada que pudiera ser investigado como constituvo de algún ilícito.