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En entrevista con ElSiglo.cl, el diputado de Partido Comunista e integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Baja, recalcó que “el gobierno usa la coyuntura para cargar la responsabilidad del desempleo a las y los trabajadores”. Afirmó que el establecimiento de jornadas de hasta 52 horas semanales y el reemplazo de la indemnización por años de servicio por un sistema financiado con el sueldo del propio trabajador, son propuestas del plan laboral del gobierno que más que disminuir las cifras del desempleo, tienden a la precarización y a la inestabilidad laboral. Añadió que “se hace pagar el costo de estas medidas a los trabajadores y por esa vía también se pretende neutralizar, aunque no se diga, el potencial de los sindicatos”. Sobre el proyecto de “megarreforma” aprobado en el Senado, el legislador señaló que la administración del Presidente José Antonio Kast, está impulsando una política de shock que tiene por objetivo “trasladar hacia los más ricos y a las grandes fortunas los recursos de la sociedad ocupados en proveer derechos sociales”. “Se ha calculado que producto de esta reforma, 1.500 personas, es decir, las más adineradas, van a recibir 400 millones de pesos como beneficio al año”, afirmó. El legislador anunció que la bancada legislativa del PC e Independientes propondrá un plan nacional de recuperación y mejoramiento de infraestructura pública para generar empleos y que recurrirá al Tribunal Constitucional para impugnar la invariabilidad tributaria y otras medidas de la “megarreforma”, que permiten compensar económicamente a una empresa que haya obtenido un rechazo en la resolución de calificación ambiental.

Úrsula Fuentes Rivera. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 19/07/2026. La Mesa de Reactivación Laboral, constituida a inicios de mayo por el ministro de Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, dio a conocer hace unos días un informe con 22 propuestas para enfrentar la compleja situación del mercado laboral y el alto nivel de desempleo del país, que en el trimestre marzo-mayo 2026 se reflejó en una tasa de desocupación de 9.4 por ciento.

Aunque este plan del gobierno de José Antonio Kast incorpora propuestas relativas a empleo femenino, subsidios y capacitación, también introduce otras que tienden al debilitamiento de la estabilidad laboral y a la pérdida de derechos por parte de las y los trabajadores. Jornadas laborales de hasta 52 horas semanales y el reemplazo de la indemnización por años de servicio por un sistema financiado con el sueldo del propio trabajador son algunas de las medidas que generan mayor preocupación.

En entrevista con El Siglo.cl, el diputado comunista Luis Cuello -quien además de representar en el hemiciclo al Distrito 7 de la Región de Valparaíso, integra la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Baja- se refirió a la iniciativa del Ejecutivo y a los efectos adversos que su puesta en marcha podría provocar en la calidad de empleo y en las relaciones laborales, y al quehacer de la oposición parlamentaria en materia laboral.

¿Cuál es su opinión de este informe y de las medidas que proyecta para reactivar el empleo en nuestro país?

Yo creo que el gobierno está usando una coyuntura, como es el alza del desempleo, para poder cargar la responsabilidad de ese problema social a las y los trabajadores. Se está planteando la tesis de que mientras más derechos, hay más desempleo, cuestión que es falsa e injusta. El planteamiento del gobierno es que se debe flexibilizar o restringir los derechos de las y los trabajadores para crear más empleo, lo que no tiene evidencia. Por el contrario, perjudicaría y precarizaría al trabajo más de lo que está. El desempleo tiene causas que son estructurales y que se han agravado durante la administración de Kast, a causa de definiciones de política económica. Me refiero fundamentalmente a todas las decisiones de ahorro fiscal que ha adoptado Gobierno para poder anticiparse a la reforma tributaria aprobada recientemente en el Senado bajo el nombre de ‘Proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social’, más conocido como ‘proyecto de megarreforma’”. El bencinazo -como se le ha denominado al fuerte incremento del precio de los combustibles en el último tiempo- también ha impactado en los salarios, en los ingresos de los trabajadores, al igual como ha sucedido con los recortes en el presupuesto de educación, de salud y de todos aquellos ministerios que prestan o reconocen derechos sociales a las personas. En general, las propuestas del informe tienen que ver con una mirada extrema, una mirada radical. En ninguna parte de sus documentos se menciona la palabra sindicato. Eso es muy ilustrativo de la naturaleza de la propuesta, que está hecha por economistas afines al Gobierno, donde no se consideró ni se invitó a los trabajadores. En suma, el conjunto de las medidas propuestas tiene por resultado precarizar y hacer mucho más inestable la condición del trabajador.

Teóricamente, ¿podríamos decir que estamos ante una doctrina del shock que embate a la clase trabajadora por ser una fuerza que contrarresta la tasa de ganancia de los empresarios?

Sin duda. Yo creo que el gobierno del presidente Kast está impulsando hoy en día una política de shock, que tiene por objetivo trasladar hacia los más ricos y a las grandes fortunas los recursos de la sociedad ocupados en proveer derechos sociales. En función de eso, es que se adoptan todas las definiciones económicas y políticas, y en este caso las que tienen que ver con las regulaciones laborales. Es decir, se hace pagar el costo de estas medidas a los trabajadores y por esa vía también se pretende neutralizar, aunque no se diga, el potencial de los sindicatos.

Una de las medidas más cuestionadas del plan propuesto por la Mesa de Reactivación Laboral es aquella que permitiría establecer jornadas de trabajo de hasta 52 horas semanales, un manifiesto retroceso en el camino avanzado con la Ley de las 40 horas.

Con esta propuesta, que el gobierno pretende presentar prontamente en el Parlamento, se echa por tierra lo que se avanzó con la ley de 40 horas, que aspiraba a contar con una jornada laboral que permitiera destinar también tiempo a la familia, al hogar o a la recreación. Es decir, un tiempo para el trabajador. Eso quedaría completamente desmantelado, dado que el plan de la Mesa de Reactivación Laboral apunta a extender las semanas donde se calcula un promedio de las 40 horas. Hoy día ese promedio se calcula en cuatro semanas, es decir, en un mes, y la Mesa de Reactivación Laboral plantea que esto podría llegar hasta 52 semanas. Algunos dicen 15, pero en cualquier caso sería más de un mes y con eso, desde luego, lo que se hace es también reducir el ingreso de los trabajadores, porque hoy día sí se puede trabajar 52 horas a la semana, pero con acuerdo del sindicato, y en ese caso también deben pagarse las horas extra. Esta modificación va a significar un ahorro para los empleadores porque no se pagarían las horas extra. Entonces, eso va a debilitar los ingresos y, desde luego, va a aumentar las horas trabajadas.

Referente a la idea de reemplazar la indemnización por años de servicio por un sistema alternativo financiado por un mecanismo de ahorro o seguro, ¿en qué se traduciría aquello para el trabajador?

Lo que propone esta medida es que se suprima gradualmente el actual sistema de indemnización por años de servicio, que tiene un tope de 11 años de antigüedad. Para que en adelante los nuevos trabajadores no tengan ese derecho, sino que tengan una reparación a todo evento construida sobre la base de un ahorro. Es decir, algo similar a lo que ocurre con o lo que regiría a las trabajadoras de casa particular. Pero el punto es que acá el costo de ese ahorro va a ser un costo del trabajador, lo que claramente significa perder un derecho. Y si a eso se le suma la propuesta de liberalizar o flexibilizar las causas de despido, volviendo a una causa de despido derogada hace ya más de 20 o 25 años, que es la falta de adecuación del trabajador, estas medidas van, en definitiva, a incrementar la rotación y por lo tanto va a ser mucho más inestable que hoy trabajar.

En nuestro país la formación de los salarios es unilateral, la negociación colectiva prácticamente no existe, es muy reducida, y pese a que entre el 2020 y el 2026 el costo de la vida ha subido casi un 40 por ciento, los salarios no han tenido un incremento que permita enfrentar estas alzas, menos si la sindicalización de los trabajadores es baja. ¿Cuál es su reflexión al respecto?

Todo el análisis de la Mesa de Reactivación Laboral del Gobierno hace referencia a la necesidad de contar con normas más flexibles respecto de las jornadas, y en ello apunta a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), reconociendo a los países que la integran y en los que hay un mayor grado o porcentaje de sindicalización, y donde todos los cambios obedecen a acuerdos de negociación colectiva. Tomando en cuenta esa referencia, llama la atención que ninguna de las propuestas emanadas por el informe de la Mesa de Reactivación Laboral esté sujeta a la intervención del sindicato. Todas parten sobre la base de que el trabajador decida y negocie por sí solo, pero sabemos que en realidad el trabajador no decide nada porque en Chile la relación laboral es asimétrica. Por eso en países desarrollados se requiere el acuerdo del sindicato. Chile, con el aumento del sueldo mínimo en el gobierno anterior, logró un aumento de los salarios reales. Sin embargo, eso hoy en día se ha debilitado por efectos del alza del costo de la vida, de la inflación y, en consecuencia, los sueldos hoy tienen menos capacidad o menos valor de cambio que el 11 de marzo, producto de las consecuencias en escalada que ha tenido el bencinazo. De manera que nos parece fundamental defender en el Parlamento y en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, los derechos laborales alcanzados, como la jornada de 40 horas semanales. También es relevante que nos podamos articular con el mundo del trabajo, con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con los sindicatos, con las federaciones, para hacer en conjunto una defensa de las conquistas sociales y laborales, y por esa vía lograr detener estos cambios regresivos que está impulsando hoy el gobierno del Presidente Kast.

La propuesta de recuperación y mejoramiento de la infraestructura pública

Usted anunció que, junto a los parlamentarios de la bancada legislativa del Partido Comunista e Independientes, propondrán un plan nacional de recuperación y mejoramiento de infraestructura pública para generar empleo. ¿En qué consiste esta iniciativa?

El actual gobierno adoptó medidas económicas que han golpeado la economía de los hogares y otras como los recortes, que han impactado la inversión y con ello al empleo. Lo que nosotros proponemos es que se reviertan los recortes y que se pueda recuperar aquellos recursos que estaban aprobados en el presupuesto nacional y destinados a infraestructura de servicios esenciales como hospitales, centros de salud primaria y escuelas públicas. Por ejemplo, en el caso de los servicios locales de educación de Viña del Mar y Valparaíso, que son dos comunas que yo represento, fueron recortados más o menos el 70 por ciento de los recursos destinados a infraestructura. Un colegio puede estar en precarias condiciones o sufrir daños con un temporal, pero está limitado porque no hay recursos para poder repararlo. Por eso proponemos que se pueda impulsar este plan para acelerar la recuperación de infraestructura y mejorar las condiciones de los niños y niñas que estudian en colegios públicos y de los usuarios de los consultorios y los hospitales, y también permitir crear fuentes de empleo, porque cuando se recortan recursos que estaban destinados a proyectos de inversión, eso significa que, por ejemplo, una pequeña empresa de construcción se ve impedida de postular a una licitación, lo que se traduce en menos empleo y cuando hay menos empleo también se produce un frenazo a la economía.

La madrugada del miércoles fue aprobado el proyecto de “megarreforma” en el Senado y pasó a su tercer trámite en la Cámara de Diputados. ¿Qué se puede hacer ahí? Algunos senadores anunciaron recurrir al Tribunal Constitucional por las medidas ambientales, tributarias y de invariabilidad del polémico proyecto.

El martes vamos a votar en la Cámara de Diputadas y Diputados los cambios efectuados por el Senado. Esa sería la última etapa de la tramitación legislativa de ese proyecto, puesto que es muy improbable que exista una comisión mixta. Es lamentable y una pésima noticia para Chile que esta reforma esté avanzando, porque lo que hace es un acto de despojo, al trasladar y entregar los recursos que hoy en día estaban destinados a satisfacer necesidades en todos los ministerios y servicios públicos, a las grandes fortunas, al 1 por ciento más adinerado de la población. Se ha calculado que producto de esta reforma, 1.500 personas, es decir, las más adineradas, van a recibir 400 millones de pesos como beneficio al año, debido a la reintegración del sistema tributario y la baja del impuesto corporativo. Es una reforma que empobrece a los chilenos y que beneficia las arcas de las grandes empresas. Es una reforma que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, con el agravante que integrantes del gabinete del presidente Kast también van a recibir beneficios directos por la reforma, lo que sin duda es un atentado al principio de probidad y una acción bastante desvergonzada, si uno piensa que el ministro de Economía, Daniel Mas, que amasa una enorme fortuna en Chile y en extranjero, va a ser beneficiado con la reintegración del sistema tributario y eventualmente con otras herramientas. En ese sentido, estamos frente a un problema mayor, que tiene que ver con los conflictos de interés y la falta de probidad de este gobierno. Como oposición en conjunto vamos a recurrir de manera unitaria al Tribunal Constitucional, para impugnar la invariabilidad tributaria y también las normas que permiten compensar económicamente a una empresa que haya obtenido un rechazo de la resolución de calificación ambiental de un proyecto, cuestión que es bastante absurda y que invade desde luego la autonomía del Poder Judicial, al anular por la vía de los hechos una sentencia.

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