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A más de seis años de la revuelta de octubre de 2019, la maquinaria judicial no se detiene. La causa que investiga posibles delitos de lesa humanidad ha vuelto a moverse con una serie de diligencias en el marco de la indagatoria que dirige el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, que incluyen la decisión de interrogar a los altos mandos de Carabineros y al exministro del Interior Andrés Chadwick.

Durante los últimos meses no se conocían avances públicos obre las investigaciones y solo habían salido a relucir los reproches de la defensa del exsecretario de Estado, por la vigencia de una causa que se extiende por más de un lustro,. Sin embargo, el pasado jueves 12 de marzo vino a romper con esa calma aparente. Según antecedentes recabados por La Tercera, Bekios instruyó al fiscal Cristián Aguilar para que se trasladara hasta la Región Metropolitana con un objetivo claro: tomar declaraciones a algunas de las figuras que ejercieron cargos de alta responsabilidad durante la crisis social y política.

En dependencias de la Fiscalía Nacional, y en una jornada que se extendió por varias horas, se llevaron a cabo una serie de interrogatorios, apuntando a establecer si existió una sistematización de los apremios ilegítimos cometidos por agentes del Estado durante las protestas, reportó el medio citado.

La ronda de testimonios incluyó al actual general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien en 2019 se desempeñaba como jefe de la Zona Araucanía Control de Orden Público y al transcurrir un año fue designado jefe de la Zona Metropolitana.

A la ronda de interrogatorios también se sumó Mario Rozas, quien durante la época del estallido social ejercía como general director de Carabineros. Su gestión al mando de la policía uniformada ha sido uno de los puntos más controvertidos de la investigación, pues sobre sus hombros recae la responsabilidad final de las órdenes que se impartieron desde el alto mando ante la necesidad de contener las masivas protestas que, en muchos casos, derivaron en graves denuncias de vulneración de derechos fundamentales.

A la lista de altos mandos se anexó el nombre de Ricardo Yáñez, el otrora general director quien durante el periodo indagado era el Director Nacional de Orden y Seguridad, un área neurálgica que tenía a su cargo todas las unidades operativas de la policía uniformada. Su declaración ante el fiscal Aguilar es crucial para determinar el nivel de conocimiento y control que se ejercía desde dicha dirección sobre las actuaciones policiales en terreno, especialmente en lo relativo a los procedimientos de control de multitudes y la cadena de mando.

Sin embargo, el nombre que más peso político tiene en esta nueva batería de diligencias es el de , Andrés Chadwick, exministro del Interior y primo del entonces presidente de la República, Sebastián Piñera. Su inclusión en esta ronda de declaraciones no es menor, considerando que fue la máxima autoridad política del país en el manejo del orden público durante los primeros meses de la revuelta social.

Su testimonio, recabado también en dependencias de la Fiscalía Nacional, se enmarca en la necesidad de la fiscalía por esclarecer si desde el poder político existió algún tipo de directriz o lineamiento que pudiera haber propiciado las sistemáticas denuncias por violaciones a los derechos humanos, que incluyen homicidios, torturas, violaciones, secuestros y detenciones arbitrarias

La presencia de Chadwick en las dependencias de la Fiscalía Nacional confirma que la investigación no solo apunta a la cadena de mando institucional de Carabineros, sino también a las decisiones que se tomaron desde La Moneda.

Sistematicidad o casos aislados

El núcleo de la indagatoria que lidera la Fiscalía de Antofagasta busca determinar si las violaciones a los derechos humanos registradas en el periodo comprendido entre octubre de 2019 y marzo de 2020 respondieron a una política institucional o a una falta de control jerárquico que permitió la repetición de conductas abusivas por parte de los uniformados que reprimieron con extrema violencia a los ciudadanos que salieron a las calles del país a exigir reivindicaciones sociales,

En este contexto, las declaraciones de Chadwick. Araya, Rozas y Yáñez son claves para determinar si los ataques fueron parte de un actuar generalizado o sistemático contra la población civil. El movimiento en la causa de la revuelta indica que el capítulo judicial del 18-O está lejos de escribirse por completo, justo en un momento donde el gobierno de José Antonio Kast ha anunciado que evalúa aplicar indultos para uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

La entrada Se mueve la causa de la revuelta: Chadwick, Rozas, Yáñez y Araya declaran por lesa humanidad se publicó primero en El Ciudadano.