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Diversas estimaciones han advertido que, para el mes de julio, se concretará un aumento de 2,4% en las cuentas domiciliarias de luz a nivel nacional, incremento que será significativamente mayor en las regiones del sur del país.

Para el economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Talca, Carlos Villalobos Barría, esta situación vuelve a instalar la pregunta sobre qué ocurre con las familias que viven en zonas frías, en viviendas mal aisladas y con pocas alternativas de calefacción.  

En ese sentido, el experto destacó que el debate no puede reducirse al impacto promedio que tendrá esta nueva alza, ya que en Chile las condiciones energéticas de los hogares cambian según el territorio, los ingresos y el tipo de vivienda. 

«Tenemos una realidad como país absolutamente heterogénea. Estas alzas van a ser muy asimétricas en el sur del país, donde muchas familias requieren calefacción y consumen electricidad de forma intensiva. En ciudades como Valdivia y Puerto Montt, los aumentos podrían superar el 16%, según estimaciones de la Fundación Energía para Todos», afirmó el académico.

A su juicio, esa diferencia revela una debilidad en el diseño de las políticas públicas, ya que muchas veces se entiende el acceso a la electricidad como una conexión estandarizada, sin considerar que su uso habitual cambia según la realidad familiar y del territorio que se habita.

«Más que estar siempre pensando necesariamente en el precio de la boleta, debiéramos mirar a largo plazo cuáles son los estándares de construcción que permiten que la familia tenga una boleta más baja», apuntó el profesor Carlos Villalobos.

En esa línea, destacó la importancia que tiene la eficiencia energética para las condiciones reales de los hogares, planteando que es necesario observar el tipo de aislamiento y los estándares de construcción de las viviendas, ya que son factores que inciden directamente en el gasto que realizan las familias durante el periodo invernal.

Asimismo, otro de los factores que se deberían revisar, según el académico de la U. de Talca, es la existencia de contratos de suministro eléctrico antiguos entre empresas generadoras y distribuidoras, que inciden en el precio que pagan los clientes regulados.

«Los precios de la electricidad que pagamos se definen en base a contratos que tienen mucha antigüedad, algunos previos a 2014, y eso significa que estamos pagando precios con otras realidades tecnológicas, lo que habría analizar», indicó.

Adicionalmente a lo anterior, el experto alertó que en Chile existe una deuda acumulada desde el congelamiento tarifario.

Según explicó, «a partir del 2019 se congelaron las tarifas por el estallido social, luego por el Covid19, y, ahí acumulamos una deuda que está llegando aproximadamente a los 5.500 millones de dólares, y que, según proyecciones de la Comisión Nacional de Energía, con los intereses, al 2035 podría alcanzar los 6.500 millones».

Seguiremos informando.

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