SEC vuelve a formular cargos contra empresas por no responder a electrodependientes durante el mega corte de luz

SEC vuelve a formular cargos contra empresas por no responder a electrodependientes durante el mega corte de luz

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra 12 empresas distribuidoras por no atender los llamados de tutores o pacientes electrodependientes que quedaron sin suministro eléctrico durante el mega corte de luz del 25 de febrero de este año, que dejó sin energía a casi el 90% del país, precisó el ente fiscalizador.

Las empresas en cuestión son: Chilquinta, Coelcha, Edecsa, EEC, EEPA, Enel, Frontel, Litoral, Luz Osorno, Luz Linares, Luz Parral y Saesa.

Según informó la SEC, la investigación realizada por el organismo permitió establecer que al menos 782 pacientes electrodependientes realizaron 2.309 llamadas a sus respectivas empresas para reportar que estaban sin suministro, “sin lograr dicho objetivo”.

Las compañías que concentran el mayor número de casos son Enel (666), Chilquinta (65) y Saesa (19).

La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, sostuvo que “es lamentable que nuevamente estemos dando a conocer incumplimientos de las empresas con estos pacientes, los que deben ser prioritarios. Ayer formulamos cargos a 6 compañías por no atender los llamados de electrodependientes, durante agosto del año pasado, y ahora lo hacemos con otras 12 eléctricas, que tampoco respondieron a sus clientes, durante el apagón del 25 de febrero”.

Agregó que “estos procesos administrativos buscan generar un cambio de conducta en las empresas para que sus operaciones cumplan con las necesidades vitales de los electrodependientes”.

Desde la SEC reiteraron que la Ley de Electrodependientes establece que las empresas eléctricas deben disponer de canales de contacto preferenciales para este tipo de pacientes, ya que requieren un suministro permanente debido a su condición vital.

Las empresas infractoras se exponen a multas que pueden llegar hasta las 10 mil UTA (Unidades Tributarias Anuales), es decir, cerca de $8.200 millones, “aunque el monto final de cada multa, dependerá del mérito de la respectiva investigación”, precisó la superintendencia.