El proyecto de ley de inteligencia económica se presentó en 2023 y ha tenido una tramitación extensa, porque los parlamentarios de derecha han sido contrarios a un nuevo mecanismo de levantamiento del secreto bancario. Esta demora tiene un alto costo no sólo por la articulación del crimen organizado que puede haber ocurrido en el intertanto, sino porque ha dejado trunco el pleno desarrollo del Sistema de Inteligencia del Estado, aprobado por el Congreso este verano.
En la actualidad se puede levantar el secreto bancario en el marco de una investigación penal en que hay evidencia y sospechosos. El requisito es que sea autorizado por un juez para cada caso, quien deberá ponderar si los indicios son suficientes. Lo que se busca lograr con el proyecto de inteligencia económica es diferente, porque la inteligencia es algo distinto de la investigación penal.
La inteligencia es la capacidad estatal de anticipar las amenazas que afectan a la sociedad, detectando anomalías que indican actividades de riesgo y generando conocimiento sobre la forma en que funcionan dichas actividades. No se limita a la seguridad pública, sino que abarca riesgos geopolíticos, tecnológicos, económicos e incluso culturales.
Si nos remitimos al ámbito de la seguridad, la inteligencia no se activa para investigar un delito específico y buscar a sus culpables, para eso está el proceso penal. Lo que hace, en cambio, es investigar actividades, grupos, negocios o sectores económicos que están o pueden estar acogiendo la comisión de delitos. No va detrás de un culpable, sino de un modus operandi o un modelo de negocios. En el camino, ciertamente, se topa con delitos específicos y con sus sospechosos; cuando eso sucede debe derivar el caso al sistema penal y la evidencia que se levantó mediante procesos de inteligencia no puede usarse por la Fiscalía, sino que esta debe producir sus propias pruebas de acuerdo con las reglas del debido proceso.
En el proyecto del Subsistema de Inteligencia Económica el levantamiento del secreto bancario no contempla la autorización de un juez, sino mecanismos de control de otro tipo, que obligan a no divulgar la información y sancionan drásticamente su vulneración. Un juez está habilitado para evaluar si la evidencia sobre un sujeto es suficiente para considerarlo sospechoso de un delito ya cometido. En una operación de inteligencia puede que todavía no se haya cometido el delito y se quiera anticipar su ocurrencia, o se hayan cometido varios delitos y se necesite entender cómo está funcionando esa práctica delictual. Puede que no existan sospechosos individuales identificados, pero sí actividades sospechosas. De consecuencia, el análisis que se debe hacer no es propio de un proceso penal que analiza delitos específicos que ya ocurrieron. Por eso, no es un juez el mecanismo más apropiado para esa evaluación.
En los países donde existen verdaderos sistemas de inteligencia el levantamiento del secreto bancario sin control judicial es un instrumento habitual. Es el caso de Estados Unidos, Alemania, Colombia, Uruguay, Japón y de toda la OCDE, salvo Chile y Australia. Así sucede porque se ha entendido que los sistemas de inteligencia tienen una naturaleza distinta a la investigación de los delitos, y que son eficaces en la medida en que sean realmente poderosos, capaces de adelantarse a todas las demás instancias de la sociedad y penetrar sus pasillos más oscuros. Tener una inteligencia poderosa impone riesgos ciertamente, porque puede abusar de su poder, por eso hay que diseñarla bien y establecer los controles adecuados, pero no tener inteligencia, como sucede hasta ahora en Chile, es aún peor. Y tratar la inteligencia como equivalente a la investigación penal es no tener inteligencia.
Los sectores que se oponen a esta nueva modalidad de levantamiento del secreto bancario desconfían de que se pueda abusar de este mecanismo. Se imaginan a un opaco funcionario público trajinando en sus cuentas corrientes. Pues bien, cada vez que ponemos un arma en las manos de un policía, el poder de encarcelar en manos de un juez o una cámara de vigilancia en los ojos de un fiscalizador le damos un poder enorme a un ser humano para arruinar la vida de inocentes. No es distinto en este caso. Lo único diferente es que algunos legisladores se imaginan que esta vez pueden ser ellos los afectados. Bienvenidos a los dilemas de la seguridad.
Por Carolina Tohá, ex ministra del Interior.
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