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Esta entidad, que hoy se encuentra descabezada, fue creada en 2010 para prevenir irregularidades por parte de parlamentarios. Sin embargo, el marco regulatorio y el mecanismo de auditorías ya están consolidados, por lo que -a juicio de algunos legisladores- ya no se justificaría su existencia. De hecho, este consejo, cuyo presupuesto supera los $700 millones al año, solo se reunía esporádicamente.