Gran conmoción provocó el dictamen de la Contraloría General de la República sobre el informe presupuestario del proyecto de ley que termina con el Crédito con Garantía Estatal (CAE) y lo reemplaza por un nuevo sistema de financiamiento estudiantil (FES). Sin embargo, lo que parece un golpe de gracia es, en realidad, un salvavidas para la promesa de campaña más emblemática del gobierno.
El dictamen, que ratifica la alerta levantada por el Consejo Fiscal Autónomo, generó un sismo fiscal, pues obliga a considerar los recursos comprometidos en el FES como gasto fiscal y no como activos financieros. Ello sucede porque, al momento de entregar los beneficios, el Estado no tiene un derecho adquirido sobre las eventuales contribuciones posteriores de los beneficiarios. Esto impacta directamente el balance fiscal, poniendo en riesgo el cumplimiento de las metas de balance estructural y la sostenibilidad del proyecto.
Pero como dice el dicho, “lo que no mata te hace más fuerte”. El carácter formal de la objeción hace que la solución sea extremadamente fácil. Bastaría simplemente convertir el FES en un crédito contingente en el ingreso, que es precisamente el instrumento que recomiendan los expertos internacionales, como Nicholas Barr, Lorraine Dearden y Bruce Chapman, y que han participado del debate en nuestro país. ¿Por qué no hacerles caso? Además, tiene la gran ventaja de no ser un sistema sui géneris. Los créditos contingentes en el ingreso tienen la ventaja de existir en varias partes del mundo, teniendo excelentes resultados.
No es necesario inventar la rueda. Convertir el FES en un crédito tiene múltiples ventajas. Por una parte, sanea la contabilidad fiscal, pasando el financiamiento inicial a ser un activo. Por otra parte, además de mantener las condiciones favorables del FES para alumnos de bajas rentas futuras, tiene la ventaja de asegurar la misma tasa de interés para todos los deudores. Esto resguarda condiciones de pago equitativas, solucionando uno de los principales defectos del FES (en algunos casos el FES equivalía a un crédito con tasa de interés superior al 17% anual, lo que sin duda es un abuso). Además, incentiva el prepago, algo que era imposible con la concepción original del FES, favoreciendo las arcas fiscales. Finalmente, es perfectamente compatible con la eliminación de la banca, aspecto que la vocera del gobierno ha señado como el más importante a resguardar.
Ahora bien, la contabilidad no es el único ni el mayor de los inconvenientes del FES. El talón de Aquiles del proyecto tiene relación con la prohibición del copago de la diferencia entre el arancel regulado y el arancel real. Esta medida junto con la gratuidad significa una merma de recursos para las instituciones de educación superior adscritas a gratuidad de aproximadamente 250 millones de dólares anuales. A ello se deben sumar las instituciones que no están adscritas a la gratuidad, cuya matrícula corresponde a cerca de un tercio de la matrícula de educación superior. Se estima que la merma total de recursos podría superar los 450 millones de dólares, sin considerar el gasto fiscal que implicaría el aumento de estudiantes en gratuidad,
Son curiosas las vueltas de la vida. Si bien a primera vista el golpe propinado por la Contraloría pareciera ser perjudicial, tiendo a pensar que es un salvataje, pues tal como estaba concebido el FES no tenía posibilidad alguna de ser aprobado. Si el gobierno aprovecha esta oportunidad y convierte al FES en un crédito contingente en el ingreso y libera el copago, creo que se podría aprobar. Ahora solo queda esperar si el gobierno se aferrará a su vertiente dogmática, abandonando a los morosos del CAE, u optará por el pragmatismo y así cumplir con su promesa más emblemática.
Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP
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