Un nuevo frente judicial enfrenta el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, luego de que el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago recibiera una solicitud para decretar su arresto por presunto incumplimiento de una sentencia judicial relacionada con el despido injustificado de un exfuncionario municipal.
La petición fue presentada por el abogado del trabajador afectado y busca que el tribunal aplique medidas de apremio contra el jefe comunal por no cumplir con lo ordenado por la justicia. Entre las sanciones contempladas en la solicitud se incluye hasta dos meses de arresto o el pago de una multa equivalente a una Unidad Tributaria Mensual (UTM).
La acción judicial se enmarca en un procedimiento de cobranza laboral, mecanismo utilizado cuando una sentencia favorable a un trabajador no es ejecutada por la entidad condenada.
Nueva polémica en el municipio
El caso judicial se suma a otra controversia que afecta a la administración de Sichel en Ñuñoa: la situación del exadministrador municipal Tomás Fuentes.
Fuentes renunció el 3 de marzo de 2026 a su cargo luego de que se hiciera pública una condena por conducción en estado de ebriedad dictada en marzo de 2025 por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. La sentencia estableció 41 días de prisión, multa, suspensión de la licencia de conducir por dos años y la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el mismo período.
Sin embargo, tras su renuncia como administrador municipal, el alcalde Sichel firmó el Decreto Alcaldicio N° 299/2026 mediante el cual lo nombró director de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la municipalidad, un cargo de exclusiva confianza del alcalde.
La decisión generó críticas en el concejo municipal. El concejal Andrés Argandoña solicitó formalmente a la Contraloría General de la República pronunciarse sobre la legalidad del nombramiento, argumentando que Fuentes no habría cumplido la pena accesoria de suspensión de cargo público impuesta por la sentencia judicial y que, por lo tanto, podría existir una inhabilidad para ejercer funciones públicas.
En su presentación ante el organismo fiscalizador, el edil sostuvo que el funcionario continuó ejerciendo como administrador municipal durante el período en que debía cumplir la suspensión y que su posterior nombramiento como Dideco podría ser contrario a derecho y eventualmente nulo.
Presión política sobre el alcalde
La combinación de conflictos judiciales y administrativos ha aumentado la presión política sobre el jefe comunal. Concejales de la comuna ya anunciaron que seguirán recurriendo a instancias fiscalizadoras para revisar las decisiones adoptadas por la alcaldía.
Mientras el tribunal laboral analiza la solicitud de arresto por el incumplimiento de la sentencia, la Contraloría deberá determinar si el nombramiento de Fuentes se ajusta o no a la normativa vigente, lo que podría abrir un nuevo proceso administrativo dentro del municipio.
De confirmarse irregularidades, la situación podría derivar en nuevas responsabilidades administrativas para la actual administración municipal de Ñuñoa.
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