El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal contra un clan familiar dedicado a la comercialización mayorista de productos agrícolas, tras detectar delitos tributarios que habrían generado un perjuicio fiscal superior a los $4.704 millones entre los años 2022 y 2025.

La acción judicial fue interpuesta contra cuatro personas —un matrimonio y dos hermanos de la mujer— y contra “todos quienes resulten responsables”, luego de un proceso de fiscalización que permitió identificar el uso reiterado de facturas falsas para aumentar indebidamente el crédito fiscal de IVA.

El subdirector jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, explicó que los imputados actuaban como administradores de hecho, representantes legales, socios o gerente general de al menos 10 sociedades, a través de las cuales ejecutaron estas maniobras. En total, utilizaron 146 facturas falsas o sin respaldo documental para simular operaciones inexistentes, con el objetivo de evadir impuestos, conductas sancionadas por el artículo 97 N°4 del Código Tributario.

Según detalló el organismo, entre marzo de 2022 y diciembre de 2023 una de las sociedades del grupo declaró créditos fiscales asociados a 118 facturas falsas emitidas por cinco proveedores. Posteriormente, la misma estrategia fue replicada en otra empresa, que entre enero de 2024 y febrero de 2025 utilizó 28 facturas falsas adicionales. A ello se suman declaraciones mensuales de impuestos con créditos fiscales sin respaldo documental, detectadas mediante cruces de información del registro de compras y ventas.

La investigación también estableció que entre 2022 y 2025 nueve sociedades relacionadas con el clan emitieron documentación tributaria falsa, generando una cadena destinada a traspasar créditos fiscales de IVA a las dos sociedades principales del grupo. Estas empresas simulaban operaciones de compra y venta de productos agrícolas como maíz, trigo, avena y frutas deshidratadas.

Freyhoffer señaló que, tras analizar la trazabilidad de las operaciones —incluyendo capital, patrimonio, domicilios y activos—, el SII concluyó que las facturas electrónicas eran falsas y que el grupo familiar tenía pleno conocimiento de las irregularidades. Además, recordó que el organismo ya se había querellado contra este mismo clan en 2023 en la Región del Maule por delitos similares, causa que aún se mantiene desformalizada.