El Ciudadano
Han pasado varios días desde que el presidente José Antonio Kast anunció la creación de un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, decisión que continúa generando debate en el mundo político y académico. Mientras el Gobierno ha planteado la iniciativa como una herramienta para fortalecer la seguridad pública y sancionar conductas que afectan la convivencia ciudadana, expertos y representantes de la oposición han cuestionado tanto su viabilidad como sus fundamentos jurídicos.
Uno de los principales cuestionamientos provino del secretario ejecutivo del Frente Amplio (FA), Simón Ramírez, quien aseguró que la propuesta presenta serias inconsistencias respecto de su implementación y alcance.
“Hoy día tenemos un embrollo, un enredo, una propuesta que no tiene coherencia interna. No sabemos quién la aplica, no sabemos si está sujeto a la estructura burocrática del Poder Judicial, no sabemos quién decide la sanción, porque al parecer ni siquiera son tribunales los que estarían decidiendo la pérdida de beneficios sociales de las personas”, afirmó Ramírez, en conversación con el programa “Punto de Encuentro” de BioBio TV.
El dirigente del FA también cuestionó la amplitud de las conductas que serían incorporadas en el registro.
“Hay una propuesta que mezcla homicidios calificados con rayados de muros y eso nos parece que no tiene ningún sentido”, señaló, descartando además un eventual respaldo de su partido a la iniciativa. “¿El Frente Amplio lo apoyaría? No, para nada”, agregó.
Las críticas también alcanzan al ámbito técnico. Pedro Carvallo, académico e investigador del Observatorio Social de la Universidad del Alba, sostuvo en el mismo espacio televisivo, que existen importantes interrogantes respecto de la ejecución práctica del registro.
¿Es una buena política pública? “La respuesta es no. Hay tres problemas principales del registro. Uno, que es difícil de llevarlo a cabo. Algo que está ausente es quién va a estar a cargo de eso. ¿Los carabineros van a registrar a los vándalos cuando están ejerciendo labores cotidianas en la calle?”, planteó.
El investigador advirtió además que la evidencia disponible no respalda la efectividad de este tipo de medidas para prevenir delitos.
“Si se logra tener efectivamente un registro de vándalos, la efectividad que pueda tener como efecto disuasorio del delito es bastante baja según la evidencia. Los expertos en temas de seguridad y crimen se cansan de decirlo, pero la política tiende a no escuchar mucho esto porque lo contrario vende”, afirmó.
El debate se produce luego de que el Ejecutivo anunciara que quienes integren este registro podrían enfrentar restricciones para acceder a determinados beneficios estatales, una medida que ha abierto cuestionamientos respecto de las garantías procesales, la proporcionalidad de las sanciones y la constitucionalidad de la propuesta.
A la espera de que el Gobierno entregue mayores detalles sobre el funcionamiento del sistema, las críticas apuntan a la necesidad de precisar quién administrará el registro, cuáles serán los criterios de incorporación y qué mecanismos de apelación tendrán las personas afectadas.
El programa “Punto de Encuentro” se emite cada domingo a las 11 de la mañana, por las pantallas de Bio Bio TV, con la conducción del periodista Julio Sánchez.
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