El Ciudadano
Por Francisco Arellano Rojas
La semana pasada se aprobó en el Senado en general y por estrecho margen la megarreforma propuesta por el gobierno de Kast. La próxima semana se votarán sus contenidos más polémicos, algunos de los cuales se podrían aprobar por un solo voto. Incluso más allá de la discusión sobre sus contenidos, este dato plantea una pregunta de fondo: ¿qué ocurre cuando decisiones de impactos profundos y duraderos se toman con márgenes tan estrechos?
El futuro no está escrito, pero la investigación académica acumulada por décadas ofrece luces al respecto. Una de ellas, Por qué fracasan las naciones de Acemoglu y Robinson, intenta responder la pregunta de ¿por qué algunos países prosperan y otros no? La respuesta que encontraron, después de comparar decenas de casos históricos, es que la diferencia está en las instituciones. Las naciones prosperan cuando sus instituciones son inclusivas, es decir, cuando distribuyen el poder político y económico de manera suficientemente amplia como para que nadie pueda capturarlas en beneficio propio. Fracasan cuando sus instituciones son extractivas: cuando una élite logra controlarlas para extraer riqueza del resto de la sociedad.
No hace falta forzar mucho el argumento para que esa distinción aterrice en el debate que el Congreso chileno está teniendo estas semanas.
El Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional incluye una reintegración tributaria cuyo costo, según datos del propio Ministerio de Hacienda, es capturado en un 51% por el 0,25% de los contribuyentes de mayores ingresos. Les garantiza a las empresas invariabilidad fiscal por 25 años mediante contrato con el Estado, sin exigirles a cambio ninguna obligación de conducta. Elimina los principales mecanismos administrativos a través de los cuales comunidades y personas afectadas por proyectos de inversión podían cuestionar permisos ilegales. Y está a punto de ser aprobado en el Senado por un voto de diferencia.
Ese último dato es el que debería alarmar más allá de la contingencia. No porque un voto de diferencia sea ilegítimo en términos procedimentales, sino porque una reforma de esta magnitud aprobada con ese margen tiene exactamente las características que Acemoglu y Robinson identifican en los momentos en que las instituciones extractivas se consolidan: una élite económicamente poderosa que logra capturar el aparato del Estado para blindar su posición, con la resistencia apenas suficiente para que el resultado dependa de un factor fortuito.
El ciclo vicioso que describen funciona así: quienes capturan las instituciones usan ese control para diseñar las reglas a su favor, lo que refuerza su posición y les permite seguir controlando las instituciones.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, el problema tiene un nombre técnico. Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos establecen que cuando el Estado otorga apoyos sustanciales a empresas, debe también exigirles debida diligencia en materia de derechos humanos. Lo que el proyecto hace es exactamente lo contrario: a 25 años de certeza fiscal para las empresas más grandes del país no corresponde ninguna obligación de identificar, prevenir ni reparar impactos sobre trabajadores, comunidades o medio ambiente. El Estado garantiza, pero no exige.
Lo que los estándares internacionales piden, en el fondo, es coherencia. Que una reforma tributaria de esta envergadura sea diseñada teniendo presente no solo su impacto fiscal sino también sus efectos sobre los derechos de las personas. Esa coherencia requiere tiempo, negociación y acuerdos suficientemente amplios como para que distintos intereses queden representados en el diseño final. Una reforma aprobada por un voto, en tramitación acelerada y sin negociación transversal, no puede satisfacer ese estándar por definición: refleja la voluntad de una mayoría mínima, no un equilibrio de intereses.
Hay algo que Acemoglu y Robinson documentan con insistencia a lo largo de su libro: las instituciones extractivas no se instalan de golpe. Se instalan gradualmente, a través de decisiones que en cada momento parecen justificadas por alguna urgencia, y que van acumulando poder en manos de quienes ya lo tienen. El ciclo vicioso que describen funciona así: quienes capturan las instituciones usan ese control para diseñar las reglas a su favor, lo que refuerza su posición y les permite seguir controlando las instituciones. Romper ese ciclo requiere, precisamente, que las decisiones más importantes se tomen con acuerdos suficientemente amplios como para que ningún grupo particular pueda imponer sus intereses sobre los demás.
Un voto de diferencia en el Senado no es eso.
Por Francisco Arellano Rojas
Coordinador de Incidencia de Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas.
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