Sin trabajo y sin ahorros: el impacto de los embargos por deuda CAE que desatan controversia

Como probablemente habría pensado cualquier persona en una situación similar, Hugo creyó en un primer momento que había sido víctima de una estafa. Sin embargo, al revisar la aplicación de su banco y descubrir que su cuenta registraba un saldo de cero pesos, abandonó la fila del supermercado para intentar entender con más calma lo que estaba ocurriendo.

Al revisar los movimientos de su cuenta, detectó un retiro identificado con la sigla «RET CNV TGR«. Sin comprender qué significaba ni por qué se había realizado el cargo, se comunicó con su banco. Allí le informaron que no se trataba de una estafa, pero que no podían entregarle mayores antecedentes sobre la operación.

Una vez superado el impacto inicial, Silva comenzó a atar cabos. Por las siglas involucradas y el monto retenido, sospechó que el movimiento podía estar relacionado con una deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE). Tras encontrar en internet testimonios de personas que relataban situaciones similares, sus sospechas fueron tomando fuerza. Días después, luego de contactar directamente a la Tesorería General de la República (TGR), obtuvo la confirmación: los fondos habían sido retenidos en el marco de un proceso de cobro asociado a su deuda estudiantil.

Más de $2,6 millones retenidos en plena cesantía

Uno de los aspectos más llamativos del caso de Hugo Silva es que, al igual que varios de los testimonios que han circulado en redes sociales durante los últimos días, no cumpliría con el perfil de deudores que, según lo informado inicialmente por las autoridades, serían objeto de estas medidas.

La primera etapa de los embargos estaba dirigida a personas con ingresos superiores a los $5 millones mensuales. Sin embargo, Silva asegura que nunca ha percibido una remuneración cercana a esa cifra y que, al momento de la retención de fondos, tanto él como su pareja se encontraban sin trabajo.

En conversación con El Ciudadano, relató que su pareja lleva nueve meses cesante y que él perdió su empleo hace tres. Además, explicó que el dinero fue retenido desde una cuenta corriente sin línea de crédito, donde mantenían los ahorros familiares destinados a enfrentar períodos de inestabilidad laboral, una situación frecuente debido a la naturaleza esporádica de los trabajos que realizan en regiones.

Según su testimonio, la retención alcanzó la totalidad de los fondos disponibles en la cuenta: $2.603.000. Se trataba, afirma, de recursos que habían reservado precisamente para afrontar momentos de escasez laboral y garantizar el sustento de su familia, incluyendo a sus dos hijos pequeños.

Pero el embargo no terminó ahí. Días después, Hugo ingresó a una cuenta bancaria que prácticamente no utilizaba y descubrió que también se habían descontado fondos desde su línea de crédito. En total, fueron retirados $71.276 adicionales, elevando el monto total retenido a $2.674.276.

Respecto de las notificaciones enviadas por la Tesorería General de la República, Silva asegura que recibió el primer correo masivo enviado en abril de este año. Sin embargo, señala que una segunda comunicación llegó directamente a la carpeta de spam. Si bien reconoce haber visto el primer mensaje, afirma que, tras escuchar declaraciones de autoridades que apuntaban a deudores con ingresos superiores a los $5 millones mensuales, asumió que no formaba parte del grupo afectado por las medidas. Además, sostiene que nunca recibió llamados telefónicos ni notificaciones físicas relacionadas con el proceso.

En cuanto a su deuda, relata que actualmente asciende a cerca de $11 millones. Tras egresar de la universidad, pagó el crédito durante siete años mientras mantuvo un empleo estable. Según estima, en ese período desembolsó alrededor de $8 millones. Sin embargo, cuestiona la falta de información disponible para los deudores respecto de la evolución de sus obligaciones. «Uno sabe cuánto pidió y cuánto debe, pero no tiene acceso al detalle de cómo se construye esa deuda», afirma.

Sobre las consecuencias que tuvo el embargo, Silva reconoce que lo primero que sintió fue impotencia. «Cuesta entender cómo un gobierno puede tener y ejercer la voluntad de meterse en tu cuenta personal sin un aviso o un proceso con un juez o tribunal, más allá de un correo. Como ciudadano veo noticias de perdonazos a empresas que evaden o se coluden casi todos los años, y eso me hace sentir no solo impotencia, sino también vulnerable», declara.

El impacto también se ha hecho sentir en su vida cotidiana. Hugo vive en Linares, pero debido a la falta de empleo tuvo que trasladarse temporalmente a Santiago para trabajar como conductor de aplicaciones. Actualmente reside junto a sus padres, mientras su pareja y sus hijos permanecen en la Región del Maule.

Asimismo, asegura que solo gracias al apoyo de su familia ha logrado mantenerse al día con el crédito hipotecario, otras obligaciones financieras y los gastos diarios de su hogar.

«En lo personal me afecta económicamente, pero tengo redes de apoyo para arreglármelas por un tiempo. Lo que más me genera angustia es la incertidumbre sobre las próximas medidas que pueda tomar el Gobierno, como que me embarguen la casa. También me afecta saber que hay personas en situaciones mucho más complejas que la mía: familias monoparentales o deudores con problemas graves de salud. Son casos que me ha tocado conocer como parte de la Coordinadora Nacional de Deudores CAE», concluye.

Una medida que encendió las alarmas

La decisión de la Tesorería General de la República (TGR) de iniciar embargos contra deudores morosos del CAE abrió una nueva controversia en torno al crédito estudiantil. En los últimos días, decenas de personas denunciaron que sus cuentas bancarias fueron retenidas o embargadas, quedando sin acceso a parte o la totalidad de sus fondos.

Las medidas, impulsadas por el Gobierno como parte de una estrategia para recuperar deudas impagas, generaron cuestionamientos desde distintos sectores. Entre ellos, diputados del Frente Amplio solicitaron explicaciones sobre los criterios utilizados para los embargos y advirtieron sobre casos de personas que habrían quedado sin recursos para cubrir gastos básicos.

De las redes sociales a la discusión pública

Estos últimos días tanto internet como los portales de noticias se llenaron de personas afectadas por la medida denunciando haber sufrido retenciones desde sus cuentas bancarias, tanto de ahorro, como corriente y vistas.

De hecho, una de las personas afectadas fue Benjamín “Pollo” Castillo, quien reveló en el programa Al Borde de Once Stream que la Tesorería General de la República embargó todos los fondos que mantenía en su cuenta bancaria debido a una deuda asociada al CAE.

El influencer contó que descubrió la situación mientras intentaba realizar una transferencia durante una grabación y encontró su cuenta en cero. Inicialmente pensó que se trataba de un robo o hackeo, pero luego comprobó que el movimiento estaba identificado como un “embargo judicial”.

En el espacio, Castillo aseguró que terminó pagando más de $20 millones relacionados con el Crédito con Aval del Estado, cifra que atribuyó al costo de su carrera, el tiempo adicional que demoró en titularse y los años de morosidad. Además, afirmó que siempre supo de la existencia de la deuda, pero sostuvo que nunca recibió una advertencia formal antes del embargo. Según relató, incluso sus ahorros en dólares fueron retirados, lo que finalmente permitió saldar por completo la deuda pendiente.

Casos como el de Castillo se han multiplicado en redes sociales, donde diversos deudores del CAE han denunciado embargos que dejaron sus cuentas sin fondos. La situación ha generado preocupación entre quienes mantienen deudas vigentes, algunos de los cuales han optado por retirar sus ahorros de las cuentas bancarias para evitar eventuales retenciones.

Qué informó la TGR sobre los embargos

Ya el 23 de abril la TGR anunciaba el inicio de los embargos y retenciones de bienes financieros a los deudores del CAE con ingresos mensuales superiores a los $5 millones que, pese a haber sido notificados previamente, no regularizaron su situación.

Las medidas anunciadas por la entidad incluían la retención de fondos en cuentas bancarias, depósitos a plazo, fondos mutuos y otros instrumentos financieros, además de bienes como vehículos o propiedades.

Según la institución, esta primera etapa abarcó 1.340 casos a nivel nacional. La TGR sostuvo que las acciones de cobro permitieron recaudar más de $20 mil millones durante 2026, mientras que solo en abril se regularizaron más de 7.500 convenios asociados al CAE, generando ingresos superiores a $8.400 millones. Asimismo, los deudores con rentas sobre los $5 millones realizaron pagos por más de $2.400 millones fuera de los convenios establecidos.

Más allá de los ingresos: quiénes están siendo afectados

Desde la Coordinadora Nacional de Deudores CAE sostienen que las denuncias conocidas durante las últimas semanas reflejan una problemática que llevan años intentando visibilizar.

«Como Coordinadora Nacional de Deudores CAE nuestro trabajo se ha enfocado principalmente en visibilizar la realidad que viven miles de personas endeudadas por estudiar, poniendo el CAE y sus cobros abusivos e injustos en el centro de la discusión pública», señalaron.

Asimismo, indicaron que han impulsado propuestas para abordar el problema de fondo y que actualmente se encuentran articulando acciones con federaciones estudiantiles y otras organizaciones sociales para exponer los efectos que, a su juicio, ha tenido el sistema de financiamiento estudiantil sobre miles de familias.

Respecto de las situaciones que han conocido en las últimas semanas, afirman que existe una amplia variedad de casos. «Desde personas que fueron embargadas sin notificación previa; personas notificadas cuyo embargo aún no se concreta; casos de personas que no estarían dentro de los tramos de ingresos que supuestamente serían objeto de estas medidas; e incluso personas que aún no han sido embargadas, pero que viven con la incertidumbre permanente de no saber si serán las próximas afectadas», señalaron.

Además, advirtieron que existe una problemática relacionada con los convenios de pago ofrecidos a los deudores. Según explican, en muchos casos los montos adeudados han alcanzado niveles tan elevados que las cuotas y pagos iniciales exigidos resultan inalcanzables para gran parte de las personas afectadas. Incluso quienes podrían asumir esos compromisos, sostienen, muchas veces deben sacrificar gastos esenciales para hacerlo.

«El cálculo no considera adecuadamente la realidad económica de las familias, sino principalmente el monto acumulado de una deuda que se ha vuelto excesiva por años de intereses y reajustes», explican desde la organización.

A ello se suma, afirman, la falta de trazabilidad de la deuda. Según la Coordinadora, muchas personas no logran comprender cómo se calcula el monto que actualmente se les cobra.

«Los saldos cambian constantemente, existen intereses, reajustes y distintos actores involucrados, pero no hay una cartola clara y comprensible que permita reconstruir la historia completa de la deuda. Incluso cuando una persona suscribe un convenio de pago, muchas veces descubre que no está abonando al total adeudado, sino solo a una parte, mientras el saldo restante continúa generando intereses y reajustes», agregan.

Desde la organización señalan que, pese a la diversidad de casos, existen elementos comunes que se repiten entre los afectados, principalmente la incertidumbre, el temor y una profunda sensación de indefensión. Incluso aseguran haber conocido situaciones extremas de personas que han manifestado pensamientos suicidas al verse asfixiadas por una deuda que se suma a otras obligaciones económicas propias de la vida cotidiana.

Por ello, la Coordinadora Nacional de Deudores CAE impulsa cuatro demandas urgentes: detener los embargos que, a su juicio, ponen en riesgo la subsistencia de las familias; terminar con los reajustes asociados a la UTM; garantizar mayor transparencia y trazabilidad sobre el cálculo de las deudas; y establecer mecanismos de pago proporcionales a la capacidad económica real de los deudores y sus hogares.

Respecto de las consecuencias de las retenciones o embargos, desde la Coordinadora Nacional de Deudores CAE advierten que el impacto va mucho más allá de lo financiero. Señalan que han conocido casos de personas a quienes se les han retenido recursos que no correspondían a salarios, como ahorros o dinero obtenido por la venta de un vehículo, además de situaciones de trabajadores independientes y personas cesantes cuyos ingresos actuales no reflejan su realidad económica.

La organización sostiene que muchos afectados ya enfrentan presupuestos ajustados por arriendos, gastos de salud, manutención de hijos y otras deudas, por lo que una retención puede comprometer seriamente el pago de necesidades básicas. Asimismo, aseguran que la falta de claridad sobre el monto real de las deudas y los efectos de los convenios de pago genera frustración, incertidumbre y altos niveles de estrés entre quienes intentan regularizar su situación.

Por otro lado, tanto la Coordinadora Nacional de Deudores del CAE como Fundación SOL sostienen que los casos conocidos hasta ahora muestran un universo más diverso que el inicialmente anunciado por la autoridad.

Benjamín Sáez, investigador de Fundación SOL, señaló que los perfiles de las personas afectadas son diversos y que no basta con observar únicamente el nivel de ingresos para comprender el impacto de estas medidas.

Según explicó, si bien una parte importante de los casos conocidos corresponde a personas con ingresos cercanos o superiores a los $5 millones mensuales —e incluso a quienes quedaron incluidos en la ampliación del criterio a rentas cercanas a los $3,5 millones—, también se han reportado situaciones de personas con remuneraciones considerablemente menores.

«En su mayoría, las personas afectadas presentan una amplia diversidad, considerando que cada una pertenece a un hogar con características distintas. La información sobre el ingreso es un elemento, pero también hay que considerar la complejidad y composición de esos hogares», afirmó.

En esa línea, advirtió que ya se han conocido casos de deudores con ingresos del orden de $1,5 millones o $2 millones mensuales, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de analizar estas situaciones considerando no solo los ingresos individuales, sino también las cargas económicas y familiares que enfrenta cada persona.

Sáez sostuvo que, más allá de los ingresos de cada persona, es importante considerar que quienes hoy mantienen deudas asociadas al CAE enfrentan una presión económica significativa. A su juicio, la discusión también debería incorporar la responsabilidad que han tenido el Estado y la banca en el funcionamiento del sistema.

En esa línea, señaló que la educación financiada mediante el CAE no puede ser entendida como un bien de consumo cualquiera, ya que no se trata de un activo tangible o transferible, sino de una inversión en formación y capital humano que también genera beneficios para el conjunto de la sociedad.

Asimismo, recordó que actualmente el principal acreedor de gran parte de estas deudas es el propio Estado, luego de que el Fisco adquiriera una parte importante de los créditos originalmente otorgados por la banca. Por ello, cuestionó la intensidad de las medidas de cobro aplicadas a los deudores y planteó que el debate debiera considerar tanto la responsabilidad pública en el diseño del sistema como las condiciones en que se exige actualmente el pago de estas obligaciones.

«Resulta llamativo el nivel de presión económica que se ejerce sobre los hogares para el pago de esta deuda, considerando que la banca tuvo asegurada la restitución de los fondos e incluso recibió sobreprecios por parte del Estado», afirmó.

El impacto económico de los embargos

Por otro lado, desde Fundación Sol, el investigador Benjamín Sáez, advirtió que las retenciones y embargos pueden tener consecuencias significativas para hogares que ya enfrentan altos niveles de endeudamiento. Según explicó, en Chile una de cada cuatro personas mayores de 18 años mantiene al menos una deuda morosa y más de la mitad de los hogares registra algún tipo de endeudamiento. En ese contexto, sostienen que la retención de ingresos puede afectar el pago de gastos básicos como alimentación, transporte, servicios esenciales e incluso otras obligaciones financieras, aumentando el riesgo de morosidad y deterioro económico de las familias.

Tal como refleja el caso de Hugo Silva, el embargo de fondos puede tener efectos que trascienden al deudor individual. En su caso, la retención de más de $2,6 millones significó que él y su familia quedaran sin los ahorros que habían acumulado para subsistir durante un período de cesantía que afectaba a ambos adultos del hogar.

“La retención de ingresos puede tener graves consecuencias, tanto para el consumo del hogar y la cobertura de servicios básicos, alimentación, vestuario y transporte, como también para el pago de otras deudas. Con ello, esta decisión potencialmente puede aumentar la morosidad o generar una situación más grave de mora permanente en los hogares”, agregó Sáez al respecto.

¿Cómo funciona el mecanismo y por qué genera controversia?

La Tesorería General de la República sostiene que las acciones de cobro aplicadas a deudores del CAE forman parte de las facultades que la ley le otorga para recuperar recursos fiscales adeudados al Estado. Según ha explicado el organismo, una vez que el crédito entra en mora y es asumido por el Fisco en su calidad de aval, la deuda puede ser perseguida mediante procedimientos de cobranza que incluyen retenciones y embargos sobre bienes y activos financieros.

Sin embargo, la aplicación de estas medidas ha abierto un debate que va más allá de la facultad de cobrar. Mientras el Gobierno defiende la legalidad de los procedimientos y asegura que existieron oportunidades previas para regularizar las deudas, organizaciones de deudores y parlamentarios han cuestionado los criterios utilizados para los embargos y advertido sobre casos de personas que habrían quedado sin recursos para cubrir gastos básicos.

La controversia también llegó al ámbito judicial. Semanas antes de que se conocieran las denuncias, un grupo de deudores recurrió al Tribunal Constitucional argumentando que el Estado estaría utilizando mecanismos de cobranza tributaria para perseguir una deuda que, a su juicio, tiene carácter civil. A ello se sumó la ofensiva impulsada por parlamentarios de oposición para limitar o revisar los embargos sobre cuentas bancarias, en medio de cuestionamientos sobre el impacto que estas medidas pueden tener en los ingresos y ahorros de los afectados.

La respuesta del Gobierno ante las críticas

Cabe recordar que la condonación del CAE fue una de las principales promesas que quedaron pendientes del gobierno anterior. Sin embargo, con la llegada de José Kast a La Moneda, esa posibilidad quedó definitivamente descartada. Lejos de avanzar hacia algún mecanismo de alivio o reducción de la deuda, la nueva administración optó desde sus primeros meses por endurecer la política de cobranza contra quienes mantienen obligaciones impagas asociadas al crédito estudiantil.

Con la alarma ya instalada entre los deudores del CAE y mientras se acumulaban denuncias de personas que aseguran haber sufrido el embargo total de los fondos de sus cuentas —incluyendo casos de afectados que sostienen no cumplir con los requisitos establecidos para la medida—, el presidente José Kast abordó la polémica durante un punto de prensa en Tocopilla.

En la instancia, defendió los embargos aplicados por la TGR y afirmó que los deudores habían contado previamente con oportunidades para regularizar su situación.

Por otro lado, frente a las denuncias de deudores que aseguran que sus cuentas quedaron sin fondos, Kast planteó que cada caso debe revisarse individualmente para determinar si las personas fueron notificadas, conocían su deuda o tuvieron la posibilidad de acercarse a la Tesorería para renegociarla.

Asimismo, afirmó que el no pago del CAE reduce los recursos disponibles para financiar otras políticas públicas, entre ellas la educación de la primera infancia, y reiteró que quienes mantengan deudas podrán seguir accediendo a instancias de renegociación con el Estado.

Por su lado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que conversará con la TGR a raíz de las denuncias de deudores del CAE que afirman haber sido embargados pese a tener ingresos inferiores a $3,5 millones mensuales. Aunque defendió la política de cobranza impulsada por el Gobierno, reconoció que esos casos deberán ser revisados para evaluar si corresponde aplicar una solución diferente.

Asimismo, destacó que cerca de 30 mil personas ya han reprogramado sus deudas y que menos de 1.500 han sido objeto de embargos. Sin embargo, pese a las denuncias que se han multiplicado en los últimos días, reiteró que el Ejecutivo mantendrá la estrategia de cobranza y llamó a los deudores a regularizar su situación mediante convenios de pago.

Desde la vereda de Educación, la ministra María Paz Arzola también salió en defensa de los embargos aplicados a deudores del CAE, asegurando que las medidas fueron precedidas por múltiples instancias de notificación y oportunidades para regularizar las deudas.

En entrevista con Mesa Central de T13, sostuvo que «hubo muchos avisos previos» y que los afectados también pudieron acceder a convenios de pago antes de que se iniciaran las acciones de cobranza.

La secretaria de Estado atribuyó parte de la actual morosidad a las expectativas generadas durante años en torno a una eventual condonación del CAE, afirmando que ello incentivó a muchas personas a dejar de pagar. Además, señaló que el nivel de deuda acumulada vuelve «insostenible» el financiamiento del sistema y resta recursos que podrían destinarse a ayudas estudiantiles y otras políticas públicas.

Respecto de las denuncias por el vaciamiento de cuentas bancarias, Arzola sostuvo que los embargos están dirigidos principalmente a deudores con rentas más altas e insistió en que quienes tengan menores ingresos deben acercarse a regularizar su situación para evitar este tipo de medidas. Asimismo, remarcó que el Estado cuenta con facultades de cobranza más amplias que las instituciones financieras privadas y defendió la necesidad de «hacer cumplir la ley».

Más allá de las explicaciones entregadas por el Gobierno y la Tesorería General de la República, la controversia sigue creciendo. Mientras las autoridades defienden los embargos como una herramienta legítima para recuperar recursos públicos, organizaciones de deudores y expertos advierten que los casos conocidos hasta ahora muestran realidades más complejas que las inicialmente descritas.

Para personas como Hugo Silva, la discusión trasciende los aspectos administrativos o legales. Con sus ahorros retenidos y enfrentando un período de cesantía junto a su pareja, asegura que la principal preocupación hoy es la incertidumbre. Una sensación que, según la Coordinadora Nacional de Deudores CAE, comparten cientos de personas que temen convertirse en las próximas afectadas por estas medidas.

El Ciudadano.

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