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SEÑOR DIRECTOR:

El Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre, recientemente publicado, contiene una novedad que merece destacarse antes de mirar las cifras de mediano plazo. Por primera vez se pone sobre la mesa, de manera explícita, la distancia entre la meta fijada en el Decreto de Política Fiscal y la trayectoria de gasto que el Estado ya tiene comprometida. Durante buena parte de la última década, lo habitual era enterarnos de un desvío fiscal ex post, una vez cerrado el ejercicio y ya incumplida la meta. El IFP2T26 invierte esa lógica y sincera la brecha en tiempo real, antes de que el desvío se materialice, un ejercicio de transparencia valioso.

Esa misma transparencia permite responder, con datos y no con conjeturas, si es factible cumplir la meta fiscal 2027-2030. El informe muestra que el gasto ya comprometido supera, en los cuatro años del período, el nivel compatible con la meta, con holguras negativas de entre -0,2 y -0,5 puntos del PIB anuales, que, de no cerrarse, llevarían la deuda bruta sobre el 45% del PIB ya en 2029. Esa cifra evidencia un desafío real, que exige disciplina sostenida. Ello no es menor: Chile lleva tres años consecutivos incumpliendo su meta de Balance Estructural, con un desvío que en 2025 superó los 2 puntos del PIB.

Dado que buena parte del esfuerzo de ajuste requerido se concentra en 2028 y 2029, años que coinciden con el ciclo de elecciones, donde la disciplina de gasto tiende históricamente a debilitarse, conviene recordar que la sanidad de las finanzas públicas no beneficia a un gobierno en particular, sino al país en su conjunto: la responsabilidad fiscal, y la credibilidad de la regla que la sostiene, es ante todo una política de Estado.

Cristina Torres Delgado

Directora Centro de Políticas Públicas

Universidad San Sebastián