El Ciudadano
Declaración Pública
«Como Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Asociación Patrimonial Cultural de Los Ríos (APC) venimos a manifestar nuestra profunda preocupación frente a la crisis de gestión institucional que ha afectado durante los últimos años a esta institución, situación que ha derivado en conflictos laborales, denuncias, procesos judiciales, enfermedades laborales dictaminadas por la SUSESO y una creciente pérdida de confianza en la conducción de la institución.
Como organización sindical hemos advertido reiteradamente, a través de distintos canales institucionales, sobre el progresivo deterioro del clima laboral, la falta de diálogo efectivo y la necesidad de corregir prácticas de gestión que han afectado gravemente a los equipos de trabajo y al funcionamiento de la institución durante los últimos años. Lamentablemente, estas alertas no fueron atendidas con la seriedad ni la urgencia que la situación requería, permitiendo que los problemas se profundizaran hasta configurar la crisis que hoy enfrenta la Asociación.
La reciente salida del Director Ejecutivo no puede ser entendida como un hecho aislado ni como una mera reorganización administrativa. Ocurre en un contexto marcado por una sentencia judicial confirmada por la Corte de Apelaciones de Valdivia que acreditó vulneración de derechos fundamentales, acoso laboral y afectación a la integridad psíquica de una ex trabajadora, así como por diversos conflictos laborales y procesos judiciales que se han acumulado durante los últimos años.
A ello se suman decisiones que marcaron profundamente a nuestra organización, como la desvinculación de una trabajadora mientras enfrentaba un tratamiento contra el cáncer y el despido anticipado del director artístico Hugo Navarro, seleccionado mediante concurso público, respecto del cual hoy existen cuestionamientos sobre los antecedentes utilizados para justificar su salida. Su gestión fue ampliamente valorada por trabajadores y trabajadoras, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de los equipos de trabajo y al adecuado funcionamiento de la institución en un contexto particularmente complejo.
También creemos que esta crisis no es responsabilidad exclusiva de una persona. El Directorio y la Comisión de Procesos Internos deben asumir su responsabilidad por haber respaldado o permitido decisiones que contribuyeron al deterioro institucional y laboral que hoy afecta a la Asociación.
A su vez, nos preocupa especialmente que existan voces que intenten reducir esta situación a una evaluación de resultados programáticos o de gestión. La cultura regional no puede construirse a costa de los derechos de quienes la hacen posible.
Ninguna programación, actividad o éxito institucional puede justificar el maltrato, el deterioro de la salud mental de los trabajadores o la vulneración de derechos fundamentales.
Por eso exigimos transparencia, revisión de las decisiones adoptadas durante la administración saliente, procesos de selección basados en el mérito y una profunda reforma de la gobernanza institucional.
La comunidad cultural y la ciudadanía merecen saber que detrás de esta crisis existen personas que sufrieron sus consecuencias. Esperamos que este momento marque el inicio de cambios reales y no simplemente el reemplazo de una autoridad.»
Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la APC – TRC.
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