La Contraloría General de la República detectó una serie de deficiencias en el proceso de adquisición de terrenos por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) 2022-2025 durante la administración del Presidente Gabriel Boric, advirtiendo incumplimientos normativos, sobreprecios y falta de planificación en la ejecución de la política pública.

De acuerdo con el Informe Final N° 421, uno de los principales problemas es que no se dictó el reglamento exigido por la ley para regular la compra de suelos, el cual debía establecer criterios mínimos de localización, tasación y rangos de precios. Este instrumento debía haber sido promulgado en 2022, situación que, según el órgano contralor, constituye un incumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, el análisis evidenció que, a nivel nacional, la superficie de suelo adquirida supera en un 61,33% la meta establecida en el plan. Sin embargo, esta sobreejecución no responde a una adecuada planificación territorial: mientras en algunas regiones —como Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Los Lagos, Aysén, Magallanes y Arica y Parinacota— se compraron terrenos sin que fueran necesarios, en otras —como Antofagasta, O’Higgins, Maule, Biobío y la Región Metropolitana— no se alcanzaron las metas proyectadas.

El informe también advierte que en seis de los 25 casos analizados se detectaron sobreprecios, duplicándose el valor referencial del metro cuadrado de terreno, con cifras que alcanzan entre 11,43 y 19,14 UF/m². La ausencia de parámetros claros para la fijación de precios, según Contraloría, incrementa el riesgo de uso ineficiente de los recursos públicos.

Otro hallazgo relevante apunta a que en 16 de los 25 terrenos revisados no existe un proyecto habitacional asociado, pese a que algunos de ellos fueron adquiridos hace más de tres años. Esto, a juicio del organismo, contradice el carácter de urgencia del plan, cuyo objetivo es reducir el déficit habitacional en el corto plazo.

En esa línea, se cuestiona que parte de las compras hayan sido justificadas por la Subsecretaría como una “reserva estratégica” para futuros proyectos, lo que no se ajusta al enfoque del PEH, centrado en atender de manera inmediata a las familias más vulnerables.

Frente a estos antecedentes, Contraloría instruyó a la Subsecretaría de Vivienda adoptar medidas correctivas, incluyendo la implementación de mecanismos de priorización en la compra de terrenos, la definición de criterios claros y la aceleración en el uso efectivo de los suelos adquiridos.

Además, el organismo ordenó iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas y exigió reportar avances en un plazo de 60 días hábiles a contar desde el 13 de abril.

Finalmente, el informe concluye que las observaciones detectadas no se condicen con el carácter de emergencia del plan habitacional, advirtiendo la necesidad de fortalecer la planificación, control y ejecución de la política pública en materia de vivienda.