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SEÑOR DIRECTOR:

En su columna “Gremialismo y organizaciones de protesta”, Pablo Ortúzar intenta dar sustento racional, y no de intereses, a la crítica de su sector a la sociedad civil que interpela el modelo de desarrollo vigente.

Alude al gremialismo de Jaime Guzmán, quien impulsó la despolitización de los “grupos intermedios de la sociedad”, que es todo ese abanico de agrupaciones humanas entre el individuo y el Estado. Cuestiona así las organizaciones pro medio ambiente, pueblos indígenas y mujeres, ya que serían afines a la izquierda y, por tanto, sus eventuales movilizaciones ilegítimas en el gobierno de Kast.

La parcialidad de esta tesis es notoria.

Primero, fueron múltiples las organizaciones socioambientales e indígenas que con mirada de bien común cuestionaron duramente las políticas del gobierno de Boric en salmonicultura, litio, salares, H2V, sitios prioritarios, ECMPO y minería.

Y si de politización se trata, pecó de mezquino. Obvió Ortúzar el rol protagónico de las empresas (también grupos intermedios) en las campañas electorales de las facciones en que se disgrega la derecha. En septiembre de 2025, TVN consignaba que Kast, Kaiser, UDI, Matthei recibían casi $ 5.000 millones en aportes privados, mientras Jara y sus aliados no llegaban a los $ 2.000 millones. Tampoco recuerda la carta abierta del empresariado llamando a los candidatos derechistas a la Presidencia y el Congreso a acercar posiciones poniendo “a Chile primero”.

Que no estén de acuerdo con el trabajo de ciertas organizaciones socioambientales y de derechos de pueblos indígenas es válido y parte de la democracia. Lo que no es honesto es construir un relato que las deslegitima cuando sólo cumplen el rol de interés público y de subsidiariedad del Estado que ampara la Constitución que ellos mismos buscan perpetuar.

Patricio Segura Ortiz

Director Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén