El exministro de Hacienda, Mario Marcel, ahondó en la política de despidos de funcionarios públicos que presentó el Gobierno, tras el acuerdo de reajuste del público para 2026.
Desde la oposición se ha reprochado con firmeza dicho punto, al que consideran una “Ley de Amarre”. Por su parte, desde el Ejecutivo desmintieron tal afirmación y aseguraron que la medida tiene por fin “evitar arbitrariedades” y justificar las desvinculaciones.
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Al respecto, el otrora funcionario público, en conversación con T13, explicó que “los funcionarios buscan mayor estabilidad”, apuntando el dato de que “cerca del medio millón de empleados públicos, tenemos más o menos 120 mil que son de planta y todos los demás son a contrata”.
“La contrata es un régimen laboral bien especial (…) es un contrato a plazo fijo que termina el 31 de diciembre y, en teoría, si no se renueva, la persona queda sin empleo, sin compensación”, precisó.
En esa línea, planteó que “si tuviéramos una situación en la cual los empleados públicos pudieran ser despedidos en cualquier momento, sin ninguna expresión de causa, tendríamos un clientelismo político bastante superior al que hoy discutimos”.
Así, planteó que, aunque los cambios de puestos políticos ocurren en cada cambio de administración, “la diferencia es que ahora tenemos un futuro Gobierno que se ha planteado como un tema reducir el empleo público”.
“Entonces, eso es lo que creo que en buena medida ha alimentado este temor de los funcionarios y que al final, ha llevado a este tipo de soluciones que no son óptimas”, aseveró.
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