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La Encuesta Nacional Bicentenario UC 2025 refleja que la percepción de que hay mucha corrupción en Chile pasó de 61% en 2015 a 81% en 2025. Por su parte, el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional muestra que, en 2024, Chile siguió bajando en su posición en el ranking general en esta medición. No cabe duda de que estos datos están relacionados con la seguidilla de casos de corrupción que han ocurrido en los últimos años. Resulta urgente que avancemos en el combate a la corrupción. Pero es aún más importante que concentremos esfuerzos en lo que sí deseamos: una cultura de ética pública e integridad en todos los ámbitos sociopolíticos. En este sentido, el diálogo social en torno a propuestas es indispensable.

Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, presentó recientemente 30 propuestas recogidas en el documento “Un pacto de integridad para Chile: propuestas desde la probidad y la transparencia”. Estas fueron construidas en un proceso de diálogo entre once centros de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil y apuntan a un mínimo común de reformas para fortalecer la ética pública y la confianza en las instituciones. Es valioso que el foco de estas recomendaciones no se agote en el funcionamiento del Estado y se extienda a empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Nos parece que la propuesta no sólo responde a los problemas detectados en cada uno de los sectores que se incluyen en ella, sino que además responde a una lógica de evolución, vale decir, construye sobre los grandes avances que el país ya ha logrado. No es una propuesta que “parte de cero”, sino que propone mejorar ámbitos en los cuales se ha hecho evidente que las normas o intervenciones no han sido suficientes.

Por ejemplo, este pacto incluye recomendaciones sobre el uso de datos, tecnología y transformación digital. Si bien la revolución tecnológica abre desafíos en nuevos flancos para el combate a la corrupción, también presenta grandes oportunidades de mejora y de construcción de sistemas inteligentes guiados por criterios de ética pública que pueden tener fuerte impacto no sólo a nivel nacional, sino también reduciendo brechas entre regiones del país.

En el eje de Empresas y Sociedad Civil de este pacto, destacamos especialmente el esfuerzo por visibilizar y mejorar su rol en una cultura de integridad transversal; sobre todo, respecto de sus interacciones con el Estado, incluyendo influencias y financiamientos. El documento propone medidas de transparencia activa y combate a la corrupción de gran relevancia en el ámbito de organizaciones con y sin fines de lucro. Junto con ello, es importante el trabajo público-privado en el fortalecimiento de regulaciones y la construcción de comportamientos virtuosos en el mercado. Si bien se trata de una propuesta de mínimos comunes, en nuestra opinión debería considerarse también el conjunto de reglas institucionales referidas al funcionamiento de los mercados y, en especial, a la promoción de la competencia. Esta no sólo conlleva mejorar la transparencia, también reduce las asimetrías de información, que son fundamentales para combatir la corrupción y mejorar la percepción de la misma.

Como formadores de estudiantes que en el futuro se sumarán al sector público, privado o sin fines de lucro, nos parece que la propuesta nos interpela a sumarnos a este esfuerzo, pensando nuestros programas y nuestras prácticas docentes que hagan la formación en ética e integridad un sello de nuestros egresados. Nos debe llevar a reflexionar cómo podemos equiparlos adecuadamente para que enfrenten los desafíos éticos que naturalmente vivirán, con las competencias necesarias para resolverlos correctamente. El desafío es grande, pero el país así lo requiere.

Por Alejandra Marinovic, Instituto de Éticas Aplicadas UC y Cristián Pliscoff, Director Administración Pública, Escuela de Gobierno UC.