El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado que el Gobierno pospone a después del verano el decreto de vivienda por petición de los socios parlamentarios, algo que aceptan por responsabilidad, y mantiene optimismo respecto a cerrar al inicio del nuevo curso político un acuerdo dado que, según ha recalcado, "nadie se ha bajado de la mesa" de negociación.
Así lo ha trasladado en rueda de prensa este lunes en Madrid, después de que el Gobierno haya desvelado que finalmente el Gobierno aplaza el decreto a septiembre para negociar más con las fuerzas parlamentarias, en vez de aprobarlo esta semana como inicialmente apuntó.
El pasado miércoles Sumar confirmó que había pactado con el PSOE que el decreto incluirá la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028, lo que podría beneficiar a cerca de cuatro millones de personas, y que negociará medidas antidesahucios para personas vulnerables con los grupos parlamentarios. El planteamiento es incluir otros puntos como elevar el IVA para los pisos turísticos.
EL DECRETO "TIENE QUE SER DE TODOS"
Urtasun ha minimizado este retraso a la hora de llevar este decreto al Consejo de Ministros al apuntar que han sido precisamente los grupos parlamentarios quienes han pedido retrasarlo a septiembre, algo que su espacio concede por responsabilidad, convencido que el texto tiene que ser de "todos". Los decretos ley entran en vigor tras aprobarlos el Gobierno pero en el plazo de un mes el Congreso tiene que votar si los convalida o los deroga.
No obstante, ha exigido a sus aliados que tras este gesto desde el Gobierno la negociación se despliegue lo más rápido posible para que al inicio del nuevo curso político la prórroga de los alquileres y el resto de medidas en vivienda sean una realidad. De hecho, ha pedido que estén "a la altura" de lo que exige la sociedad.
También ha descartado que sus aliados rechacen el decreto pese a las advertencias que han lanzado Junts, Podemos y PNV. "Nadie se ha bajado de la mesa, todo el mundo quiere sentarse a dialogar y hacer propuestas (...) Nadie ha dicho que no quiera sacar esto adelante", ha ahondado.
Cuestionado sobre cómo podrán conciliar las posturas entre todos sus aliados, el titular de Cultura ve margen para el acuerdo pero también avisa de que van a ser "muy exigentes" para que el decreto esté "lo antes posible". Además, ha reivindicado que la prórroga de los alquileres está en la agenda política gracias a la "presión" y "movilización" del socio minoritario del Gobierno.
EL PP ESTÁ EN LA OPOSICIÓN "DESTRUCTIVA"
Respecto a si espera que el PP se sume a ese diálogo, Urtasun ha respondido que le "encantaría" porque eso sería señal de que son una oposición "responsable", pero ha reconocido que la realidad es que los 'populares' están volcados en una deriva "destructiva" al boicotear medidas de la ley de vivienda desde sus gobiernos autonómicos.
Por otro lado, el coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, se ha mostrado abierto a escuchar propuestas de Junts y PNV de bonificaciones fiscales a caseros si sirve para convalidar el decreto de vivienda.
"Nosotros tenemos nuestras ideas, nuestra filosofía y nuestra política fiscal, que empezaría por otro sitio. Pero si hay que escuchar estas medidas como condición para que casi 4 millones de personas no sea desahuciadas y puedan estar en su casa lo haremos", ha subrayado Pisarello en rueda de prensa en Barcelona para admitir que tienen que contar con los votos de estas formaciones, dado que las fuerzas de izquierda carecen por sí solas de mayoría suficiente.
PODEMOS INSISTE: NO HABRÁ APOYO SI SE REFORMA LA LEY DEL SUELO
Mientras, Podemos ha recalcado que el decreto ley en materia de vivienda que el Gobierno envió a los grupos la semana pasada y cuya aprobación ha retrasado a septiembre era "una auténtica temeridad" y suponía una "amnistía urbanística para los grandes pelotazos".
En una rueda de prensa en la sede del partido, el coportavoz estatal, Pablo Fernández, ha vuelto a denunciar que el Gobierno pretendía "colar por la puerta de atrás" una reforma de la Ley del Suelo con una norma que, a su juicio, implicaba "tomar como rehenes a los inquilinos y a los millones de personas que a día de hoy no pueden ni comprar una casa ni alquilar una vivienda".
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