|  LaTercera.com |  Noticias

A través de una circular, la entidad fiscalizadora señala que no hay motivos razonables para que la diferencia en la fuente de financiamiento entre aquellos establecimientos pagados y los que reciben recursos del Estado permitan hacer distinciones en el ejercicio de los derechos de los estudiantes. La institución, además, divulgó otro documento que imparte instrucciones para la aplicación de medidas formativas y disciplinarias, y para la actualización de los reglamentos internos.