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Fallo judicial: Multas confirmadas por la Corte Suprema

La Corte Suprema, en fallo unánime de su Cuarta Sala, declaró inadmisible el recurso de casación en el fondo presentado por la sociedad Multiexport Pacific Farms SA, confirmando así las multas impuestas a la empresa y al administrador del Centro de Cultivo Bahía Cox, ubicado en el lago Llanquihue, comuna de Puerto Octay. La sentencia del máximo tribunal, dictada el 22 de julio de 2026, ratificó el pago de 3.000 UTM para la empresa y 150 UTM para el administrador por incumplir el deber de mantener libre de residuos el área entregada en concesión, según informó el Poder Judicial .

La resolución fue adoptada por las ministras Andrea Muñoz, Jessica González, Eliana Quezada y las abogadas integrantes Leonor Etcheberry y Fabiola Lathrop, quienes descartaron la infracción alegada por la recurrente en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que había acogido la denuncia del Servicio Nacional de Pesca. La empresa denunció que el fallo infringió los artículos 108 a) y 125 N°4 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, argumentando que la sentenciadora “hizo un salto lógico, que prescindió de todo medio de prueba aportado” para imponer la multa más gravosa.

Para el máximo tribunal, el recurso resultó inadmisible porque la denunciada “pretende invalidar la sentencia impugnada sin citar, ni desarrollar las normas decisoria litis que regulan la materia”. La Corte precisó que el recurso de casación en el fondo debe expresar en qué consisten los errores de derecho y cómo influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo, condición que no se cumplió. En consecuencia, se declaró inadmisible el recurso deducido contra la sentencia del 5 de mayo de 2026.

El fallo sienta un precedente sobre la responsabilidad de las empresas salmoneras en el mantenimiento de las áreas concesionadas, especialmente en lo que respecta a la acumulación de residuos en el fondo lacustre. La resolución judicial refuerza las exigencias ambientales sobre la industria, en un contexto donde la protección del lago Llanquihue se ha convertido en una demanda ciudadana y política creciente.

Propuesta del alcalde Arismendi: Trasladar las salmoneras a tierra

Paralelamente al fallo judicial, el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, presentó ante la Comisión de Medioambiente del Consejo Regional de Los Lagos una propuesta para avanzar hacia el traslado de los centros de cultivo de salmones que operan dentro del lago Llanquihue a sistemas instalados en tierra. La exposición, titulada “Migración a Sistemas a Ras de Tierra”, planteó que una transición de este tipo permitiría disminuir el impacto ambiental de la actividad y reforzar la protección del principal cuerpo de agua de la cuenca, según informó Frutillar Hoy.

Arismendi, quien también preside la Asociación de Municipios de la Cuenca del Lago Llanquihue, ha reiterado su postura en diversas instancias, proponiendo plazos de entre 3 y 5 años para la salida de las jaulas y una transición ordenada. El alcalde fundamenta su propuesta en la necesidad de resguardar el ecosistema del lago, mencionando antecedentes sobre la calidad del agua y los posibles impactos en el fondo lacustre, así como la experiencia exitosa de empresas como Mowi, que retiró sus jaulas entre 2010 y 2013.

El planteamiento del jefe comunal no implica una oposición a la industria salmonera en términos generales, sino a su operación en agua dulce. Según Arismendi, “no buscamos que la industria se vaya, sino que se reubique en tierra. Estoy a favor de la industria de salmoneras, pero no en los lagos de nuestro país”. La propuesta, por ahora, se encuentra en una fase política y de discusión, sin plazos, costos ni acuerdos formalizados. Está pendiente una nueva reunión técnica el 7 de agosto, donde el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y la Fundación Chile Lagos Limpios presentarán un diagnóstico actualizado sobre la situación del lago.

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