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En respuesta a la resolución emitida en junio, la Superintendencia de Casinos rebatió algunos de los puntos presentados por Marina del Sol, entre ellos, que el plazo de instalación de un nuevo operador no sería de tres meses, sino de 17. Además, argumentó que los perjuicios en caso de una suspensión podrían ascender a cerca de $ 3.900 millones por mes.