TDLC: Santander y BancoEstado piden citar a declarar a gerentes generales en disputa por tarifas interbancarias

Hace un año Banco Santander presentó una demanda de abuso de posición dominante contra BancoEstado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en el marco de la disputa por las tarifas interbancarias.

El mayor banco privado del país acusó a la entidad estatal de aplicar una tarifa más de 4,5 veces superior a la que cobran otros bancos por el mismo servicio, y de abusar de su posición dominante en el mercado de transferencias electrónicas, donde —según afirma— concentra el 72% del volumen total.

Ante esta ofensiva, el 11 de octubre de 2024 BancoEstado respondió rechazando la demanda. Acusó a Santander de perseguir “mezquinos intereses económicos” al intentar imponer nuevas tarifas, y defendió su modelo señalando que una rebaja comprometería la viabilidad de productos clave como la CuentaRUT, afectando a millones de personas de sectores vulnerables.

BancoEstado rechaza demanda de Banco Santander y denuncia “mezquinos intereses económicos”

Banco Santander pide citar a declarar a gerentes generales de Scotiabank y Consorcio en disputa con Banco Estado por tarifas

En las últimas dos semanas, ambas instituciones han intensificado sus acciones y ahora solicitan al tribunal la citación de sus máximos ejecutivos.

El pasado 13 de mayo, Banco Santander pidió al TDLC que cite a declarar al gerente general de BancoEstado, Óscar González, o a quien lo reemplace en el cargo. Además, solicitó que el tribunal ordene realizar un peritaje para determinar los costos reales y efectivos que enfrenta el banco estatal por la recepción de transferencias electrónicas interbancarias, incluyendo las operaciones en línea (TEF), los créditos diferidos (batch crédito) y los débitos (batch débito). El objetivo: verificar si las tarifas impuestas por BancoEstado están respaldadas en sus costos, como lo exige la sentencia de 2022 de la Corte Suprema.

Asimismo, el banco español solicitó al TDLC que ordene a BancoEstado exhibir documentos relacionados con las transferencias electrónicas interbancarias entre enero de 2020 y julio de 2024. Pidió planillas con el número y monto de transferencias enviadas y recibidas, los costos en que incurre BancoEstado por este servicio, y toda la documentación utilizada para calcular la tarifa cobrada por la recepción de transferencias.

Adicionalmente, pidió que el Centro de Compensación Automatizado (CCA) exhiba registros sobre las transferencias electrónicas del mismo período.

Por último, solicitó a otros bancos y empresas del sistema financiero que entreguen documentos donde consten negociaciones o acuerdos con BancoEstado en relación con las tarifas interbancarias, las facturas emitidas por BancoEstado por ese servicio, y cualquier informe interno o externo sobre las tarifas cobradas por este. Esto incluye a Banco de Chile, Scotiabank, BICE, Itaú, Falabella, Ripley, Consorcio, Global 66 y Tenpo.

Respuesta

BancoEstado reaccionó a la arremetida de Banco Santander con una serie de solicitudes ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). En primer lugar, pidió que el representante legal de su contraparte, Román Blanco, gerente general comparezca personalmente a declarar.

Blanco dejará su cargo el 1 de julio y en su reemplazo asumirá Andrés Trautmann.

A su vez, BancoEstado invocó su Ley Orgánica para pedir que su gerente general no declare presencialmente, como lo exige Santander. En su lugar, planteó que se le autorice a responder por escrito, recordando que tanto el presidente como el gerente general del banco están expresamente facultados para hacerlo de ese modo en juicios donde la institución es parte.

Por otro lado, BancoEstado se opuso a la solicitud de peritaje presentada por Santander, que buscaba determinar los costos reales del servicio de recepción de transferencias electrónicas. A juicio de BancoEstado, permitir que un perito defina qué costos deben considerarse o descartarse equivale a delegar en un tercero una función que corresponde exclusivamente al tribunal. Además, advirtió que la información requerida es sensible, especialmente considerando el impacto que tendría sobre productos como la CuentaRUT, pieza clave en su rol de inclusión financiera.

“Para realizar la labor pretendida por la actora, el perito tendría que inmiscuirse en los sistemas de nuestro representado, en sus costos operacionales o de producción, información que es evidentemente secreta y confidencial, especialmente, si se trata ni más ni menos que del Banco del Estado de Chile”, concluyó.

Sin embargo, a través de un escrito el pasado lunes Banco Santander fustigó la posición del banco público y sostuvo: “Llama profundamente la atención que una empresa del Estado cuya función es servir a la bancarización de todos los chilenos se oponga a la solicitud de esta parte respecto de la realización de un informe pericial que pueda determinar efectivamente sus costos”.

El TDLC aún no se pronuncia por las peticiones planteadas.

Banco Santander cuenta con la asesoría legal de Ignacio Larraín y BancoEstado de José Miguel Gana.