El Ciudadano
La promesa de inscribirse en un gimnasio con una cuota mensual asequible puede esconder, en la práctica, un compromiso anual difícil de romper y sujeto a penalizaciones onerosas. Esta es una de las principales conclusiones del estudio “Análisis jurídico de las prácticas contractuales y publicitarias en la industria de los gimnasios en Chile”, presentado por la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU), el cual revela graves desequilibrios en perjuicio de los usuarios.
El análisis, financiado con recursos del Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores, examinó contratos, reglamentos internos y prácticas comerciales de las principales cadenas con presencia nacional, identificando siete hallazgos que configuran un escenario de abuso estandarizado.
La «trampa» del plan mensual y las barreras infranqueables para salir
El estudio constata que una de las prácticas más recurrentes y engañosas es la promoción de planes «mensuales» que, al momento de la firma, se traducen en contratos de hasta doce meses de duración, con renovación automática y permanencias encubiertas que no son explicitadas de manera clara y destacada al consumidor. Esta estrategia comercial limita severamente la libertad de los usuarios.
“Se detectó que planes promocionados como mensuales implican, en la práctica, contratos de hasta doce meses, con renovación automática y permanencias encubiertas que no siempre se explicitan de manera destacada al contratar”, señala el informe.
Multas elevadas por término anticipado
Una vez dentro del contrato, salir anticipadamente se convierte en un camino cuesta arriba. “En varios contratos se establecen penalidades significativas para quienes deciden terminar antes del plazo, incluyendo retenciones que pueden alcanzar un porcentaje relevante del valor restante del contrato, lo que desincentiva el ejercicio del derecho a poner fin al servicio”, agrega el documento.
Pocas posibilidades de devoluciones de dinero
Según el documento, las devoluciones de dinero son prácticamente una quimera, reservadas solo para situaciones extremas, ya que “en algunos casos, las únicas causales aceptadas para reembolso son situaciones extremas como fallecimiento o invalidez permanente, excluyendo escenarios habituales como desempleo, cambio de ciudad o dificultades económicas”.
Asimetría de información y contratos que no se entregan antes de pagar
Uno de los hallazgos más graves es la violación del derecho básico a la información previa, ya que se pudo constatar que no todos los gimnasios ponen a disposición del consumidor el contrato y sus reglamentos antes de la contratación.
Esto conlleva a que las personas se inscriban en estos establecimientos deportivos «sin conocer por escrito las condiciones reales del servicio, vulnerando el derecho a información clara, veraz y oportuna».
Gimnasios no se responsabilizan por accidentes lesiones, robos ni pérdidas
Además, ODECU identificó una tendencia preocupante a eximir a los gimnasios de toda responsabilidad, trasladando integralmente los riesgos al usuario. Esto ocurre en dos áreas sensibles: la integridad física y la seguridad de las pertenencias.
“Se observó una tendencia a eximir al gimnasio de responsabilidad por lesiones, daños a la salud o accidentes, incluso tratándose de servicios que implican actividad física, uso de máquinas y deberes profesionales de seguridad y prevención”, advierte el estudio.
Paralelamente, “la mayoría de los contratos revisados excluye la responsabilidad del gimnasio por robos o pérdidas de pertenencias dentro de las instalaciones, aun cuando existen lockers y control de acceso, dejando al consumidor sin protección real”.
Uso datos personales y biométricos para fines comerciales
Otra situación irregular que fue detectada se refiere al uso de datos personales personales y biométricos por parte de los gimnasios con fines comerciales, de marketing o cesión a terceros,» sin distinguir claramente qué información es indispensable para prestar el servicio y cuál no».
Ranking de gravedad: las cadenas bajo la lupa
Si bien todas las cadenas analizadas presentan falencias, ODECU detalló el nivel de riesgo específico para los consumidores en cuatro de ellas:
Upgrade (Pacific): Encabeza la lista por su falta de transparencia, ya que la investigación constató “que sus contratos y reglamentos no se encuentran disponibles antes de la contratación, ni en formato físico ni digital». Este escenario imposibilita a los clientes a tener conocimiento sobre condiciones esenciales como duración del plan, multas, causales de término, congelamientos o responsabilidades, por lo que se ven obligados a firmar los contratos de afiliación sin información suficiente previa.
Sportlife: Se caracteriza por una rigidez extrema y restrictiva en sus contratos, especialmente en lo que se refiere a clausulas de término anticipado y devoluciones de dinero. «El reglamento interno actúa, en la práctica, como un contrato de adhesión con escasas posibilidades de salida para el consumidor», indicó ODECU.
Energy Fitness Club: Utiliza un sistema complejo contractual fragmentado que favorece la modificación unilateral, al estar compuesto por múltiples documentos y reglamentos internos extensos, que se incorporan al contrato y pueden modificarse de forma posterior.
SmartFit: Aunque presenta mejores estándares de acceso a la información, mantiene problemas clave. Entre las irregularidades detectadas figuran: «penalidades por término anticipado, permanencias encubiertas y limitaciones a la flexibilidad del consumidor».
Llamado de ODECU a la acción y fiscalización
Ante este escenario, ODECU hizo un llamado contundente a las autoridades a reforzar la fiscalización del sector y exigir estándares más altos de transparencia, especialmente en servicios de pago continuo.
“Entrenar no puede significar firmar a ciegas, quedar atrapado por multas o asumir riesgos que corresponden a la empresa. La actividad física es una actividad que las personas eligen libremente y no pueden sostenerse sobre contratos desequilibrados que vulneran los derechos del consumidor”, afirmó el presidente de organizació, Stefan Larenas Riobó.
La organización instó a los consumidores a exigir y revisar minuciosamente el contrato antes de cualquier pago o firma, y a denunciar aquellas prácticas que restrinjan sus derechos.
El estudio pone en evidencia que, en la industria del fitness chilena, la letra pequeña puede ser más pesada que cualquier mancuerna.
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