Santi Sánchez y Sagrario Ortega
Madrid, 1 jun (EFE).- Alrededor de 1.200 presos condenados por violencia machista se someten cada año a un programa de tratamiento específico para este tipo de violencia, una herramienta que, en última instancia, puede convertirse en otra política preventiva contra el machismo.
Lourdes Gil es la coordinadora de coordinadora de Tratamiento y Gestión Penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y Flori Pozuelo es la jefa de área de los programas específicos de tratamientos para internos.
Gil y Pozuelo reciben a EFE en la sede de la secretaría general de Instituciones Penitenciarias, mientras que al otro lado de la pantalla aparece Paula -nombre ficticio-, una psicóloga que se encarga de poner en práctica el programa específico para condenados por violencia machista en un centro penitenciario.
Por este programa pasan cada año alrededor de 1.200 internos, según datos facilitados a EFE por la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, y tanto Gil como Pozuelo consideran que es "un verdadero éxito".
La violencia machista es el tercer motivo por el que los hombres cumplen condena en prisión, tras los delitos contra el patrimonio, como robos o estafas, y los delitos contra la salud pública, aquellos relacionados con drogas.
En estos programas se abordan los factores que pueden incidir en la comisión del delito: desde el consumo de sustancias hasta las propias actitudes machistas de los presos. Es aquí donde entran los programas específicos.
El órgano que decide qué programa va a cumplir cada interno es la Junta de Tratamiento, aunque, antes de intervenir, los equipos suelen encontrarse otras problemáticas por resolver, como las adicciones, algo habitual en las personas que ingresan en prisión, ya que alrededor del 70 % presenta un problema de este tipo.
Además, resulta fundamental el primer contacto entre el interno y el terapeuta y que acaba determinando el éxito del programa, sostiene Pozuelo.
En el centro penitenciario de Paula cada sesión dura unas dos horas y media y participan en ellas unos 15 presos. La aproximación psicológica es cognitivo-conductual, y siempre desde una perspectiva de género.
La violencia machista es transversal y, como tal, no hay un perfil concreto del agresor. Por los cursos que imparte Paula han pasado desde profesores hasta gente sin ningún tipo de formación. También se produce una mezcla entre presos con condenas muy dispares, que van de años a meses de prisión.
La psicóloga subraya que esta mezcla de perfiles y edades es muy beneficiosa a nivel terapéutico: "A veces, los mensajes de ellos calan más que los nuestros. Y es importante, este trabajo entre ellos es fundamental porque se ayudan unos a otros. Se dicen, por ejemplo, que de haberlo sabido antes no estarían aquí cumpliendo pena por delitos tan graves", resume.
En el caso concreto de la violencia machista, los programas buscan atacar lo que se consideran factores de riesgo, como la autoestima.
"Son verdaderos analfabetos emocionales, con muchas dificultades para identificar, expresar, resolver problemas que no sea a través de la violencia", ejemplifica esta psicóloga.
La empatía también resulta una herramienta "fundamental" para estos tratamientos y sirve además para abordar los casos de violencia vicaria. Es a través de la empatía y de las consecuencias que tiene la violencia machista sobre los menores y su instrumentalización como Paula detecta un mayor cambio en los reclusos: "Cuando se dan cuenta de las locuras que hacen se derrumban", zanja.
Más allá del resultado terapéutico en cada condenado, estos programas pueden funcionar, además, como una herramienta de política preventiva.
"El vocabulario les cambia. Es otra forma de hacer política preventiva, porque te dicen: 'Esto se lo voy a contar a mis hijos'", resume la psicóloga. Gil comparte este punto de vista: "No sé si muchos, pero algunos de ellos ya fueron víctimas que ejercían violencia de género sobre sus madres. También reproducen modelos que han aprendido".
"Nuestra responsabilidad es lograr que estas personas, por lo menos durante en su estancia en prisión, sean capaces de hacer la reflexión de por qué han llegado hasta aquí, y que sean capaces también de modificar sus conductas y comportamientos que les han llevado a tener actitudes muy negativas hacia las mujeres. Y, en algunos casos, tristemente duras", explica Lourdes Gil.
A lo largo de la realización del programa, los internos suelen disfrutar de algún permiso, habitualmente hacia el final, antes de poder optar al tercer grado, una "semilibertad" en la que vuelven a tener contacto con su entorno y con sus familias. En los casos de condenas cortas el seguimiento se hace a posteriori, a través del centro de inserción social.
"Cuando salen se encuentran muchos problemas que no tenían en prisión, como son la custodia, el divorcio o los niños. Son problemas que les desestabilizan", indica Paula, que añade que enfrentarse a estas situaciones es beneficioso para su terapia. EFE
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