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Alguien dentro del actual gobierno parece haber estado tratando de ajustar la realidad política y económica argentina a la realidad local. Hay una porfía por querer asimilar las condiciones de un país que desde su retorno a la democracia en 1983 ha vivido ciclos sucesivos de hiperinflación, hecatombes financieras y fracturas institucionales, con la realidad local, que si bien no ha sido una taza de leche el último lustro, está muy lejos de arrastrar la inestabilidad crónica transandina. Es posible hacer ciertas analogías puntuales, pero las diferencias no son irrelevantes. La porfía por querer asimilar de las condiciones transandinas comenzó antes de la campaña, con tertulias políticas televisivas de formato importado, orientadas a exaltar las emociones más agresivas y encoger la posibilidad de diálogo informado al mínimo, ofreciendo un espectáculo de descalificaciones mutuas, imitando la cultura de la grieta argentina hasta el absurdo. Como la realidad local no soportaría un candidato al estilo del actual presidente argentino -destemplado, iracundo, grosero y frecuentemente fuera de sí-, la analogía se sostuvo echando mano a la idea de que el país estaba en ruinas, que las condiciones en las que el gobierno saliente dejaba Chile merecían un tratamiento de urgencia, que a estas alturas se asemeja a un shock. Una versión de la realidad tan difícil de sostener que cuando el Presidente José Antonio Kast fue consultado por ese punto por Don Francisco, en su programa Las dos caras de La Moneda, su respuesta fue de una debilidad asombrosa: dio como ejemplo algún inconveniente en el pavimento de la autopista que lleva al aeropuerto y los grafitis del centro. Nada de eso es comparable con los niveles de inflación o el número de quiebras de empresas que alcanza el país vecino, cuyos índices de riesgo país -es decir, la posibilidad de poder pagar sus obligaciones financieras- es altísimo, ubicándose alrededor de los 600 puntos. Chile, que marca 90 puntos, es uno de los más bajos de la región. Aún más, Argentina solo se ha salvado recientemente del default -el equivalente a la quiebra- gracias al salvataje del gobierno de Trump. Es cierto que el último gobierno local pudo haber sido desprolijo en sus cuentas, pero de ahí a levantar el relato de que había entregado un “Estado en quiebra”, como lo difundió en sus redes sociales el actual gobierno, hay mucho más que exageración, indica una falta de criterio grave y una paradoja, porque el gobierno que mantiene al borde de la quiebra a su propio país es justamente el considerado por el actual oficialismo como un referente para su gestión. El otro referente es Trump, el mandatario que decidió desoír a sus asesores expertos e iniciar una guerra que encaminó al mundo a una crisis energética y económica de proporciones.

Todo va a estar bien, fue la frase pública con la que asumió el nuevo gobierno, intentando infundir confianza en un futuro indeterminado. La instalación del nuevo gobierno ha estado colmada de mensajes contradictorios con las decisiones tomadas. La más importante hasta ahora, el alza drástica del precio del combustible, desechando el mecanismo de estabilización creado para amortiguar los vaivenes del precio del petróleo. La decisión política fue explicada a través de sucesivas entrevistas por Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda. Quiroz habló como quien alecciona sobre lo valioso que es enfrentar la cruda realidad con madurez, como si la mayoría viviera evadiéndola y como si el alza, que significará un incremento en la inflación, fuera a golpear a todos por igual. Y no será así: quienes más padecerán no serán ni los parlamentarios oficialistas que reciben asignaciones millonarias por el consumo de combustible, ni los ministros de gobierno que la presentan como un sacrificio colectivo. El Presidente Kast usó luego el argumento de que “es sano hablar con la verdad”, días después de que el mismo gobierno sostuviera a través de sus redes sociales que había recibido un “Estado en quiebra”, y que la vocera asegurara en una entrevista que los homicidios habían aumentado un 270% desde 2018, cuando los datos arrojan un incremento del 29,1%, con una baja sostenida desde 2021. Ninguna de las dos afirmaciones difundidas por el propio gobierno era real.

Claudio Alvarado, el actual ministro del Interior sostuvo, por su parte, que “este es un gobierno que no se desordena”. Una frase difícil de encajar para los ciudadanos que le dieron su voto al Presidente Kast confiando en las promesas de campaña que enfatizaron la importancia que le daría a la seguridad, y que hoy se enteran de que el Ministerio de Seguridad recortará fondos a Carabineros, eliminando recursos del programa que se ocupa del crimen organizado. A esto habría que sumarle el confuso debut de Trinidad Steinert, ministra de esa cartera, que destituyó a la jefa de Inteligencia de la PDI sin ofrecer razones claras para una decisión de tal envergadura.

José Antonio Kast logró la presidencia con un histórico 58% de los votos. Quienes votaron por él no lo hicieron por un carisma especial, tampoco por una carrera política brillante, sino porque prometió orden, seguridad y crecimiento, y en gran medida porque elegirlo a él era una manera de castigar al presidente saliente. Lo que ha mostrado el flamante gobierno en estas semanas indica una intensa pulsión ideológica por cercenar el Estado, desdeñando de paso la vida cotidiana de la mayoría de las personas y exhibiendo, en cambio, una voluntad por aleccionar en asuntos como la austeridad y la responsabilidad, sin atender a la manera en que son percibidos esos mensajes. Todo esto acompañado de fondo por una clara tendencia a hacer de la hipérbole catastrófica constante su recurso comunicacional favorito, a costa de los hechos y las cifras.

De momento, nada indica que debamos tener confianza en que todo vaya a estar mejor. Lo único seguro sí es que todo estará mucho más caro.