El Ciudadano
El académico tiene la misión de aplicar un ajuste técnico a los costos laborales y frenar la herencia de las 40 horas.
El nombramiento de Tomás Rau Binder surgió como la pieza clave para dar una señal de «certeza técnica» a los mercados a partir de este marzo. Con un doctorado en Berkeley bajo el brazo y la bendición de la élite académica, el nuevo ministro del Trabajo y Previsión Social desembarca en una de las carteras más sensibles para priorizar el crecimiento económico por sobre las demandas sindicales.
Nacido en 1973 y formado en el Liceo 11 de Las Condes, Rau no es el político que quema suelas en las poblaciones ni levanta pancartas en la Alameda. Sus espacios naturales son las aulas del Instituto de Economía de la UC y los directorios donde se habla de econometría y datos duros. Esta distancia con el «barro» político es precisamente lo que genera dudas, pues un hombre acostumbrado a los papers deberá tener la muñeca necesaria para negociar con una CUT que ya lo declaró «persona non grata».
En los pasillos de la derecha económica, su llegada se celebra como un triunfo sobre el «voluntarismo». Rau es un crítico contundente de las reformas de Gabriel Boric, tildándolas incluso de «negacionismo económico» por no reconocer el impacto negativo en las pymes. «Mientras la autoridad persista en aumentar los costos laborales, no veo que se vaya a mejorar el tema del empleo», sentenció, dejando claro que su gestión buscará podar cualquier política que, a su juicio, asfixie la inversión privada.
El vínculo que más ruido genera en la oposición es su participación en el documento ‘El Puente’, donde compartió mesa con economistas de la vieja guardia como Rolf Lüders, exministro de la dictadura. Para figuras del Congreso como el diputado Andrés Giordano y organizaciones como la CUT, esta alianza es la prueba de que Rau es un “neoliberal ortodoxo” camuflado bajo el discurso del técnico independiente. De este modo, la llegada de Rau no es un giro académico, sino una señal de que el Ministerio del Trabajo operará específicamente para frenar la negociación y revertir las conquistas de los últimos años.
Mientras sus antecesores trabajaron en el laberinto legislativo de la reforma previsional, la prioridad de Rau no es negociar leyes, sino acelerar la ‘flexibilidad’ en el contrato de trabajo. En sus columnas es enfático al señalar que «la pobreza no se resuelve con subsidios, sino con trabajo», una frase que en el mundo sindical suena a una amenaza de recorte en la protección social. Su visión apunta a que los derechos laborales actuales son una «rigidez» que impide que el desempleo baje del 8%.
La polémica ya está instalada antes de que ponga un pie en su nueva oficina ministerial. Diputados del Frente Amplio y el PC, como Andrés Giordano, advirtieron que Rau representa una «ofensiva patronal sin disfraces». El chisme de pasillo en Valparaíso es que el nuevo ministro no viene a dialogar, sino a auditar, buscando revertir a través del nuevo director de la Dirección del Trabajo los dictámenes que hoy favorecen a los trabajadores en la aplicación de la jornada de 40 horas, bajo el argumento de devolverle «operatividad» a las empresas.
Otro punto que levanta sospechas es su postura sobre la informalidad. Rau sostiene que medidas como el salario mínimo empujaron a muchos al comercio ambulante o al trabajo sin contrato, señalando que «es poco viable que una reforma logre aumentar el ahorro con un tercio de los trabajadores no cotizando». El temor de las organizaciones sociales es que su solución pase por abaratar los despidos mediante la eliminación de la indemnización por años de servicio, una idea que circulaba Kast.
La ejecución de esta agenda propuesta por el ministro recae en el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende Salazar, cuyo currículum quedó marcado por su labor como director legislativo de la Fundación Jaime Guzmán. Rosende ya concretó su primera medida al retirar del Congreso el proyecto de Negociación Ramal, una de las promesas clave del gobierno de Boric, argumentando que afectaba la productividad. Esta decisión, sumada a su pasado como abogado de grandes corporaciones en litigios laborales, provoca un quiebre formal con organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), quienes ven en él a un operador directo de los intereses patronales encargado de desmantelar el poder sindical.
En la Subsecretaría de Previsión Social, la figura de María Elisa Cabezón refuerza el sello pro-mercado de la cartera. Proveniente de centros de estudio como Pivotes y Libertad y Desarrollo, Cabezón es una defensora del modelo de AFP y ha manifestado públicamente la necesidad de «parar los carros» al gasto fiscal. Su postura genera controversia entre las asociaciones de pensionados, ya que está en contra de los componentes de solidaridad de la reforma previsional previa, priorizando el ahorro individual y la austeridad estatal por sobre el fortalecimiento del pilar público.
El nuevo ministro, de la mano de sus subsecretarios, asume con el desafío de demostrar que sus modelos matemáticos pueden sobrevivir al conflicto social, en un país que todavía recuerda que detrás de cada cifra hay una familia intentando llegar a fin de mes.
Mientras Rau insiste en que «los hechos son testarudos» y que la economía no resiste más cargas, los trabajadores organizados preparan la resistencia contra lo que consideran un retroceso de décadas. Finalmente, el académico que prefería el silencio de las bibliotecas en Londres y Nueva York ahora tendrá que aprender a hablar el lenguaje de la crisis, en un gobierno que apostó por un halcón de los números para “poner orden” en la casa.
Revisa el capítulo de Sentido Común dedicado a conversar sobre las políticas laborales del nuevo gobierno.
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