El Ciudadano
A través de una declaración pública, la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) expresó «su más enérgico rechazo y profunda alarma» ante la apertura masiva de 56 cuadernos de remoción por parte del Pleno de la Corte Suprema.
Para la OTJ, «esta ofensiva institucional representa un hecho sin precedentes de amedrentamiento jerárquico que hiere gravemente la independencia judicial y socava las garantías fundamentales de quienes desempeñamos funciones en el sistema de justicia».
«Denunciamos que la activación simultánea de estos 56 procedimientos de remoción instala un estado de incertidumbre jurídica intolerable, que vulnera la independencia judicial y el principio de inamovilidad que ampara a juezas y jueces. El denominado ‘cuaderno de remoción’ está siendo utilizado de manera desviada, desprovisto de los principios de taxatividad, tipicidad y legalidad que deben regir toda actuación sancionatoria», argumentaron las y los trabajadores del PJ.
En esa línea, recordaron que la apertura del ‘cuaderno de remoción’ constituye «una medida extraordinaria y excepcional que, en ningún caso, puede aplicarse de manera generalizada y masiva, tanto respecto de integrantes del escalafón primario como de los demás escalafones del Poder Judicial».
«Acusamos una grave vulneración del principio de proporcionalidad. El máximo tribunal del país ha optado por recurrir a la sanción más drástica contemplada por el ordenamiento jurídico, ‘la destitución’ como primera respuesta frente a los hechos investigados. Esta desmesura punitiva evidencia que el objetivo real no es la corrección funcionaria ni la protección de estándares éticos, sino la instauración de un régimen de temor institucional», apuntaron desde la OTJ.
«Sin embargo», agrega la declaración, «esta severidad no parece aplicarse de manera uniforme».
«Existen casos ampliamente conocidos en los que magistrados que contaron con el respaldo de determinados ministros de la Corte Suprema no fueron objeto de sanciones equivalentes, pese a la gravedad de los hechos atribuidos. Entre ellos, se encuentran situaciones relacionadas con tráfico de influencias (exministro Antonio Ulloa), abuso y acoso sexual reiterado (juez Luis Barria), o actuaciones que comprometieron la imparcialidad judicial (exministro Simpertigue)», recordaron.
«En ninguno de estos casos el Pleno estimó procedente la destitución. Esta diferencia de trato pone en evidencia una preocupante falta de justicia interna y permite concluir que la Corte Suprema pretende un lavado de imagen frente a los recientes cuestionamientos públicos de los casos de corrupción, utilizando lo mediático que ha sido la salida del país de funcionarios del aparato público mientras se encontraban con licencia médica», recalcaron las y los trabajadores.
Precarización de condiciones laborales
Un aspecto que preocupa especialmente a la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales es el hecho que esta demostración de poder corporativo «precariza severamente las condiciones laborales de todas las trabajadoras y trabajadores de la judicatura».
«Cuando la cúpula judicial puede disponer de las carreras profesionales y de la estabilidad económica de sus integrantes mediante conceptos jurídicos indeterminados, como el de ‘buen comportamiento’, se favorece la institucionalización del acoso laboral vertical. Ningún funcionario, técnica, técnico, jueza o juez puede desempeñar sus funciones con la dignidad y tranquilidad necesarias si sobre ellos pesa permanentemente la amenaza de una desvinculación arbitraria», advirtieron.
Para la OTJ, «esta preocupante deriva autoritaria encuentra su expresión más evidente en las acciones emprendidas contra nuestro presidente regional de Santiago y dirigente de la OTJ, el magistrado Daniel Urrutia Laubreaux. Su situación refleja con claridad la ausencia de garantías que enfrenta cualquier trabajador o trabajadora que se oponga a los abusos de la jerarquía judicial o que defienda de manera consecuente los tratados internacionales de derechos humanos».
«Más allá del fuero sindical que ampara a nuestro presidente regional, sus salidas del país se encuentran plenamente justificadas. Por ello, suspender y promover la remoción de un dirigente gremial protegido por fuero sindical constituye un acto de persecución política e ideológica inadmisible, orientado a debilitar la organización de las y los trabajadores y a generar un efecto inhibitorio colectivo (chilling effect) sobre el ejercicio de la actividad sindical», enfatizaron.
Finalmente, anunciaron que como Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial de Chile (OTJ), «no nos dejaremos silenciar por el miedo. Activaremos de inmediato todas las acciones jurídicas disponibles en el ámbito nacional, denunciaremos las vulneraciones al fuero sindical y recurriremos formalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)».
«Una justicia amedrentada es una justicia incapaz de defender a la ciudadanía. Exigimos el cierre inmediato de estos procesos arbitrarios, el respeto irrestricto al fuero de nuestros dirigentes y una reforma estructural urgente que democratice el gobierno judicial en Chile», concluye la declaración de la OTJ.
Seguiremos informando.
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