El Ciudadano
Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ) acusa persecución política tras petición de bancada parlamentaria y advierte violación al principio de separación de poderes
La Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) expresó a través de una declaración pública, su categórico rechazo a la solicitud levantada por la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que pide formalmente al Presidente de la República intervenir ante la Excma. Corte Suprema para exigir la expulsión del magistrado Daniel Urrutia Laubreaux, titular del 7° Juzgado de Garantía de Santiago y presidente regional Santiago de la asociación.
En una declaración pública emitida con sentido de urgencia, la OTJ lamentó y rechazó la iniciativa, señalando que “resulta evidente que esta petición obedece a una constante persecución política en contra del Juez Daniel Urrutia Laubreaux, por conocer en derecho una audiencia de formalización en contra de Joaquín Lavín León, a quien se le decretó la prisión preventiva”.
Asimismo, el gremio calificó como “una excusa injustificada” la invocación de los viajes fuera del país del magistrado, recordando que dicho aspecto fue conocido y resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la cual estableció no aplicar sanción alguna, configurándose así cosa juzgada.
La OTJ advirtió que, si bien la Constitución permite al Presidente de la República requerir a la Corte Suprema la remoción de jueces por mal comportamiento, esa norma no puede significar volver a conocer los mismos hechos ya resueltos en un sumario administrativo, lo que vulneraría el principio “Non bis in idem”, que prohíbe juzgar o sancionar dos veces por un mismo hecho.
Además, la organización sostuvo que la petición de la UDI constituye “una flagrante violación al principio de separación de poderes, pilar fundamental de nuestra República consagrado en el Artículo 7° de la Constitución Política”. En ese sentido, afirmaron: “Los tiempos en que el signo político de turno dictaba el destino de los jueces quedaron en el pasado”.
El comunicado también subraya que se socava la independencia judicial, “la cual no es un privilegio de los magistrados, sino una garantía para toda la ciudadanía”. Un juez o jueza debe fallar conforme a derecho, la Constitución y los tratados internacionales, “sin el temor latente a ser removido por presiones políticas, editoriales de prensa o revanchismos de sectores partidistas”.
Finalmente, la OTJ declaró mantenerse en alerta ante cualquier intento de instrumentalizar los procesos disciplinarios como herramientas de persecución o amedrentamiento laboral, concluyendo que “sin independencia judicial, no hay democracia ni justicia real para Chile”.
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