Madrid, 24 mar (EFE).- El Ministerio de Trabajo ha defendido este martes que seguirá adelante con la reforma del registro horario tras el rechazo del Consejo de Estado y ha incidido en que esta norma forma parte del acuerdo del Gobierno de coalición PSOE-Sumar y debe cumplirse.
Tras el rechazo del Consejo de Estado al proyecto de real decreto en un duro informe, Trabajo ha señalado que hará algunos cambios, relacionados con la protección de datos y el papel de la negociación colectiva, para seguir adelante con esta reforma y llevarla cuanto antes al Consejo de Ministros.
Unos cambios que también servirán para blindarlo judicialmente ante la batalla que ya ha avanzado que dará en los tribunales la patronal CEOE, a la que fuentes del Ministerio de Trabajo acusan, al igual que al Ministerio de Economía, de ponerse del lado de las empresas que incumplen la ley.
La norma, inciden fuentes de Trabajo, mantendrá los elementos esenciales de que sea digital y accesible a la Inspección de Trabajo con el objetivo de que el registro de jornada, en vigor desde 2018, sea realmente efectivo y acabe con el problema de las horas extras no remuneradas.
La reacción del Ministerio de Trabajo llega tras un informe del Consejo de Estado que considera que la norma planteada no cumple con la normativa española y europea de protección de datos y rebasa la potestad reglamentaria al imponer nuevas obligaciones y cargas a las empresas que no recoge la ley que dice desarrollar.
El informe, que es consultivo, recoge alegaciones e informes de distintos ministerios, como el de Economía o el de Función Pública, la Agencia Española de Protección de Datos o los agentes sociales.
Entre los argumentos del Consejo de Estado, está que los datos a los que ha de acceder la Inspección de Trabajo son "personales" y no se justifica debidamente a quien se comunicarán y cómo se protegerán de eventuales riesgos de accesos no autorizados.
También considera que el decreto "no se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley de cobertura, sino que impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria".
Según unas estimaciones recogidas en el informe, la implantación del nuevo registro puede tener un coste de unos 868 millones para las pymes al calcular "55,4 euros de coste por trabajador al año" que se asumirá "para el 94 % de los 16.652.031 trabajadores, que están empleados en empresas medianas y pequeñas".
Unos argumentos y cálculos que Trabajo rechaza y tras los que sitúan al Ministerio de Economía.
Cuestionado por este tema en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado que el Gobierno comparte el objetivo del registro horario pero que es necesario asegurar una "implementación equilibrada" para que las pymes puedan adoptarlo.
Por su parte, CCOO y UGT han manifestado su preocupación y rechazo ante el dictamen del Consejo de Estado porque consideran que "introduce serias dudas y obstáculos" en un ámbito donde lo urgente es garantizar el cumplimiento de la ley.
Mientras que las patronales CEOE y Cepyme han mostrado su satisfacción porque recoge de manera "amplia" y "literal" la mayoría de las alegaciones patronales.
Fuentes de la CEOE han reiterado su rechazo a "una norma que adolece de un vicio de nulidad y apelan a la responsabilidad institucional", al tiempo que han instan al Ministerio de Trabajo a respetar las consideraciones expresadas por el Consejo de Estado" y no seguir adelante con su aprobación.EFE
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