El Séptimo Juzgado de Garantía decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para los conservadores de bienes raíces, Sergio Yáber (Puente Alto) y Yamil Najle (Chillán), además Harold Pizarro, dueño de una casa de cambio en Suiza, en el marco de la denominada “trama Bielorrusa”.
Según la tesis de Fiscalía, los imputados conformaron una red de blanqueamientos con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas —representantes del Consorcio Belaz Movitec— quienes habrían pagado coimas a la exministra de la Corte de Apelaciones, Ángela Vivanco, a través de su pareja, Gonzalo Migueles. Lo anterior, con la finalidad de que los fallos favorecieran a la empresa en su disputa legal contra Codelco. Dicho dinero habría sido blanqueado mediante operaciones de Yáber, Najle y Pizarro.
En la formalización, desde Fiscalía acusaron a Pizarro de participar de manera reiterada en operaciones de ocultamiento y disimulación de pagos ilícitos efectuados a Migueles. Además añadieron que se habrían usado como testaferros a Cristian Pizarro y Andrés Morales, hijo y yerno suyos.
Respecto a Yáber y Najle, acusaron que aceptaron recibir $47.000 dólares y $25 millones de pesos, respectivamente, a Migueles a sabiendas de su origen ilícito, con la finalidad de encubrir, ocultar y disimular el verdadero origen de estos dineros.
“La multiplicidad de antecedentes que hasta ahora han sido incorporados en esta causa permiten asentar que aquellos antecedentes, que han tenido una presunta participación punible en calidad de autores del delito de lavado de activos”, señaló el juez Jaime Fuica.
El tribunal consideró “necesario” dejar constancia que la cautelar no minimiza la gravedad de los hechos investigados, siendo considerada como “la medida más intensa posible dentro del debate efectuado y resulta, por cierto, idóneo, necesario y proporcional”.
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