El Ciudadano
Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) se niegan a revelar los gastos en campañas políticas y propaganda realizadas a través de su organización gremial, pese a que una investigación periodística reveló vínculos con una fundación que contrató a una red de trolls que difundió desinformación durante la pasada elección presidencial. La Superintendencia de Pensiones intentó fiscalizar, pero las AFP se blindaron en el derecho constitucional a la libre expresión y lograron que el regulador retrocediera en su intento de obtener antecedentes.
Todo comenzó hace exactos 113 días. El 10 de noviembre, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías —quien ejerce el cargo desde hace una década— envió un oficio a las siete administradoras de fondos de pensiones del sistema: Cuprum, Habitat, Provida, Capital, Modelo, Plan Vital y Unom en las que le señaló que debían informar en un plazo de cinco días hábiles «toda publicidad, promoción, ya sea que conste en testimonios, entrevistas, columnas de opinión, videos, podcast, insertos, piezas audiovisuales, entre otros» que hubieran sido gestionadas directamente por ellas o por terceros que recibieran su financiamiento.
La medida no era casual ni respondía a una fiscalización de rutina. La Superintendencia reaccionaba a los hallazgos de una investigación periodística publicada por Reportea y Vergara 240, de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, la cual sacó a la luz que la Asociación de AFP había estado financiando y apoyando en secreto a la fundación Ciudadanos en Acción, una organización dedicada a viralizar campañas políticas en redes sociales.
El problema de fondo era que por ley, las AFP tienen prohibido involucrarse en campañas políticas. Sin embargo, los reportajes demostraron que, a través de su entidad gremial, las administradoras estaban financiando precisamente ese tipo de actividades.
No se trataba solo de propaganda política convencional, ya que Ciudadanos en Acción había contratado a influencers y operadores digitales que formaban parte de una red de trolls dedicada a difundir desinformación.
La fundación está liderada por Bernardo Fontaine, un economista que integró el equipo de campaña del presidente electo José Antonio Kast y bajo su dirección, la organización impulsó múltiples cruzadas: se opuso a las reformas al sistema de pensiones, lideró campañas en contra del cambio constitucional de 2020 y combatió reformas al sistema laboral y tributario.
Pero el método utilizado por la fundación resultaba particularmente preocupante. Contrataban influencers para instalar minutas en las redes sociales, pagándoles por difundir contenidos sin que se transparentara el origen del financiamiento. Uno de esos influencers era Matías Lorca, quien controlaba una cuenta en X (antes Twitter) que participaba activamente en una red de trolls, que no solo difundía desinformación, sino que también acosaba a figuras políticas opositoras a José Antonio Kast, como por ejemplo la excandidata presidencial Evelyb Matthei (UDI), quien de cara a los comicios denunció una “campaña asquerosa” en su contra.
En esa misma red de trolls operaba también un sujeto llamado Ricardo Inaiman, responsable de la cuenta «Neuroc», cuya identidad y actividades fueron expuestas por un reportaje de CHV Noticias. Otra de las cuentas involucradas era «Patito_verde», vinculada a Patricio Góngora, exdirector de Canal 13 y quien se desempeñaba como gerente de Asuntos Públicos de la Asociación de AFP justo cuando esa entidad gremial comenzó a financiar a Ciudadanos en Acción, según confirmaron a Reportea personas que han ocupado cargos directivos en la gremial.
El oficio de Macías incluía una tabla detallada en la que las AFP debían entregar información precisa: los datos de la entidad encargada de la publicidad o promoción —razón social, RUT, representante legal—, las características del material difundido y el monto invertido en esa propaganda. Esa tabla, sin embargo, no fue llenada. Nunca se entregó información alguna.
Estrategia de las AFP: negativa unificada y blindaje constitucional
Siete días después de enviado el oficio, las respuestas comenzaron a llegar. Y lo hicieron de manera coordinada, ya que tanto Cuprum, Habitat, Plan Vital, Provida y Modelo respondieron con una carta calcada de ocho páginas, cuyo contenido era idéntico, con la única diferencia del logo de cada AFP al inicio y la firma del respectivo gerente o subgerente al final del documento.
Solo AFP Modelo realizó una pequeña variación e incluyó un párrafo adicional informando del financiamiento que durante el último año había entregado a un club deportivo y a una persona particular a modo de donación, ambos por montos que no superaban la cifra de 1,5 millones de pesos. Nada más.
El argumento central de las administradoras era jurídicamente sofisticado y estratégicamente diseñado para bloquear cualquier intento de fiscalización. Sostenían que la Superintendencia de Pensiones solo está facultada legalmente para fiscalizar aquella propaganda que tenga «por finalidad informar y motivar la contratación de los servicios de administración de fondos de pensiones y de las prestaciones y beneficios» establecidos en la ley que regula a la industria, consignó Reportea.
Todo el resto de las comunicaciones, según la argumentación de las AFP, caía dentro del ámbito protegido de la libertad de expresión.
«Respecto de los actos de las Administradoras de Fondos de Pensiones que no constituyan publicidad o promoción, rige plenamente el derecho fundamental de la libertad de expresión, consagrado en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República», plantearon en su respuesta a la insitución.
Además, citaron un fallo de la Corte Suprema de 2022 que, según su interpretación, facultaba a las administradoras para «participar de la esfera pública a través de actos que no constituyen publicidad o promoción regulada». Ese fallo había sido clave para que AFP Habitat anulara una multa de 2.000 UF que le había impuesto la Superintendencia por enviar una carta a sus afiliados rechazando uno de los proyectos de retiro de fondos de pensiones tramitados en el Congreso.
Las AFP reprodujeron en su carta un razonamiento del ministro de la Suprema Jean Pierre Matus, quien había señalado que las opiniones de Habitat «no son una forma de publicidad o información que ‘induzca a interpretaciones inexactas sobre la realidad de la AFP’ o ‘acerca de los beneficios, pensiones y prestaciones que les corresponde otorgar en conformidad a la ley’, sino meras opiniones amparadas por la garantía constitucional de la libertad de expresión para cuyo control o represión carece la [Superintendencia] de facultades legales».
Bajo esta lógica, las AFP sostenían que el financiamiento entregado a la fundación Ciudadanos en Acción —a través de su organización gremial— constituía un acto legítimo de libertad de expresión. Nunca negaron haber realizado esos aportes, pero se refugiaron en la argumentación jurídica para evitar transparentarlos.
Resulta especialmente llamativo que, en los videos difundidos por la fundación —donde influencers entregan argumentos cuidadosamente elaborados para oponerse a las reformas del sistema de pensiones—, no se transparente en absoluto que se trata de contenido pagado y tamnpoco se hace mención a que dicho financiamiento proviene, en parte importante, de las propias AFP.
La ciudadanía consume esos mensajes como si fueran opiniones espontáneas de influencers independientes, cuando en realidad responden a una estrategia comunicacional financiada por la industria de las administradoras de fondos de pensiones.
La fundación Ciudadanos en Acción, por su parte, ha mantenido un silencio absoluto. No ha esclarecido el origen de su financiamiento ni ha explicado si los montos recibidos en secreto desde la Asociación de AFP se destinaron exclusivamente a campañas relacionadas con reformas previsionales o si también financiaron otras ofensivas, como la que lideraron en redes y medios de comunicación durante el plebiscito constitucional de 2020. Los representantes de la fundación no han respondido los mensajes por WhatsApp, llamadas telefónicas ni correos electrónicos enviados por Reportea para recoger sus comentarios sobre estos antecedentes.
En el directorio de la fundación, actualmente presidido por Bernardo Fontaine, han participado ejecutivos cercanos al empresario Nicolás Ibáñez, así como los propietarios de negocios como Sosafe y Predictable Media, esta última una empresa experta en campañas políticas digitales. El entramado empresarial y político que rodea a Ciudadanos en Acción sugiere que su influencia va mucho más allá de lo meramente previsional.
A pesar de todas estas evidencias, las AFP sostuvieron ante la Superintendencia que la asociación no «participa ni financia campañas políticas, electorales ni de desinformación».
.La estrategia de las AFP parece ser la de negar todo en términos generales, mientras evaden cuidadosamente cualquier referencia a los hechos concretos documentados por la investigación periodística.
Asociación de AFP también se pliega a la estrategia de opacidad
La Superintendencia de Pensiones no solo ofició a las AFP individuales. También envió un requerimiento de información a la Asociación de AFP (AAFP), luego de que un grupo de diputados del Frente Amplio solicitara fiscalizar a esa entidad a raíz de los hechos revelados en la investigación de Reportea y Vergara 240.
La respuesta de la entidad gremial fue en el mismo sentido que la entregada por las AFP individuales. señalando que la Superintendencia no tiene facultades para fiscalizar el gasto que ha efectuado en campañas de propaganda. Por ello, la organización simplemente no entregó ningún tipo de antecedente. ni explicación sobre los montos transferidos a Ciudadanos en Acción.
Eso sí, la AAFP negó participar en campañas políticas o religiosas, pero incluyó en su carta de respuesta «un acápite que parece funcionar como una justificación implícita del financiamiento entregado a las campañas de la fundación Ciudadanos en Acción»-
«La Asociación de AFP tiene por finalidad estrechar los vínculos de unión entre sus asociados y representar sus intereses comunes ante los Poderes Públicos y otras entidades, promoviendo el desarrollo y fortalecimiento del sistema de pensiones en el país. Entre sus objetivos se encuentran difundir dicho sistema, a través de la educación previsional, y colaborar con su perfeccionamiento, contribuyendo a las discusiones de política pública en lo previsional y laboral». planteó la carta firmada por su gerenta general, Constanza Bollmann y que sacó a la luz Reportea.
Sin embargo, dos personas que han ocupado cargos directivos en la AAFP confirmaron a este medio digital que Bollmann estaba plenamente al tanto del financiamiento entregado por la entidad a Ciudadanos en Acción.
La industria reforzó su postura ante la Superintendencia, argumentando que su entidad gremial tiene razones fundadas para financiar campañas como las desarrolladas por la fundación. En las respuestas enviadas por Habitat, Cuprum, Plan Vital, Modelo y Provida, se repitió textualmente —y además en negrita— el párrafo donde señalan que su organización gremial tiene entre sus objetivos difundir el actual sistema de pensiones, participando en el debate público sobre temas previsionales y laborales. La coordinación era tan evidente que resultaba imposible no advertir que se trataba de una estrategia conjunta.
¿Quién determina qué es publicidad?
El 1 de diciembre, la Superintendencia de Pensiones intentó un nuevo movimiento. Envió un oficio a las AFP insistiendo en que entregaran los antecedentes solicitados. Esta vez, el organismo basó su argumento en que necesitaba conocer esa información precisamente para poder definir si se trataba de campañas que debían fiscalizar o no.
«Si su Administradora estima que ha realizado actividades basadas en su libertad de emitir opinión, no se advierte impedimento alguno para que dichas actividades sean comunicadas a esta Superintendencia, a fin de que esta entidad fiscalizadora pueda determinar si corresponden o no a actividades de promoción o publicidad», indicó al texto.
Junto con reiterar la instrucción, la Superintendencia subió la presión sobre las administradoras: «Se reitera la instrucción (…) la que deberá cumplir en el plazo de 10 días hábiles. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que este Organismo instruya, conforme a sus atribuciones legales, la apertura de un expediente sancionatorio en su contra por incumplimiento de instrucciones».
El conflicto entonces escaló a un nuevo nivel. Ahora la disputa era sobre quién tiene la autoridad para definir si una campaña financiada por las AFP constituye «promoción» de sus servicios o, por el contrario, un ejercicio legítimo de «libre expresión». Para la Superintendencia, esa definición correspondía al regulador. «Si una comunicación constituye o no publicidad o promoción es de competencia de esta Superintendencia y forma parte de sus facultades legales», indicaron en su comunicación.
Pero las AFP no estuvieron de acuerdo. El 9 de diciembre, Provida, Habitat, Plan Vital, Cuprum y Modelo volvieron a responder juntas, con un argumento que desafiaba directamente la autoridad del regulador:
«La Superintendencia no tiene facultades para exigir a un sujeto fiscalizado que le envíe todo tipo de antecedentes, para que luego ella determine’ si ello constituye ejercicio de su libertad de expresión o bien, publicidad o promoción».
A juicio de las AFP, ellas siempre habían comunicado a la Superintendencia toda la publicidad y promoción que difundieron en medios de comunicación y otras plataformas. Al menos, eso sí, la que según su propio criterio correspondía: aquella que motiva directamente la contratación de los servicios de administración de fondos de pensiones.
«No existe ningún imperativo jurídico que obligue a las AFPs a remitir a la Superintendencia información distinta de la publicidad o promoción, incluso para que ésta ‘clasifique’ tales antecedentes», argumentaron desde las administradoras.
Sobre la base de esta interpretación, interpusieron un recurso de reposición en contra de la resolución de la Superintendencia que insistía en la entrega de información. De este modo, no solo se negaban a entregar los antecedentes, sino que además optaron por impugnar jurídicamente la facultad del regulador para solicitarlos.
En este punto, hubo una administradora que se desmarcó parcialmente de la estrategia colectiva. AFP Capital respondió por su cuenta, indicando al regulador que no había encontrado información distinta a la que ya había entregado con anterioridad. No entregó nuevos antecedentes, pero al menos no se sumó al recurso de reposición colectivo.
En la misma línea, la Asociación de AFP mantuvo su postura inflexible y en otra carta enviada a la Superintendencia el 23 de diciembre, insistió en que no existían facultades legales para fiscalizarla.
«Manifestamos que además de transgredir la esfera de sus competencias, la Superintendencia, mediante su solicitud de información, está perturbando la autonomía y funcionamiento de este cuerpo intermedio», indicaron en su comunicación empleando un tono más confrontacional,
¿La Superintendencia cedió ante el poder de las AFP?
El 29 de diciembre, la Superintendencia de Pensiones tomó una decisión que marcaría el fin del intento fiscalizador. Envió un documento de seis páginas a las AFP Habitat, Cuprum, Provida, Plan Vital y Modelo, comunicándoles que acogía parcialmente los recursos de reposición que habían presentado. El organismo dejaba sin efecto la advertencia de iniciar un proceso sancionatorio por negarse a cumplir instrucciones, reveló Reportea.
¿Qué argumentos esgrimió la Superintendencia para justificar este retroceso? Según el oficio, influyó decisivamente en esa determinación el hecho de que se habían revisado los medios de comunicación y no se habían hallado piezas publicitarias que no hubieran sido informadas previamente por las administradoras:
«Este Servicio realizó una búsqueda exhaustiva en medios de comunicación masivo, tales como, testimonios, entrevistas, columnas de opinión, videos, podcast, insertos, piezas audiovisuales, entre otros, sin encontrar pieza o mensaje que calificara como publicidad o promoción, directa o indirecta, no informada a esta Superintendencia», explicó el organismo.
El razonamiento del regulador resultaba, cuando menos, cuestionable. La investigación periodística no había revelado que las AFP estuvieran difundiendo publicidad no informada directamente en medios masivos. Lo que había revelado era un entramado mucho más complejo, ya que las AFP financiaban a través de su gremio a una fundación que, a su vez, contrataba influencers y operaba redes de trolls que difundían desinformación en redes sociales.
En concreto, se trataba de un esquema de financiamiento indirecto de propaganda política y de operaciones de guerra sucia digital, no de avisos publicitarios tradicionales en medios convencionales.
Sin embargo, la Superintendencia optó por una interpretación restrictiva de sus propias facultades y dio por cerrado el caso. En el documento, aunque defendía teóricamente sus atribuciones fiscalizadoras, terminaba por no insistir en la entrega de antecedentes sobre las campañas financiadas por las AFP para determinar si constituían o no «publicidad».
La rendición también se extendió a la solicitud de antecedentes a la Asociación de AFP. El 21 de enero, el organismo fiscalizador envió un oficio a la gremial con el mismo argumento: se revisaron los medios de comunicación y no se halló publicidad no informada. En ese documento, la Superintendencia ni siquiera mencionó las otras solicitudes específicas que se le habían realizado a la gremial: «indicar si desde la AAFP habían informado a alguna AFP sobre el uso de recursos en materia de publicidad o promoción, y si desde las administradoras les habían entregado «lineamientos» al respecto», destacó el medio citado.
Las cartas donde la Superintendencia comunicó que la fiscalización no seguía su curso omitieron completamente cualquier mención a las piezas difundidas por la fundación Ciudadanos en Acción gracias al financiamiento de las AFP. Era como si ese entramado no existiera, como si la investigación periodística nunca hubiera sido publicada.
Cuando Reportea consultó directamente a la Superintendencia sobre este punto, la respuesta fue elusiva:
«La fiscalización comprendió la revisión de contenidos difundidos en medios de acceso público que, conforme a sus características y antecedentes disponibles, pudieran eventualmente encuadrarse dentro de las hipótesis reguladas por la normativa vigente en materia de publicidad o promoción. Todo esto se realizó íntegramente al alero de las atribuciones y facultades de regulación y fiscalización que la legislación entrega a la Superintendencia de Pensiones», señaló el organismo.
En otra respuesta enviada a Reportea, la Superintendencia agregó:
«En el ejercicio de sus facultades legales, la Superintendencia de Pensiones llevó adelante un proceso de fiscalización conforme a sus procedimientos habituales, el cual incluyó tanto el requerimiento formal de antecedentes, así como también la revisión independiente de información disponible en medios de acceso público. Como resultado de dicha fiscalización, no se identificaron antecedentes constitutivos de infracción al marco normativo vigente ni piezas publicitarias que no hubiesen sido oportunamente informadas».
Los hilos sueltos que quedam por esclarecer
A pesar del cierre de la fiscalización por parte de la Superintendencia de Pensiones, los procesos iniciados luego del reportaje de Reportea y Vergara 240 no han finalizado completamente. Quedan pendientes dos pronunciamientos institucionales que podrían arrojar luz sobre aspectos aún no esclarecidos del entramado.
Uno de ellos corresponde al Servicio de Impuestos Internos (SII). Los diputados, liderados por el parlamentario Gonzalo Winter que solicitaron a la Superintendencia fiscalizar el vínculo de la Asociación de AFP con la fundación Ciudadanos en Acción, incluyeron entre sus requerimientos que se informara si las transferencias de recursos de la AAFP a la fundación se realizaron en el marco de la ley de donaciones con beneficios tributarios.
Es decir, si las AFP obtuvieron beneficios impositivos por financiar operaciones políticas y de desinformación encubiertas.
Debido a esa solicitud, el 20 de noviembre la Superintendencia de Pensiones derivó la consulta al
Servicio de Impuestos Internos (SII), pero hatsa el momento se desconoce si el organismo tributario está investigando el caso y, de ser así, en qué etapa se encuentra el proceso.
El otro frente abierto está en el Ministerio de Economía. El pasado 4 de febrero, la División de Asociatividad y Cooperativas —encargada de fiscalizar a las asociaciones gremiales— envió un oficio a la Asociación de AFP en el que solicitó que explique cuáles son sus vínculo con Ciudadanos en Acción. El plazo para que ofrezca alguna respuesta dicho requerimiento se vece mediados de este mes de marzo.
La entrada Trama trolls–desinformación: AFP evitan transparentar platas ante la Super de Pensiones y usan la “libertad de expresión” como excusa se publicó primero en El Ciudadano.
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