SEÑOR DIRECTOR:
En reciente carta de José Ruiz, ex jefe de gabinete de la Subsecretaría de Prevención del Delito, del gobierno anterior, defiende la modificación que introduce el proyecto de Ley de Reconstrucción a la Ley N°21.659 sobre Seguridad Privada, al argumentar que la norma acerca a Chile a lo que ocurre en Argentina, Portugal y Francia. Desde la industria del transporte de valores discrepamos y creemos que es necesario precisar lo que esa comparación omite.
La analogía con esos tres países es engañosa, porque si bien flexibilizaron las exigencias operativas para el traslado de moneda metálica, sigue reservado a empresas de transporte de valores o de seguridad debidamente habilitadas. La flexibilización opera dentro del régimen de seguridad, no fuera de él.
Lo que propone esta modificación es cualitativamente distinto, pues faculta a la Subsecretaría de Prevención del Delito para permitir que el traslado de monedas sea a través de empresas de transporte convencional: operadores logísticos que no cuentan con personal calificado ni protocolos de seguridad que la ley exige para toda operación de custodia y traslado de valores. Invocar la experiencia comparada para justificar esta norma equivale a citar la regla y aplicar la excepción.
Permitir que empresas de transporte convencional trasladen monedas expone a los trabajadores a riesgos para los cuales no están preparados, y crea una brecha de seguridad que la delincuencia podría explotar.
Flexibilizar no es desregular. Confiamos en que el debate legislativo incorpore esta distinción antes de aprobar una norma que, lejos de acercar a Chile a los estándares internacionales, lo aleja de ellos.
Jorge Valenzuela Opazo
Director Legal y Cumplimiento de Prosegur Chile
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